Palermo, Gómez y Adaro, jueces de la SCJ.
Dos fallos de la Corte local reflotaron la furia del gobernador Alfredo Cornejo con la Suprema Corte de Justicia. Enfocado en el ministro Omar Palermo, de quien sospecha liderazgo e iniciativa sobre el resto de sus pares, Cornejo envió a sus principales alfiles políticos a denunciar un pacto entre el gobierno del Poder Judicial y el Partido Justicialista.
La molestia inicial se produjo el jueves pasado cuando el Jury de enjuiciamiento al fiscal Fabricio Sidotti, impulsado por el Ejecutivo, decidió suspender el procedimiento y enviar las actuaciones al Procurador General Alejandro Gullé, quien desde ese día contará con 60 jornadas hábiles para continuar las investigaciones.
El fastidio se transformó en tirria cuando al día siguiente se conoció el fallo de la Sala 2 de la Suprema Corte que dejó en libertad al ex intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado, tras el pago de una fianza de un millón de pesos.
Ambas medidas fueron interpretadas por el gobierno de Cornejo como parte de un pacto entre la Suprema Corte y el Partido Justicialista. No es nueva la impresión que tiene el gobernador acerca del liderazgo que ostenta Omar Palermo, quien con anuencia y acompañamiento de sus pares, resiste la embestida del Ejecutivo sobre la Justicia provincial.
Tan consolidada es esta lectura que, aprovechando la adversa coyuntura que impregna a nuestra provincia por la lamentable ola de femicidios y que atravesó el rechazo producido por la designación de José Valerio en la Corte, Cornejo ordenó a funcionarios de su riñón denunciar el presunto acuerdo.
El jueves, en medio de su discurso en un almuerzo organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, expresó que “la conducta de la Suprema Corte es preocupante, ya que en todos los Jury los miembros de la Corte han salvado a todos los funcionarios judiciales que han pasado por este proceso, ninguno ha sido sancionado, ya que la Corte los rechaza a todos, creo que deberían revisar esta posición”.
Inmediatamente llegó la respuesta de la Corte local en referencia a la suspensión del Jury: “esto no implica la finalización de la investigación que se está llevando adelante para establecer las responsabilidades del Dr. Sidotti en el caso de público conocimiento”, remarcando que “la decisión tomada no significa el archivo de la causa”.
El viernes, la Sala 2 de la Suprema Corte, conformada por Omar Palermo, Julio Gómez y Jorge Nanclares, revocó la prisión preventiva de Salgado. Entre los fundamentos, explicitó que el delito de asociación ilícita que se le endilga al ex intendente no está “ni mínimamente probado” y se insinúa como forzada la actuación del fiscal Santiago Garay. Señala el fallo: “el Sr. Fiscal de Instrucción sale a la ‘caza’ de una calificación legal que justifique el encarcelamiento preventivo del acusado y luego fundamenta el pedido de prisión preventiva sobre la base de esa calificación legal que ha sido seleccionada de antemano con esa finalidad”.
Los encontronazos entre Salgado y Cornejo son de vieja data. De hecho, fue uno de los pocos dirigentes del justicialismo que apuró al actual gobernador en tiempos de campaña, al insinuar un manejo poco claro de sus fondos. “Habría que hacer muchas preguntas, como por qué en Godoy Cruz hay tanta droga o quién contrata los camiones. Todos sabemos cuál es la respuesta y nadie se lo pregunta”, fue una de las frases picantes de Salgado.
A principios de abril, desde la cárcel y ya con Cornejo al mando del Ejecutivo, Sergio Salgado manifestó su contrariedad a las maniobras de articulación entre Cornejo y la Justicia provincial: “Todo tiene un límite. Más de ocho años de soportar difamaciones, denuncias, persecución, y ahora acusado por la complicidad de un fiscal y del gobierno provincial, tomando esto como una dictadura en potencia, faltando solo el fusil, el Falcon verde y los decretos ley”, decía un fragmento de su renuncia a la intendencia de Santa Rosa.
En este sentido, el fallo de la Corte, en el que se explicita la visión jurídica sobre las prisiones preventivas que desde hace un tiempo hace valer, expresa un principio republicano, al afirmar que “el criterio jurídico y los mecanismos procesales utilizados, en los hechos, privaron al pueblo de Santa Rosa de enjuiciar y, en su caso, destituir a través de sus representantes en el Honorable Consejo Deliberante, al intendente que el mismo pueblo había elegido democráticamente”.
Republicanismo que el actual gobernador pregonó durante toda su campaña y hoy parece haber depositado en el baúl de los trastos. Valga recordar su acting -del año pasado en Godoy Cruz- con el arbolito de Nisman, acompañado por Gullé y el ex diputado por la UCR José Valerio.
Pero más allá de la influencia o no que pueda tener Salgado en las inminentes elecciones de Santa Rosa, lo cierto es que un ejemplar hábeas corpus en favor de los internos de los penales de San Felipe y Almafuerte y estas dos actuaciones de la Corte han provocado la ira de Cornejo, que obsesionado por el control total, no termina de asumir su rol institucional como jefe del Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza.
