Las fumigaciones aéreas para el combate de la polilla de la vid siguen cosechando rechazos. En la Legislatura provincial, organizaciones sociales y campesinas denunciaron que el operativo sanitario del Iscamen es ilegal y de dudosa eficacia.

Fotos: Lucky Viard

Desde el 23 de octubre pasado, el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) realiza un “servicio de tratamientos aéreos para el control de la polilla de la vid”. La campaña se lleva a cabo sobre 115.000 hectáreas, que comprenden más de 10.500 propiedades de toda la provincia.

Según informó el Ministerio de Economía, desde los aviones se aplica sobre los cultivos los bioinsecticidas denominados Bacillus thuringiensis y Chlorantraniliprole, los cuales “son amigables con el ambiente y responden a la categoría toxicológica más baja: clase 4 (Banda Verde)”.

Sin embargo, esta modalidad de campaña para controlar la Lobesia botrana recibió rápidamente el rechazo de productores y pobladores rurales, a punto tal que el Concejo Deliberante de San Carlos sancionó una ordenanza prohibiendo las fumigaciones aéreas en ese departamento, y los poderes legislativo y ejecutivo de Maipú suspendieron las aplicaciones hasta que se realicen estudios de impacto ambiental o exista un consenso técnico.

En esa línea de resistencia, durante la mañana de ayer, la Asamblea popular por el agua y la Asamblea por la soberanía alimentaria confluyeron en la Casa de las leyes para insistir con la oposición a las pulverizaciones del avión amarillo.

En medio de la manifestación pública, el ingeniero agrónomo Juan Burba y la abogada Julieta Lavarello explicaron a EL OTRO las razones técnicas del rechazo

¿Cuáles son los argumentos que ustedes esgrimen para oponerse a las fumigaciones aéreas?

Juan Burba: Las fumigaciones aéreas tienen dos grandes esferas que nosotros cuestionamos. Por un lado, no están hechos los estudios de impacto ambiental que nos permitan saber si es o no perjudicial para la población, en principio, y para animales como las abejas o fauna benéfica. Por el principio precautorio que marca la Ley de ambiente, las pulverizaciones no deberían aplicarse.

En un segundo término, lo que cuestionan muchos profesionales del área es que no es efectiva esta pulverización, o al menos no está probado que lo sea. Por ejemplo, en Chile, que es de donde entró la polilla de la vid, se desaconseja la utilización de pulverización aérea. El mismo producto, que podemos discutir o no si es banda verde, solo se utiliza para aplicaciones terrestres, con buenos resultados.

Juan Burba.

Para nosotros hay que volver sobre lo que marcan la ley y la emergencia fitosanitaria, y utilizar el mismo producto en el cultivo y no en forma aérea, junto con otros métodos que son más amigables con el medio ambiente, no generan contaminación y son efectivos.

Se señala que es un producto banda verde inscripto por Senasa. ¿Pero quién dice eso, quién lo aprobó? Lo dice DuPont, que es la empresa que lo fabrica, alguien que te lo quiere vender. Nosotros lo comparamos rápidamente con un producto que es el glifosato, un herbicida muy utilizado, que es banda verde pero que está demostrado, en casi seiscientos estudios científicos, que produce cáncer.

¿Por qué serían ilegales las fumigaciones?

Julieta Lavarello: Para decidir cualquier operativo del Iscamen, primero que nada, debe haber una resolución de ese organismo, esta resolución tiene que estar de acuerdo con un decreto del Poder Ejecutivo provincial y este decreto, a su vez, tiene que prever el cumplimiento de las leyes de protección socioambiental.

En concreto, en la provincia de Mendoza se deben respetar las leyes 5.961, Ley general del ambiente, y la 8.051, Ley de ordenamiento territorial y, además, la ley nacional 25.675 de Presupuestos mínimos de protección ambiental.

Julieta Lavarello.

Todas estas normas parece que no existen. No hubo resolución del Iscamen, el decreto de la provincia de Mendoza se publicó el día 27 de octubre, cuando el operativo había empezado el 23, y se lo hizo después de que el gobierno de la provincia fuera notificado de una acción de amparo judicial. Además ese decreto tendría que haber contemplado la declaración de impacto ambiental y la realización de las audiencias públicas que prevén las leyes antes mencionadas.

Por ende, toda la organización del operativo no tiene normas de base y no se está garantizando la protección de un derecho humano básico, contemplado en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que es el derecho a un ambiente sano.

Gabriela Fernández y Nahuel Jofré acompañaron el reclamo.

La doctora Lavarello es una de los cuatro ciudadanos mendocinos que ya presentaron amparos judiciales -además de la ONG ambientalista Oikos- para frenar la aplicación de los agroquímicos por vía aérea. La abogada, junto a otros manifestantes, fue recibida en la Legislatura por el diputado Héctor Fressina y el senador Víctor da Vila.

Los legisladores del Frente de Izquierda solicitaron información para interiorizarse sobre los aspectos agronómicos y jurídicos, y las investigaciones que están realizando desde este sector autoconvocado. Además, desde el FIT se comprometieron a tomar cartas en el asunto, pedir los informes correspondientes al Ejecutivo y desarrollar un proyecto para legislar las cuestionadas fumigaciones.

 


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