Referentes de diversas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, junto a funcionarios judiciales, se reunieron para “refundar” el colectivo Justicia Legítima. Con participación de dirigentes de Córdoba y Chaco, la organización a nivel local propuso establecer puentes de diálogo y participación entre la comunidad y el Poder Judicial.
Fotos: Coco Yañez
El sábado pasado, más de cuarenta personas se congregaron en la Fundación Ecuménica de Cuyo, ubicada en la Ciudad de Mendoza, para discutir las bases del “relanzamiento” de Justicia Legítima.
La reunión contó con la presencia de dirigentes de las provincias de Córdoba y Chaco, quienes compartieron sus experiencias y apoyaron el proceso de organización mendocino. La profunda degradación de la administración de justicia, la dependencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo, y las razias contra adolescentes, jóvenes y organizaciones sociales y sindicales, fueron los temas que ocuparon parte importante del diálogo entre las y los referentes sociales, políticos y de organismos defensores de derechos humanos que participaron del encuentro.
Justicia Legítima es una organización no gubernamental que nació a fines de 2012 como “una respuesta frente a un fuerte reclamo de la ciudadanía, que veía en la administración de justicia una estructura corporativa, alejada de la gente, elitista y privilegiada”. Durante ese año la agrupación comenzó sus actividades en Mendoza. Sin embargo, “hubo un repliegue producto del ataque que varios miembros de la organización recibieron de parte del gobierno”, según explicó el exjuez Horacio Báez en diálogo con EL OTRO.
El doctor Báez, abogado especialista en Derecho Penal y dirigente de Justicia Legítima en Mendoza, resaltó que tanto el presidente Macri como el gobernador Cornejo han insistido desde el comienzo de sus gestiones en estigmatizar a los fiscales y jueces que no se han subordinado al poder de turno, llegando al punto de amenazarlos con represalias penales, civiles y políticas. Para Báez, esto disminuyó notablemente la participación de magistrados en Justicia Legítima hasta tornar a la agrupación en un pequeño reducto con escasa incidencia.
El dato que sumó optimismo en la última semana es que, de acuerdo a la nutrida composición de la reunión del sábado, la mayoría de las y los nuevos participantes no provienen del Poder Judicial sino de la sociedad civil. Situación que fue ponderada por Baéz, porque “la Justicia no es solo un asunto de los tribunales”.
“Es necesario comunicar al interior del Poder Judicial con la sociedad”, subrayó el exjuez como una de las síntesis de esta primera reunión después de mucho tiempo sin actividad. “Las organizaciones políticas y sociales suelen estar en conflicto con la administración de justicia y es por eso que se necesita asesoría y acompañamiento jurídico de los poderes judiciales y, a la vez, que éstos reciban consejos políticos y sociales de la comunidad. Tiene que haber una complementación”, reforzó el letrado.
La democratización de los poderes judiciales fue trazada como objetivo político central, a largo plazo, de Justicia Legítima. “Tenemos que empezar a reaccionar, a partir de la comunicación con la sociedad, para explicar nuestras críticas hacia las medidas judiciales autoritarias, antigarantistas y anticonstitucionales”, expresó Baéz.
Bajo el rótulo de “jueces y fiscales ‘K’”, los medios de comunicación oficialistas señalan a aquellos que se apartan de la respuesta punitivista como herramienta principal –o única- para abordar presuntos delitos y protestas sociales. “Garantistas” es también la calificación que reciben los magistrados que en sus fallos aplican principios elementales del Estado de derecho, como la excepcionalidad de la prisión preventiva cuando no media una sentencia definitiva.
“Desde los medios y el gobierno se marca a funcionarios judiciales con el sello de ‘garantistas’ para demonizarlos”, criticó Báez, “como si esa calificación supusiera en sí misma un mal desempeño de las funciones jurisdiccionales”.
Para ejemplificar la violación de derechos básicos y la presión que sufren constantemente los jueces y fiscales de parte del oficialismo, el abogado hizo referencia a situaciones en las que funcionarios de la Justicia quedan expuestos a juicios políticos por disponer la libertad de un imputado, cuando lo marca la ley. “Se ha estigmatizado muchísimo aplicar garantías, se lo considera una mala palabra y apenas un juez produce un acto democrático, no autoritario, de libertad, recibe represalias. El caso más terrible fue el del gobernador Alfredo Cornejo calificando como ‘cobardes’ a los jueces que dejaron en libertad a Nélida Rojas, su familia y otros miembros de la organización Túpac Amaru. Además, el gobernador ‘acusó’ a los jueces de pertenecer a Justicia Legítima, cosa que es absolutamente discriminatoria y falsa”.
A nadie escapa el carácter corporativo de la Justicia en la Argentina, su corrupción estructural, la utilización partidaria y empresarial de procesos judiciales, la burocratización aristocrática del estamento más conservador del Estado y la ineficiencia palmaria de éste.
Desde Justicia Legítima proponen estar más cerca de la gente para abrir un amplio debate que permita “un modelo de Poder Judicial acorde y consecuente con una democracia consolidada”.
