La docente Silvia Cornejo, funcionaria de la DGE y hermana del gobernador, cobra desde hace casi un año el ítem aula, a pesar de no trabajar frente a alumnos. Otro caso emblemático de favoritismo familiar e impunidad en el gobierno de Mendoza.

Foto: DGE
La funcionaria en un acto oficial de entrega de libros.

En un claro acto de nepotismo, tan frecuente en el gobierno provincial, la maestra Silvia Cristina Cornejo fue designada, sin mediar concurso alguno, en el cargo de Delegada de la Regional Valle de Uco de la Dirección General de Escuelas (DGE). La decisión política fue tomada por el propio gobernador y plasmada en una resolución -fechada en enero de 2016- que lleva la firma de Jaime Correas, pero que no fue publicada en el Boletín Oficial.

Pero eso no es todo, desde hace casi un año la funcionaria cobra indebidamente el polémico ítem aula. De acuerdo con los registros de la DGE, a los cuáles pudo acceder EL OTRO, la hermana de Cornejo percibió el último diciembre un sueldo bruto de $ 33.932,36, que incluyó asignación de clase, estado docente, bonificación por zona, antigüedad, adicional por directivo, incentivo docente, presentismo e ítem aula.

Copia de la acreditación de haberes de Silvia Cornejo donde constan sus haberes del mes de diciembre de 2016. Entre ellos: $2.281,90 en concepto de “ítem aula”.

Un “incentivo”

Mediante el decreto 228/16, de marzo del año pasado, el gobernador de Mendoza impuso el ítem aula, una medida que fue rechazada por la gran mayoría de los trabajadores de la educación. El controvertido adicional, en la perspectiva del ejecutivo, representaría una especie de “incentivo” destinado a las maestras y profesores que están frente a alumnos.

Según  el discurso oficial, el decreto firmado por Cornejo -y ratificado por la legislatura provincial- buscó excluir del cobro del ítem aula a quienes no participen todos los días en el “hecho educativo”. Es por eso que, por ejemplo, dirigentes sindicales con licencia gremial, docentes con misiones especiales por fuera del sistema educativo y trabajadores de la educación con reservas de puesto por cargos de mayor jerarquía o con licencias por funciones políticas, quedaron fuera de la percepción de ese “premio”.

Foto de archivo: Coco Yañez
Los sindicatos de la educación consideran al ítem aula como una medida extorsiva y de ajuste.

Casos puntuales como el de la hermana del gobernador representarían una suerte de “excepción a la regla”, o un privilegio de hecho por condición de parentesco, lejos de la igualdad ante la ley que debería primar.

Desde enero de 2016, Silvia Cornejo cumple una función eminentemente política fuera del organigrama vertical de la DGE. Jaime Correas la puso en funciones en la delegación con sede en Tunuyán para “bajar” la política educativa al territorio valletano y la eximió, a partir de entonces, de asistir regularmente a la escuela Gabriela Mistral donde era directora.

Obviamente, durante todo este período la funcionaria dejó de trabajar frente a alumnos abandonando entonces su participación diaria en “el hecho educativo”. No obstante, contradiciendo el espíritu del decreto de su hermano, percibió –y aún cobra- todos los meses un sueldo como “directora libre de primaria común” (tal como consta en su liquidación), incluyendo entre sus haberes la acreditación de los adicionales por presentismo e ítem aula.

¿Por qué lo sigue cobrando? Es una pregunta que todavía no encuentra una respuesta razonable por parte del gobierno.