La Directora de Educación Privada de la DGE, Beatriz Della Savia, avaló institucionalmente dos medidas arbitrarias en favor de los colegios privados y en perjuicio de los derechos del niño y los docentes. ¿Conflicto de intereses?

El martes pasado el Senado provincial -por iniciativa del legislador Gustavo Arenas- aprobó por unanimidad citar a la Dirección General de Escuelas (DGE), para que dé explicaciones sobre un caso de discriminación y desprotección infantil en el Colegio Nuestra Señora de la Merced.

Carina Pérez denunció recientemente que las autoridades de esa escuela le negaron a su hijo la inscripción para el año que viene. La propia madre difundió por las redes sociales una carta documento, fechada el 24 de octubre de 2016 y firmada por el representante legal Ariel Tucci, mediante la cual se le notificó que el menor no disponía de vacante para el Ciclo 2017.

Detalle de la Carta Documento recibida por la madre.
Detalle de la Carta Documento recibida por la madre.

Pérez también explicó las razones que argumentaron los directivos para negarle a un niño de 8 años el derecho humano esencial a la educación. De acuerdo con el relato de la madre, el alumno fue excluido por la disminución de su rendimiento escolar, derivado del estrés postraumático que le ocasionó el asesinato de su padre en enero de este año.

Pero esto no fue lo más indignante. La arbitraria y repudiable decisión de la escuela de gestión privada (subsidiada con dineros públicos), fue justificada además por una funcionaria del Estado. Beatriz Della Savia, Directora de Educación Privada de la DGE, declaró públicamente que el Colegio Nuestra Señora de la Merced agotó todas las instancias y que no tuvo más remedio que apartar al niño de su colegio. Y en lugar de cuestionar a la institución criticó a la mamá por “mediatizar el tema” y “seguir vulnerando al niño”.

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Foto: Prensa DGE.

En la perspectiva de la responsable política del área que debe controlar a los colegios, éstos –en tanto empresas privadas reguladas por el mercado- pueden disponer libremente de la facultad de admisión y permanencia de los niños, aún cuando sus derechos se encuentren seriamente comprometidos.

Y te solté la rienda…

No es la única vez que la funcionaria Della Savia, en lugar de proteger a los ciudadanos, decide anteponer los intereses de empresas educativas. Los docentes privados también han sido objeto de trato discriminatorio por medidas adoptadas por esta directora de la DGE.

El 18 de octubre pasado el gobierno escolar resolvió realizar, en coincidencia con el primer día de aplicación del polémico operativo de evaluación Aprender 2016, una jornada de Autoevaluación Institucional Docente. Por decisión del Director General de Escuelas, Jaime Correas, se suspendieron las clases en todos los establecimientos educativos de la provincia.

Sin embargo, la Directora de Educación Privada optó por contradecir a su superior jerárquico. A través de la Circular Nº 40/2016 de fecha 14 de octubre, la Dra. Beatriz Della Savia comunicó “a todas las Instituciones de Enseñanza Pública de Gestión Privada, que tienen libertad para definir según sus posibilidades de organización institucional en todos sus niveles de enseñanza, la realización de la Jornada de Evaluación Institucional prevista para el día 18/10/2016 fuera del horario de clase, a efectos de no suspender la prestación del servicio educativo”.

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Dos lados tiene el mostrador

Esta “libertad” para las privadas -otorgada por Della Savia-, representó en los hechos una carta blanca para que los colegios eludan el pago de trabajos realizados por sus docentes. Es frecuente que, cuando las jornadas se realizan a contra turno, la patronal no reconozca estas horas extras como trabajo remunerado, sino más bien como parte de difusas y amplias responsabilidades de cumplimiento gratuito. El aval plasmado en la Circular N° 40, aparece entonces como un precedente institucional peligroso que inclina la balanza en detrimento de las/los docentes.

Della Savia junto al arzobispo de Mendoza Carlos María Franzini.
Della Savia junto al arzobispo de Mendoza Carlos María Franzini. Foto de archivo: Prensa DGE

Antes de ocupar su actual cargo en la DGE, la abogada Della Savia fue representante legal del colegio Valentín Bonetti. Aunque ese antecedente no invalida legalmente a la funcionaria para ejercer la regulación y el control estatal de las escuelas privadas, algunas de sus últimas decisiones ponen en tela de juicio los derechos e intereses que pretende defender.

El Senado y los ciudadanos de Mendoza aguardan explicaciones.