Este interrogante es el eje del reciente libro “El delito de la desaparición forzada en Argentina entre 1973 y 1983″ de Pablo Salinas y Viviana Beigel, ambos abogados defensores de Derechos Humanos y querellantes en causas por delitos de Lesa Humanidad en la provincia de Mendoza.

Fotos: Coco Yañez

Beigel, Salinas y el fiscal Dante Vega en uno de los juicios por delitos de lesa humanidad.

El libro está siendo presentado en diversos puntos de la Argentina y fue editado por la Universidad Nacional de Quilmes. Esta Institución cuenta con una colección de Derechos Humanos que está dirigida por el Dr. Baltazar Garzón (autor del prólogo) y María Sonderéguer, especialista en violencia de género durante la dictadura cívico militar.

EL OTRO dialogó con uno de sus autores quien nos comentó sobre la importancia que radica en la investigación y análisis de este tipo de delitos. El Dr. Salinas manifestó que se trata de una visión nacional y latinoamericana acerca del fenómeno de desaparición forzada. Para el especialista, en el plan criminal del terrorismo de Estado, la tortura y la desaparición forzada fueron las herramientas de las dictaduras latinoamericanas, dentro del Plan Cóndor. “Hicimos un desarrollo histórico del fenómeno de la desaparición forzada y su uso como crímenes contra la humanidad y crímenes políticos desde el ‘Decreto de noche y niebla’ de Hitler hasta la actualidad”, expresó el abogado.

El delito de desaparición forzada hoy está regulado en el Código Procesal Penal y, además, se encuentra contemplado en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desapariciones Forzadas. En este caso, la investigación de Beigel y Salinas se focaliza en la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal penal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y las características otorgadas en las jurisprudencias en los casos de Luis Alfredo Almonacid Arellano (profesor de enseñanza básica y militante del Partido Comunista, ejecutado por Carabineros de Chile en 1973), Chumbipuma Aguirre (víctima de la Masacre de Barrios Altos de Perú en 1991) y la primera sentencia de la CIDH ante el caso de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez (estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quien fue detenido y desaparecido por el Estado en 1981), entre otros.

Por otro lado, en el libro se podrá encontrar un análisis de diversos procesos judiciales de Mendoza, en los cuales ambos abogados actuaron como querellantes. También en los que intervinieron en calidad de observadores participantes, como los casos de los matrimonios de Carlos Espeche (médico y militante desaparecido en Tucumán, sus restos fueron hallados en esa provincia en 2014) y Mercedes Vega (médica y militante desaparecida); Adriana Campos (estudiante de medicina, detenida y desaparecida) y Antonio Alcaráz (empleado farmacéutico, trabajó en una imprenta de la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza y fue delegado gremial) y Gladys Castro y Walter Domínguez (ambos militantes del Partido Comunista Marxista Leninista, se encuentran desaparecidos y cuya hija apropiada por la dictadura, Claudia Domínguez Castro, recuperó su identidad en 2015).

Claudia Domínguez Castro.

Salinas precisó, además, que queda registrada en la publicación “la necesaria participación no solo de los grupos de tareas de la dictadura sino también de la patota judicial. Es decir, la justicia como cómplice civil permitía que estos secuestros y asesinatos quedaran impunes y autoridades judiciales les negaron a las familias sumidas en la incertidumbre tener a las personas detenidas en su poder”. Situación que fue comprobada en el Megajuicio de Mendoza donde el Tribunal Oral Federal Nº 1 condenó a perpetua a los ex jueces Otilio Roque Romano, Guillermo Max Petra Recabarren, Luis Francisco Miret y Rolando Evaristo Carrizo, por su participación en el plan genocida.

Miret y Petra Recabarren.

 


 

Foto: Gentileza UNQ

El libro se puede adquirir en la web de la Universidad de Quilmes y tiene un costo de $250.

 

Sumate a la Comunidad