Vecinos de Guaymallén reclaman a la Municipalidad la escrituración de un terreno que fue donado en 2013. Tras largas promesas incumplidas, más de 360 familias sin vivienda propia temen que sus lotes sean usurpados.

Fotos: Coco Yañez

Hartos de no ser escuchados, vecinos de la localidad El Bermejo de Guaymallén cortaron el viernes pasado la calle Mathus Hoyos para reclamar al intendente Marcelino Iglesias que firme la escritura de un predio, cedido por el Hospital El Sauce a la comuna, destinado a la construcción de un barrio.

“Hemos conseguido la donación de un terreno de 14 hectáreas del hospital El Sauce en el 2013, y estamos en 2017 y todavía no se ha podido escriturar, porque lo tiene que hacer el municipio y hasta el momento no lo ha hecho”, explicó a EL OTRO Marta Altamirano, referente de la Unión Vecinal Amigos de Guaymallén, una de las cuatro organizaciones a las que pertenece este grupo de guaymallinos.

La premura por una solución no solo se debe a la necesidad de una vivienda digna, sino también al riesgo de que los lotes baldíos sean ocupados por terceras personas de mala fe u otros vecinos estafados por inescrupulosos. “Hoy día decidimos reunirnos justamente en el terreno porque estamos con riesgo de que lo usurpen. Hay unos señores que han falsificado documentación, hay escrituras falsas. Nosotros, los socios que vivimos alrededor, vemos cómo permanentemente vienen, miden, se meten al terreno, y desde el municipio no hacen nada”, se quejó Altamirano.

En este contexto de emergencia social, riesgo de ocupación del predio y el probable conflicto entre vecinos con iguales necesidades de un techo, la demorada escrituración por parte de la Municipalidad entorpece aún más las cosas. “La escritura es importante para que nosotros podamos cerrar y que el resto de la gente vea que esto no está desolado. Puede pasar que personas que vengan de otros lados, que como nosotros no tienen donde vivir, vengan e instalen su casita y una vez que esto pase va a ser muy difícil sacar a esas personas, porque van a estar en la misma situación que nosotros”, argumentó una de las vecinas ante este medio, al tiempo que enfatizó que no espera recibir ninguna dádiva del gobierno: “Queremos respuestas, somos familias que tenemos muchos chicos, queremos nuestras casas, no queremos nada gratis, queremos pagar”.

 

Como siempre ocurre en estos casos, son mujeres las que lideran los reclamos y las que ponen una y mil veces la cara y el cuerpo para garantizar a sus familias derechos esenciales. Silvia Benicio fue una de las tantas que salió a cortar la calle el viernes, durante casi dos horas, y anticipó que, si no hay una respuesta del gobierno departamental, se instalará en el predio. “Yo ya soy una señora grande, yo ya no puedo seguir pagando un alquiler, entonces qué voy hacer. Yo voy a venir a marcar mi lote, y me voy a traer lo que tenga, porque los políticos no nos ayudan, mienten, roban para ellos. Basta de robar, porque no nos dan lo que nos pertenece a nosotras, si nosotras queremos pagar nuestra cuota, no queremos nada regalado, y queremos criar a nuestros hijos decentemente”, expresó Silvia.

La necesidad, cuando no la desesperación, de las manifestantes desnuda la crisis habitacional de la provincia de Mendoza, arrastrada durante años, y que castiga a los sectores más postergados. “Nosotros nos sacrificamos para pagar ni que sea una pieza en lugares donde están ocho o diez personas: mamá, papá, hijos, nietos, sobrinos. Vivimos todos ahí y hacemos las cosas legalmente, salimos a trabajar todos los días, somos mujeres que lavamos, que planchamos, que limpiamos, que trabajamos”, describió una de las madres, quien además graficó, en primera persona, las consecuencias de la falta de una política de vivienda: “Ya no podemos más, yo tenía niños chicos, y ahora tengo nietos a cargo. Porque lamentablemente la situación te lleva a que vivimos todos juntos, a que los hijos no se puedan ir a formar una familia por otro lado”.

 

Una vecina muestra un cartel que utiliza un usurpador para ofrecer la preventa de terrenos.

Según el relato de los manifestantes, pagan entre $4000 y $7000 de alquiler mensual por viviendas pequeñas, sin servicios básicos, donde además comparten espacios con otras familias. “Si yo tengo que pagar $7000 y ese ladrillo va a ser mío, lo hago. Tenemos que estar pintando y arreglando cañerías de casas que no son nuestras, y pagar alquileres altísimos a quienes se aprovechan de nuestras necesidades de viviendas. No nos podemos quejar, porque la demanda es tan alta que hay diez detrás de nosotros”, expresó con desazón una de las mujeres.

A principios de 2017, Carlos Scaglia, director de Vivienda de Guaymallén asumió que la escrituración del terreno en conflicto era prioridad para el municipio. Sin embargo, pasó el tiempo y los vecinos no recibieron ninguna respuesta. Es por eso que el 10 de agosto se presentaron en la Municipalidad para pedir audiencia con el intendente Marcelino Iglesias. El cacique radical no los recibió, aunque Scaglia les pidió a los vecinos un nuevo plazo de 45 días para arribar a una solución definitiva. Para no dejar dudas, plasmó la nueva promesa en un acta con su firma.

Pasó largamente el término fijado por el funcionario, la escritura sigue sin formalizarse, cientos de familias conservan largas esperanzas de una vivienda propia, y los riesgos de usurpaciones y eventuales peleas “de pobres contra pobres” permanecen latentes.

 


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