Se las conoce como Mamás PEC. Son trabajadoras del Programa de Educación Comunitaria de Guaymallén. Veintiuna mujeres que, durante tres horas y media por día, trabajan en jardines maternales por un sueldo de $2.000 mensuales. Reclaman que el intendente Marcelino Iglesias cumpla con una ordenanza que obliga a formalizarlas.

Foto: Coco Yañez

 

María, Viviana, Yanina, Andrea y Maricel, sentadas alrededor de una mesa, comentan su dolor. No están enfermas, pero mes a mes ven mellada su dignidad porque su empleador, el Municipio de Guaymallén, no les reconoce los derechos básicos que como trabajadoras poseen.

“Estamos en negro como Mamás PEC desde hace diez años, más o menos”

Son madres de niños y niñas de Guyamallén que participan activamente del Programa de Educación Comunitaria. En el municipio se las conoce como Mamás PEC. En rigor, son trabajadoras. Como ellas mismas lo explican, asisten a las comunidades educativas de los jardines maternales de manera integral: “si hay que limpiar, limpiamos, pero si además tenemos que cuidar a los chicos o atenderlos en cualquier aspecto, lo hacemos con mucho amor”.

Esta veintena de mujeres trabajan cuidando a los alumnos de los jardines desde finales del siglo pasado. Sus vinculaciones laborales con el Estado son irregulares, aunque varias de sus compañeras ya han sido formalizadas. Es por eso que reclaman, además de trabajo formal, igualdad ante la ley.

Foto: Coco Yañez

Los llantos acuden al reportaje en varias oportunidades. Las mujeres están cansadas de tener que seguir “el expediente” todos los meses, para intentar obtener el humillante salario que, en algunos casos no cubre el precio de la factura de la luz.

“La única razón por la que seguimos trabajando en estas condiciones es la sonrisa de los chicos”.

El hijo de Maricel tiene problemas de salud. Su vista requiere medicamentos que suman $1.000, la mitad del sueldo de una madre que, de forma digna, realiza además todas las changas posibles para sacar adelante a su familia.

Este es solo un caso en el universo de las veintiuna familias que, confiando en el valor del trabajo, sacan fuerzas de donde no hay, pese a que el municipio las ignora y no reconoce los derechos que como trabajadoras tienen.

$2.000 en concepto de “pago mamá PEC”, dice el recibo municipal.

La ignorancia de Pérez Ardito

En diciembre de 2016 la ordenanza que aprobó el Presupuesto 2017, incorporó las partidas que permiten la inclusión de las trabajadoras del programa educativo como personal de planta permanente del Municipio. La norma, aprobada por el Concejo Deliberante, establece que los cargos deben ser regularizados a partir del 1 de enero de 2017.

Sin embargo, cuando está próximo a concluir el primer semestre, el intendente Marcelino Iglesias persiste en el incumplimiento de la ordenanza de los legisladores de su departamento. Lejos de su discurso de cambio, su conducta se emparenta con la de anteriores mandatarios, quienes mantuvieron durante años a las trabajadoras en condiciones de precariedad laboral.

Alfredo Cornejo y Marcelino Iglesias. Foto: Unidiversidad

La mora institucional de parte del Ejecutivo, y la frustración que esto genera en las madres trabajadoras, llevaron a que en varias oportunidades recurran a las oficinas de la comuna para reclamar la formalización que les corresponde, sobre la base de la norma municipal.

La insistencia golpeó la puerta del responsable del área de educación de Guaymallén, Marcelo Pérez Ardito. Según relatan las trabajadoras, el licenciado en Relaciones Humanas les expresó que él entiende que la ordenanza le da plazo hasta diciembre de 2017.

Marcelo Pérez Ardito, Foto: Prensa Gobierno

Ante el choque evidente entre el texto de la norma y el entendimiento del funcionario, EL OTRO se comunicó con Pérez Ardito. No obstante, el colaborador de Iglesias se negó terminantemente a responder nuestras preguntas, y manifestó que todas las consultas en el departamento se evacuan a través de la oficina de prensa del municipio.

La descortesía del licenciado es coincidente con el maltrato que las madres del PEC han recibido en su oficina. De acuerdo con el testimonio de las trabajadoras, en una de las oportunidades que concurrieron al despacho de Ardito, su secretaria las agredió calificándolas como “ignorantes”.

Luis Francisco. Foto: Coco Yañez

El obrar irresponsable e ilegal del intendente, y su colaborador en Educación, llevó a que las trabajadoras del Programa de Educación Comunitaria recurrieran a los partidos de la oposición. Ayer estuvieron en el bloque de concejales del Frente para la Victoria. Fueron recibidas por el presidente de la bancada Luis Francisco y el edil Rafael Moyano.

Francisco explicó a EL OTRO que desde hace tiempo vienen acompañando a las madres en su legítimo reclamo. Además exhibió documentación que prueba que el proceso administrativo de incorporación de las empleadas se encuentra agotado. Es por eso que ya presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía de Estado.

Las trabajadoras esperan que la respuesta oficial llegue con la misma urgencia de sus necesidades.

 


 

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