Abogados y sindicatos cuestionan la creación de la Oficina de Conciliación Laboral Obligatoria. Entrevista con Marisa Uceda y Marcelo Aparicio.

Foto: Prensa Gob. Mza.
Dalmiro Garay, Alfredo Cornejo y Alejandro Jofré.

A mediados de abril, el gobernador de la provincia, junto al ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, y el Subsecretario de Trabajo, anunciaron un proyecto de ley para la creación de la Oficina de Conciliación Laboral Obligatoria (OCLO).

Alfredo Cornejo destacó que el nuevo organismo permitirá reducir los tiempos de litigio y el número de causas ingresadas al Poder Judicial, a partir de una instancia administrativa obligatoria, que reunirá a trabajador y empleador, para llegar a una solución consensuada de los conflictos laborales.

Foto: Prensa Gob. Mza.

El proyecto enviado a la Legislatura recibió un rápido tratamiento del Senado, donde ya obtuvo media sanción. En una sesión realizada la semana pasada, la propuesta del Ejecutivo recibió 21 votos a favor y 15 en contra.

La norma, que fue remitida a la Cámara de Diputados, recibió numerosas críticas no solo de la oposición política, sino también desde juristas y sindicatos. EL OTRO entrevistó a la abogada laboralista Marisa Uceda y al dirigente sindical de la CGT Marcelo Aparicio, para ahondar en los principales cuestionamientos a una norma que, de sancionarse, afectaría los derechos de los trabajadores.

Marisa Uceda
(Abogada laboralista)

Foto: Coco Yañez

Desde el gobierno y los sectores empresariales se intenta imponer la idea de la existencia de una “industria del juicio” en material laboral. ¿Cuál es su visión sobre este preconcepto?

Desde el Observatorio del Trabajo en Mendoza, al cual yo pertenezco, hemos investigado que el 80% de los casos laborales terminan en acuerdo, con sentencias homologadas, es decir: sin trabajo judicial.

Cuando comenzamos a trabajar con esto, advertimos que desde 2006 a 2012 la proporción era 80% de sentencias y 20% de acuerdos y, en materia de accidentes y enfermedades profesionales, apenas un poco más. La situación se invierte totalmente desde el 2013 a la actualidad. Hoy tenemos un 30% de sentencias en juicios laborales, y entre el 20% y 25% de fallos en casos de accidentes y enfermedades profesionales.

Uno podría decir que hay una baja productividad de los jueces, pero en realidad lo que hemos demostrado es que las ART (Aseguradoras de Riesgos de Trabajo) siempre tuvieron la intención de dilatar, porque iban a pagar igual.

Entonces sí existe una industria del juicio. Ahora, ¿quién es la dueña de la industria del juicio? ¿Quiénes se benefician? Las ART que se financian con el dinero del trabajador.

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Para el gobierno, la mentira parece estar siempre en el otro, en el que va a padecer sus medidas. Desde su experiencia como abogada litigante, ¿cree que es posible fabricar juicios laborales?

Primero, partamos de la base de por qué el gobierno pone la mentira siempre en el otro. Dejame que haga un juego psicoanalítico: proyectan en el otro. Aunque, superada la licencia freudiana, me parece que tienen un juego comunicacional muy inteligente y fascistamente peligroso. Generan enemigos, se los inventan. Fueron los empleados públicos, los jubilados, el gobierno anterior, y ahora son los pensionados y los trabajadores con sus abogados.

Yo no te voy a decir: “todos mis colegas son éticos, correctos”, porque probablemente no sean todos así, tampoco los conozco a todos. En líneas generales, yo no veo una Justicia que sea víctima de la manipulación y maquinación fraudulenta de los abogados. Porque sería muy fácil, y no es fácil. Yo hace 11 años que litigo, nunca hice otro derecho que no sea el laboral, y sé que hay algún colega que es menos prolijo que otro, pero ha actuado la Justicia. Mendoza es una provincia que se tomó el trabajo de intervenir un par de estudios jurídicos, de resolver algunas situaciones, y los colegas siguen trabajando. Es decir que superaron esa investigación.

No creo que los jueces sean unos tontos que miran por la ventana y no saben lo que está pasando en sus propios fueros, ni que sean parte de una asociación ilícita. Creo que lo que hace el gobierno es tomar situaciones aisladas de un sistema que es enorme, y lo focaliza para crear su propio enemigo.

Foto: Coco Yañez

El presupuesto sería que, en base a la mentira del trabajador, se estaría forzando al empleador a acordar para no tener problemas. Si fuese abogada patronal ¿por qué acordaría con mentirosos?

Los abogados de los empleadores tienen pleno derecho de defensa: pueden contestar la demanda, ofrecer pruebas, controlar el proceso, impugnar las pruebas del demandante, plantear nulidades, pueden recurrir las sentencias ante la Corte…

Yo me enfrento a estudios con una estructura de empresas, con 15 abogados recién recibidos que le hacen la procuración, o 10 abogados que les contestan las demandas.  ¿O te pensás que las ART tienen el mismo estudio que el mío, donde somos tres socios?

Otra de las verdades instaladas es aquella según la cual “es mejor una mal acuerdo que un buen juicio” ¿Coincide con eso?

Ese podría ser el resumen del proyecto de la OCLO. Generan una instancia de conciliación obligatoria administrativa. Instancia que sólo la van a imponer en el fuero laboral. En ningún otro sistema, ni judicial, ni en ninguna otra rama del Derecho existe la conciliación previa obligatoria en sede administrativa.

Yo planteo, con ironía, que para que el sistema no sea discriminatorio lo implementemos para todas las ramas del Derecho. Quiero sentarme con ATM (Administración Tributaria Mendoza) cuando me inhibe antes de notificarme la multa. Quiero que ATM se siente y concilie, y decirle: “¿para qué vamos a ir a juicio? Hagamos un acuerdo”.

A nadie se le ocurre que si yo tengo que ir a reclamar un “daños y perjuicios” con una compañía de seguros, tengo que ir primero a un ámbito creado dentro de la Superintendencia General de Seguros. Cuando, en realidad, las ART y las compañías de seguros son lo mismo.

Foto: Coco Yañez

¿Cómo sería la mecánica que se implementaría, según la media sanción del Senado al proyecto de la OCLO?

Todavía no sabemos con claridad. En principio se establece que el trabajador con su abogado, o uno que le proporcione la Subsecretaría de Trabajo, presentará una denuncia, y después la misma Subsecretaría fijará una audiencia obligatoria ante un mediador, designado por el gobierno, para que concilie con el abogado del empleador.

Para ser mediador los requisitos son: tres años de recibido y conocimientos en materia laboral. Se llamará a concurso para elegirlos.

¿Ellos van a tener un sueldo, o dependerán sus honorarios de la solución del conflicto?

Si no solucionan el conflicto cobrarán sólo $250, en cambio si se llega a un acuerdo recibirán $3.000. O sea, 1.200% más.

¿Es decir que el mediador va a hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo?

Claro, va a forzar al trabajador en función de su propia necesidad. Vas a sentar a dos tipos que necesitan ganarse la vida (el conciliador y el trabajador). ¿Cuál de los dos va a perder?

 

Marcelo Aparicio
(Secretario General del Sindicato de Televisión)

Foto: Coco Yañez

Sabemos que desde la CGT se opusieron en la Legislatura al proyecto de la OCLO, ¿por qué lo cuestionan?

Desde la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT vemos que en Mendoza se va acentuando la política que viene marcando (Mauricio) Macri. Es decir, que el Ministerio o la Subsecretaría de Trabajo no deben estar a favor del más débil sino a favor de los empresarios.

Hoy vas a la Subsecretaría y no es de “trabajo” es de “desempleo”. Hay violaciones permanentes a los derechos de los trabajadores, ni hablar lo que es higiene y seguridad laboral. Cada vez va siendo peor. En lugar de tutelar los derechos de los trabajadores, como está establecido en las leyes vigentes y los convenios colectivos, es una parte más de la burocracia.

Alrededor de veinte ART llenan de juicios laborales las cámaras del trabajo porque no dan las prestaciones, ni siquiera las médicas. A un trabajador que tiene un problema en la espalda, en el hombro, en la rodilla, o cualquier parte de su cuerpo, la ART rápidamente le da el alta, le dice que es preexistente, lo deriva a la obra social, sobrecargando otro sistema que está para otra cosa, y abriendo la posibilidad de perder sus derechos. Entonces tiene que iniciar una demanda para hacerlos valer.

No hay multas contundentes para frenar este gigantesco negocio.

Foto: Coco Yañez

El Estado aparece cuando los hechos ya están consumados: el trabajador despedido, accidentado o con una enfermedad profesional; ¿hay acciones preventivas?

Este Estado de Cornejo y Macri abandona al trabajador y al pueblo en general en todos sus derechos. Lo hemos visto con el PAMI, también con los discapacitados. Entonces, si hay abandono en las obligaciones legales básicas, de pactos internacionales, ¿no van a abandonar en la prevención laboral?

No existe la prevención. Si existiese no hubiese pasado lo que ocurrió en Vendimia, que fue un atentado hacia la vida e integridad de cientos de trabajadores del arte, que estaban cumpliendo su profesión. Se cayó una grúa y no pasó nada. En la Vendimia de Capital se voló un techo y tampoco pasó nada.

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¿Qué derechos laborales se verían afectados de aprobarse definitivamente el proyecto de la OCLO?

Se le quitaría a los trabajadores el derecho de acceso directo a la justicia, obligándonos a pasar por una oficina de conciliación, en un ámbito que no sirve. En todo caso debería pensar el gobierno en mejorar este ámbito y mejorar la justicia, pero en función de los más débiles. Porque el Derecho y la justicia laboral, y el Ministerio de Trabajo, deben dar soporte al más débil, que siempre es el trabajador.

Varios dirigentes sindicales se reunieron con la vicegobernadora, Laura Montero, antes del tratamiento del proyecto de ley; ¿los escuchó, tuvo en cuenta la opinión de ustedes?

Fuimos a ver a una vicegobernadora que dice estar invisibilizada. Primero, tenemos que decir que está visible, la vimos. Lo que está invisibilizada es su decisión de gobernar para el pueblo.

Cuando le explicamos a Montero, un grupo de sindicatos de la CGT, lo que estaban produciendo en el Senado, la respuesta fue “no sé nada”. Le dijimos que esta ley no sirve, le pedimos que suspendiera el tratamiento y nos diera la posibilidad de debatir con nuestros asesores letrados, y con los secretarios generales de los gremios. Sin embargo, ella y el senador (Miguel) Bondino nos faltaron el respeto, con una soberbia y un destrato hacia la clase trabajadora, y se negaron a discutir.

Montero siempre te recibe, pone cara de sorpresa y el gobierno termina haciendo lo que quiere. Trabaja muy bien la parte artística, de la simulación, de la sorpresa, y hace un montaje de escena de republicanismo, atendiendo a los ciudadanos, pero después va al recinto y se vota lo que dice Cornejo y sus mandantes, que no son el pueblo sino los capitales.

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¿Van a resistir la sanción definitiva en Diputados?

Nosotros vamos a pedir que nos reciba la Comisión de Diputados que va a tratar el proyecto. Pero también estamos evaluando manifestarnos para evitar que esta ley, que atenta contra los derechos constitucionales de los trabajadores, sea aprobada.