En una muestra obscena de doble vara judicial, la fiscal Gabriela Chaves maneja sus tiempos según la pertenencia política del denunciado. La funcionaria avanzó con celeridad, aunque sin todo el éxito esperado, en la persecución penal y política de miembros de la Túpac Amaru. En cambio, tras siete meses de una grave denuncia contra Marcelino Iglesias, la funcionaria mantuvo dormida la causa que complica al intendente de Guaymallén.
La fiscal Gabriela Chaves saltó a la escena pública en abril de 2017. Desde entonces fue la cara visible de una avanzada política y judicial contra Nélida Rojas, su familia, y otros miembros de la Túpac Amaru.
En esa suerte de “megacausa” la funcionaria, quien responde directamente al procurador Alejandro Gullé, se mostró muy enérgica para intentar llevar a prisión a militantes de la organización social vinculada al kirchnerismo. A punto tal que, tras un revés judicial que dejó en libertad a Rojas y sus familiares, el propio Gullé firmó una resolución, en setiembre de 2017, para que la funcionaria se encargue “en forma exclusiva” de las investigaciones contra la Túpac.
Sin embargo, la premura no ha sido la actitud de Chaves frente a otra causa judicial que incriminaría al intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias.
En agosto del año pasado, el presidente del bloque PJ/FPV de esa comuna, Luis Francisco, denunció penalmente al cacique radical por el presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por haber violado la Ley de Riesgos de Trabajo 24.557.
Tal como informó EL OTRO el 1 de noviembre de 2017, la Municipalidad de Guaymallén dejó sin Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) a 3800 empleados. Con una informalidad pasmosa, los trabajadores y trabajadoras del municipio se enteraron por un mensaje telefónico de que ya no contaban con los servicios de ART. “Sres. Secretarios y Directores, comunico que a partir de hoy y hasta nuevo aviso los accidentes de trabajo serán atendidos por OSEP”, se comunicó entonces a través de la red social WhatsApp.
Contrariando la normativa legal vigente, Iglesias dispuso que los servicios específicos para cubrir enfermedades profesionales y accidentes de trabajo serían asumidos por la Obra Social de Empleados Públicos, y que los medicamentos que debieran adquirir los agentes estatales tendrían que comprarse en una única farmacia del departamento.
El concejal Francisco envió dos cartas documento, en abril y mayo de 2018, para solicitarle al Ejecutivo que acreditara la habilitación o autorización de OSEP para funcionar como “auto-asegurado” en materia de riesgos de trabajo. Ambas cartas nunca fueron contestadas, poniendo en evidencia que las y los trabajadores municipales estuvieron alrededor de trece meses sin cobertura.
Ante la manifiesta ilegalidad, el presidente del bloque opositor se presentó en el Ministerio Público Fiscal para denunciar al jefe de la comuna guaymallina. A la causa se sumó como querellante el diputado provincial de Unidad Ciudadana Lucas Ilardo. Esto empujó a Iglesias a volver sobre sus pasos y contratar, como corresponde, una nueva aseguradora.
“Guaymallén contrató una ART y le puso fin a la polémica”, tituló el portal ultraoficialista MDZ, el 7 de noviembre de 2018. Bajándole el tono a un posible crimen y con la intención de cerrar el escándalo, el diario digital de la familia Terranova informó que “el intendente Marcelino Iglesias contrató una empresa por $78 millones”.
¿Y la causa judicial? El expediente cayó en manos de la fiscal Gabriela Chaves. De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por EL OTRO, la funcionaria de Gullé, sin apuro alguno, solo dio tímidos pasos formales, pero no avanzó sustancialmente en la investigación de los hechos, ni mucho menos en la atribución de posibles responsabilidades penales del denunciado, quien todavía no ha recibido una citación.
Evidentemente, Marcelino Iglesias, el autoproclamado “abanderado de los gorilas”, no milita en la Túpac.
“El día que haya la marcha del orgullo gorila voy a llevar el estandarte”
