A destiempo, aturdido y sin autocrítica, el Frente de Todos Mendoza, coautor de la ley cianuro, solicitó la derogación de esa norma “para poder empezar el diálogo desde foja cero”. Los intendentes peronistas Roberto Righi (Lavalle) y Martín Aveiro (Tunuyán), quienes participaron de protestas en los últimos días, ratificaron la defensa de la Ley 7722.
Por Negro Nasif | Fotos: Coco Yañez
Luego de haber pactado con el gobernador de Mendoza, Rodoldo Suárez, la aprobación de la nueva Ley 9209, conocida popularmente como ley cianuro, dirigentes del Frente de Todos volvieron sobre sus pasos y pidieron la derogación de esa norma resistida por el pueblo en las calles.
La conducción del justicialismo redefinió su estrategia debilitado, luego de las fuertes críticas recibidas desde sus propias bases -donde la palabra traición fue de las más repetidas- quienes cuestionaron la adhesión de la mayoría de los bloques de Senadores y Diputados de ese partido al proyecto de autorización del uso de cianuro y otros tóxicos en la megaminería a cielo abierto. Aunque el partido sigue cerrado sobre sí mismo, confiando en su mesa chica para la toma de decisiones, sin convocar a sus afiliados y militancia para una discusión amplia que permita remontar la crisis interna, oír los cuestionamientos y propuestas de primera mano, y recuperar la confianza de propios y ajenos.
“Desde el Frente de Todos Mendoza solicitamos la derogación de la Ley 9209 para poder empezar el diálogo desde foja cero”, manifestaron mediante un comunicado difundido ayer, en el que además cuestionaron la suspensión de la reglamentación anunciada por el gobernador Suarez como una “maniobra dilatoria”.
Sin embargo, los dirigentes del peronismo local no esbozaron una sola línea de autocrítica y se limitaron a reiterar las razones del acuerdo con Cambia Mendoza que permitió la ley que ahora piden derogar. “Siempre aclaramos que se hacía frente a un proyecto de ley malo, en condiciones y tiempos que no dependían de nosotros, y sin contar con los votos para impedir las modificaciones a la Ley 7722 enviadas por Rodolfo Suarez”, justificaron, con un argumento absurdo que los obligaría a adherir con mejoras a todos los proyectos oficialistas en los cuales el frente legislativo del gobierno tiene mayoría.
“Frente al escenario actual parece correcto el llamado al diálogo del gobernador, porque, tal como pusimos por condición, sin licencia social no se puede avanzar en cambios sustanciales para la sociedad”, señaló el comunicado con corrección política, antes de reiterar “nuestro pedido de que se derogue la norma mencionada para comenzar la búsqueda del consenso”.
El texto difundido lleva las firmas del presidente del Partido Justicialista en Mendoza, Guillermo Carmona, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, los diputados nacionales Alejandro Bermejo, Omar Félix y Marisa Uceda, los legisladores provinciales Lucas Ilardo, Germán Gómez y Adolfo Bermejo, y los intendentes Emir Félix (San Rafael) Matías Stevanato (Maipú), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Fernando Ubieta (La Paz), Roberto Righi (Lavalle) y Martín Aveiro (Tunuyán). Estos dos últimos mandatarios departamentales, quienes participaron de protestas en los últimos días, ratificaron el compromiso que vienen sosteniendo en defensa de la Ley 7722.
