Es la conclusión de la abogada María Ester Correa Dutari, luego de sufrir en carne propia el hostigamiento de la policía de Mendoza. En una carta pública a las autoridades provinciales encargadas de la seguridad, resaltó las violaciones a las garantías constitucionales en procedimientos que se realizan en la vía pública. Entrevistada por EL OTRO, advierte que se busca atemorizar y aleccionar a la sociedad para implantar el proyecto económico de las corporaciones.
Fotos: Coco Yañez
El pasado 13 de setiembre la abogada María Ester Correa Dutari se dirigía en su automóvil a una audiencia en el juzgado de familia de Godoy Cruz. A las 10:30, en tránsito por Carrodilla, un control policial le solicitó interrumpir la marcha. La letrada accedió amablemente a la requisitoria y, apenas comenzado el diálogo con el agente que le pidió sus papeles, lo felicitó “por estar visibles y no escondidos solo con el fin de realizar multas”.
“Pensé que el trámite iba a transcurrir por los carriles normales: control de la documentación y que coincidieran mis datos con las chapas del vehículo”, relata en su misiva María Ester. Sin embargo, “detrás de las miradas simpáticas de un agente y dos ayudantes, se ocultaba el verdadero fin”, al ver que “al agente le colgaba de una de sus manos un objeto negro del tamaño de un celular grande para corroborar huellas digitales”.
Mientras dos policías mujeres supervisaban en la parte trasera los datos de su vehículo, la abogada inquirió a otro uniformado: “¿Usted me quiere tomas las huellas dactilares?”. Como la respuesta fue el silencio, “le dije que no lo podía hacer porque no era un control de identidad, sino vehicular”, y que en todo caso “si quiere mis datos muéstreme una orden judicial”.
Cierto nerviosismo se sembró en el grupo de policías que desarrollaban el operativo ante los argumentos de Correa Dutari, por lo que finalmente le comunicaron que no tomarían sus huellas. Inconforme con las explicaciones, la letrada preguntó bajo qué disposición se atribuían el control de identidad. “Es una resolución del Ministerio de Seguridad”, fue la escueta respuesta del agente, ante la cual la abogada cuestionó: “¿Así que el Ministerio de Seguridad ha resuelto que yo le tengo que dar mis datos a una persona como usted, que no tiene identificación, sobre lo que dice la Constitución Nacional?, ¿sobre el derecho a la intimidad y el derecho a circular libremente?”.
El diálogo continuó luego de que el policía relativizara como “una opinión” el reclamo de la afectada, aunque esta le advirtió que “ustedes están cumpliendo una orden que les ha bajado el ministro, pero más temprano que tarde los va a afectar porque están violando derechos y garantías constitucionales”, recordándoles además que “eso de cumplir órdenes le costó al país treinta mil desaparecidos y los que cumplieron órdenes están presos”, en clara alusión al argumento falaz de la obediencia debida, esgrimido durante décadas por los represores de la última dictadura.
Tras el intercambio, el auto en el que circulaba María Ester fue rodeado de manera intimidante por el resto de los policías presentes en el control. “Eran unos nueve: cinco hombres y cuatro mujeres”. Ante la situación, que califica como un intento de amedrentamiento, la abogada solicitó recuperar su documentación y continuar su rumbo, a pesar de la manifiesta provocación de una de las agentes por obstaculizarlo.
El hecho indujo a Correa Dutari –abogada especializada en derecho de familia- a denunciar a través de una carta pública las anomalías de estos procedimientos, ya que “yo no tengo miedo” y porque “el abuso de autoridad se ha convertido en algo cotidiano a lo que no podemos acostumbrarnos”.
“Como me molestan las injusticias, cuando llegué a casa, decidí enviar la carta al gobernador. También al ministro de Seguridad (Gianni) Venier y al subsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino, a quienes conozco porque han comido en mi casa y sé que son buenas personas, pero actúan bajo la ley de emergencia en seguridad que fue votada por la mayoría de los bloques legislativos”, continuó el relato.
La violencia como lección
“¿Por qué el gobernador aplica la averiguación de antecedentes sin causa, el endurecimiento en los delitos de flagrancia o la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad? Porque estamos en un Estado policial, que no se condice con la democracia. En un Estado de derecho, debe cumplirse con la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, pero eso hoy está muy difuso”, expresó la profesional.
Para Correa Dutari, “se ha establecido un Estado policial como modo de amedrentamiento ante el ajuste brutal que se está aplicando, no solo acá sino en distintos países del mundo”. En Argentina habíamos ganado terreno en muchos derechos, pero este gobierno de minorías, elitista, que tiene un proyecto neoliberal, sabe que no vamos a aceptar el ajuste y por eso necesita la represión policial”.
La abogada asevera que la escalada represiva atraviesa distintas clases sociales y que “con el fin de aleccionar reprimieron a los docentes, a los mapuches, allanaron centros culturales, comedores barriales y bibliotecas populares”, por lo que vaticina que “ahora me piden las huellas dactilares y en unos meses me pedirán el grupo sanguíneo, mi orientación sexual o qué es lo que pienso”.
Pedagógicamente, la entrevistada describe que “no solamente se comete violencia institucional en un procedimiento ilegal. La violencia puede ser de cualquier tipo. Lo que me pasó fue una acción colectiva (de las fuerzas de seguridad), organizada (había un control policial ordenado por el ministerio) y era legal e intencional. Pero que nueve personas vestidas de policía sin una sola identificación, que me retienen la documentación e intentan intimidarme, es un acto de violencia”.
La reflexión de “esta ciudadana que tuvo la oportunidad de estudiar y formarse” no se restringe al hostigamiento que sufrió hace una semana. La doctora Correa Dutari denuncia que la pérdida de garantías constitucionales es cada vez más evidente: “Tenemos persecución sobre los gremios, sobre diputados que acompañaron una marcha de trabajadores, no se puede hacer una pintada, no tenemos prensa libre, estipulada en el artículo 32 de nuestra Constitución”.
La abogada plantea críticamente una contradicción que cada vez más mendocinos y mendocinas sienten. “¿Por qué los ciudadanos tenemos que tener miedo a quienes supuestamente están para darnos seguridad?”, preguntó Correa Dutari en su carta abierta al gobernador Cornejo.
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