El gobierno provincial continúa avanzando en la implementación de la técnica de fractura hidráulica para yacimientos no convencionales de hidrocarburos. EL OTRO dialogó con el profesor Marcelo Giraud para entender qué es el fracking y qué peligros acarrea.
Fotos: Coco Yañez
El 28 de diciembre de 2017 muchas personas se gastaban bromas pesadas conmemorando el día de los inocentes. El gobierno de Mendoza realizaba una audiencia pública para obtener consenso social en torno a la implementación del fracking en la provincia. El auditorio se notaba nutrido pero no igualaba la convocatoria de otras reuniones similares. Una de las razones principales, además del día específico, tuvo que ver con que estratégicamente la audiencia se realizó en Malargüe, a más de 400 kilómetros de los centros urbanos más densamente poblados.
El 9 de marzo, con el estilo dialoguista que utiliza para las paritarias, el licenciado que gobierna la provincia firmó el decreto 248 que especificó los procesos técnicos y administrativos que las empresas privadas deberán cumplir para explotar hidrocarburos de manera no convencional.
Este 19 de junio el Departamento General de Irrigación emitió la resolución 249 que impone condiciones al fracking desde el punto de vista del gobierno del agua, recurso natural básico que ese organismo autónomo debiera resguardar.
Reforzando el diálogo y el consenso, los dos peronistas del Honorable Tribunal Administrativo no firmaron la resolución que sí contó con las rúbricas del superintendente, ingeniero agrimensor Sergio Marinelli (correa de transmisión directa de Cornejo), el ingeniero agrónomo Alejandro Genari (consejero radical duro, apadrinado por Julio Cobos), el presidente del Honorable Tribunal Administrativo, contador César Bernués, y el secretario de ese cuerpo colegiado, Leonardo Muzino.
Marcelo Giraud forma parte de la Asamblea por el Agua Pura desde hace tiempo y es profesor de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Con él dialogó este diario para conocer el impacto ambiental y social de la “estimulación” o “fractura” hidráulica.
¿Qué es el Fracking y cuál puede ser su particularidad en la provincia?
Es una técnica para facilitar o permitir el flujo de los hidrocarburos, sea petróleo o gas, desde la formación rocosa hacia el pozo y por esa vía hacia la superficie. Implica la inyección de grandes volúmenes de agua u otro fluido, combinado con unas arenas silicias especiales y una cantidad de sustancias químicas que pueden variar entre 6 y 15. En Estados Unidos la lista de sustancias químicas disponibles asciende a 1000, pero se suelen combinar algunas acorde a las necesidades de la explotación.
Muchas veces se argumenta desde el gobierno que esta es una técnica muy antigua y hace sesenta años que se realiza en la provincia, pero en realidad, se viene haciendo sobre el final de la vida útil de los yacimientos convencionales.
Los yacimientos convencionales cuentan con un tipo de rocas que permiten que el hidrocarburo fluya por sus porosidades de manera casi habitual. Sobre el final de la vida útil de esos pozos se utiliza la estimulación hidráulica para sacar el último resto de hidrocarburo. Para esto se utilizan volúmenes considerables, aunque sustancias químicas y presiones mucho menores a lo que sucede en los yacimientos no convencionales.
En Vaca Muerta, o como pretende el gobierno que se instalen empresas en Cacheuta y Potrerillos, es decir en la cuenca alta de los ríos Mendoza y Tunuyán, son formaciones mucho más compactas que contienen celdas sin ninguna porosidad en donde es requisito sine qua non fracturar la roca para que el hidrocarburo fluya al pozo.
Las presiones aquí se elevan a entre 350 y 1000 atmósferas del agua, y una vez que se realizan esas fisuras se complementan con arenas silicias para que hagan de cuña.
¿Qué grados de toxicidad tienen las sustancias químicas que se utilizan en estas explotaciones?
El nivel de toxicidad es muy variable tanto en las sustancias que se inyectan como en las que vuelven a través del “flowback” (NdR: limpieza del fluido de fractura), pueden haber concentraciones que muchos discuten por el porcentaje inocuo, pero que tienen que ver con volúmenes muy grandes. Hasta pueden volver a la superficie sustancias radioactivas.
También pueden surgir compuestos orgánicos volátiles dentro de los que se encuentran un grupo bastante complicado que se llama “Betex”, que son benceno, tolueno, etil benceno y xileno, que pueden pasar a la atmósfera. Esto se ha comprobado en Estados Unidos en poblaciones cercanas a las emisiones. Hay otros compuestos volátiles además que pueden llegar a generar enfermedades, no soy médico y para esto hay una compañera en la Asamblea, como cáncer, malformaciones, y sobre todo problemas respiratorios.
¿Cómo estamos en torno a los controles en la provincia?
El Estado nacional se encarga de bastante poco en terreno aunque sí despliega las normas y las leyes como el artículo 41 de la Constitución Nacional que establece el derecho a un ambiente sano, la ley general de ambiente número 25.675, con un articulado extenso, y una serie de principios obligatorios para todas las provincias, como el precautorio que dice que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. Este sumado a una serie de principios que tienen que ver con estándares internacionales de cuidados mínimos del medio ambiente.
El artículo 41 de la Constitución plantea que las provincias pueden establecer normativas más exigentes que las que provienen de la nación pero nunca menos que eso. Ese es el piso mínimo y obligatorio.
A nivel provincial yo creo que, lamentablemente, estamos yendo a menos en cuanto a lo que sucede en el terreno, más allá de los discursos. Durante el gobierno anterior contábamos con 10 inspectores ambientales y hoy son nueve de acuerdo a dichos de la directora de Protección Ambiental. Estos inspectores están para cubrir una serie de tareas, en una provincia que es grande como Bangladesh, que no son solo las inspecciones de minería. En Malargüe, por ejemplo, no hay ningún inspector asignado fijo y tiene la superficie de Suiza.
Irrigación debe tener sus inspectores como policía del agua. Ignoro cuántos son pero intuyo no son muchos.
Además, generalmente, se dan muchas inspecciones sobre la base de las autodenuncias de empresas que no pueden barrer bajo la alfombra las macanas que se mandan y deciden dar aviso a las autoridades.
Si tenemos que hablar del control efectivo por parte del Estado, hay que decir que estamos peor de lo que veníamos, más allá de las enunciaciones.
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