La última reforma previsional del macrismo ya tiene un impacto negativo sobre las jubilaciones. Ante el recorte, jubiladas y jubilados se organizan para resistir la pérdida de poder adquisitivo. EL OTRO visitó la sede de SECAFSPI, uno de los sindicatos que brinda asesoramiento legal gratuito a los afectados por el ajuste.
Fotos: Coco Yañez
Sonia y Ana dieron clases durante varias décadas en escuelas mendocinas. Según ellas mismas reconocen, pudieron jubilarse, vivir sin privaciones importantes y, a partir de la sanción de la Ley de movilidad jubilatoria, recomponer parte del poder adquisitivo frente a la inflación. Sin embargo, los tarifazos en los servicios públicos y el aumento constante de alimentos y remedios en el último tiempo, fueron menguando sus posibilidades de una vida digna, después de tantos años de trabajo.
EL OTRO entrevistó a las docentes en la sede mendocina del sindicato de trabajadores de Anses (SECAFSPI), luego de recibir asesoramiento legal sobre los alcances de la reforma previsional sancionada a fines del año pasado.
Ambas son docentes, ¿dónde ejercieron y hace cuánto tiempo que se jubilaron?
Ana: Soy jubilada docente. Voy a cumplir 10 años de jubilada y mis últimos ocho años de actividad los desarrollé en Jocolí, con un cargo directivo de enseñanza media. Soy cabeza de familia porque mi compañero no tiene un empleo formal y estoy notando el deterioro progresivo de mis haberes jubilatorios. Esto lo noto en la adquisición de bienes y productos de uso cotidiano que están cada vez más caros.
Sonia: Yo también soy docente jubilada de educación especial y mi caso es parecido al de Ana. He visto el deterioro del salario en los servicios, el colectivo, productos alimenticios… Por eso he venido a asesorarme e interiorizarme sobre cuáles son los derechos que me asisten, porque no puedo creer que con toda la deuda que toma el gobierno nos recorten a los jubilados. Sobre todo a los que cobran la mínima.
Muchas personas creen que, porque vamos a tener más cantidad de aumentos en el año, vamos a cobrar más, pero esto no es así. En realidad vamos a tener un aumento mucho menor al que veníamos teniendo con la fórmula anterior. En mi caso particular, teniendo en cuenta los doce sueldos y el aguinaldo, este año me van a recortar más de $40.000.
Voy a acudir al amparo colectivo y si tengo que hacer uno individual también lo voy a hacer, porque me parece muy descarado el robo que estamos sufriendo.
¿Las asesoraron aquí en torno al recorte?
Ana: Sí. Hemos estado hablando con los abogados y estamos presentando con la Asociación de jubilados y pensionados de Mendoza, en forma conjunta con la Asociación del Este, un amparo colectivo para frenar la reforma previsional.
¿Cuán difícil es la situación cotidiana de ustedes?
Ana: Se siente el remezón de los tarifazos y la inflación. Yo tenía cierta comodidad en las compras cotidianas de la carne, la leche o el pan. Ahora trato de ver dónde conviene, camino bastante y, al salir de hacer compras, me doy cuenta que lo que antes adquiría a $500 ahora me cuesta $1500. He disminuido mucho mi consumo.
Esto afecta las posibilidades de hacer otras cosas. Este año pudimos ir de vacaciones porque viajamos siete personas en un auto. Me invitó mi hija que tiene cuatro hijos y para los más chiquitos pusieron unas sillitas para que entráramos todos.
Parece que ahora estas cosas como irse de vacaciones o tener un teléfono no están permitidas. Antes las teníamos como unas partecitas del disfrute mínimo de la persona que ya trabajó toda la vida.
Además se suman los problemas familiares. A mi hija, que tiene cuatro hijos y trabaja 15 horas por día, le he facilitado mi casa porque no podía pagar el alquiler. Entonces, por todos lados te van empujando a una situación indigna.
Sonia: Yo me siento burlada pero no solamente por el gobierno provincial y el nacional, sino por parte de la ciudadanía que no termina de entender la gravedad de la situación.
La iniciativa del SECASFPI surgió desde el momento mismo en que el recorte previsional entró en vigencia. En el marco de la campaña “Un millón de firmas contra la reforma previsional”, el gremio de trabajadores de la Anses comenzó a convocar en su sede a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales para brindarles asesoramiento legal gratuito, a cargo de abogados y estudiantes avanzados de Derecho.
“Vine a este sindicato porque los veo siempre en las marchas y juntando firmas para revertir la situación. Los veo más movilizados acá”, explicó Sonia. En tanto que Ana reconoció que se sintió respaldada “por los chicos que me orientaron y que están muy preocupados para que llegue a la sociedad la información”, al tiempo que se quejó de que en su gremio “las personas a cargo de estos temas están de vacaciones”.
Carlos Gallo, uno de los organizadores del servicio de información del SECASFPI, explicó a este diario las razones por la que decidieron asesorar legalmente desde el sindicato.
¿Por qué se asesora a jubiladas y jubilados en un gremio y no en Anses?
Lamentablemente, la inseguridad social se ha agudizado y esto nos obliga como militantes políticos y sindicales a salir a tomar postura mediante acciones que intenten revertir un poco la situación. En este sentido viene el asesoramiento jurídico gratuito que se realiza aquí con abogados y estudiantes.
Nosotros sabíamos que este gobierno le iba a hacer caso al Fondo Monetario Internacional, que bajaría la movilidad jubilatoria e iba a plantear la suba de la edad para jubilarse, entre otros golpes a la seguridad social. También se pasó, hace poquito, el programa Progresar a la órbita del Ministerio de Educación bajo el nombre de Becas Progresar, vaciando aún más el sistema.
“En enero empezamos a reunirnos con los compañeros que venían juntando las firmas y con otras actividades y nos empezamos a plantear qué otras acciones, además de las movilizaciones, podíamos desarrollar”, reseñó Gustavo Caleau en diálogo con EL OTRO.
Caleau es uno de los abogados que impulsó acciones judiciales para frenar “el saqueo en las jubilaciones, pensiones y asignaciones”. “Con algunos colegas y otras organizaciones presentamos el primer amparo colectivo. Pero, más allá de este instrumento, nos dimos cuenta que a muchos jubilados les era necesario interiorizarse sobre sus situaciones individuales. Y es por eso que, con Eduardo Whopper y Hernán Valenzuela, armamos este centro de información jurídica para que el jubilado sepa qué le pasa mes a mes con el recorte y cuáles son las alternativas que tiene para reclamar”, cerró uno de los letrados que ofrece asesoramiento los martes y jueves, de 10 a 12.30, en República del Líbano 20 de la Ciudad de Mendoza.
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