La Dirección Provincial de Vialidad compró dos semirremolques por 6,5 millones de pesos, casi 2,5 millones más caros que los presupuestados por el mismo proveedor a un empresario privado. Una investigación de EL OTRO pone la lupa sobre un posible caso de corrupción en el gobierno de Mendoza.

La punta del ovillo de esta investigación de EL OTRO emergió en noviembre del año pasado. Un cronista de nuestro diario tuvo acceso a dos facturas de maquinarias viales. Ambos documentos oficiales, fechados el 1 de septiembre de 2018, dan cuenta de la compra, por parte de la Dirección Provincial de Vialidad de Mendoza (DPV), de dos “semirremolques carretón especial de 3 ejes, pecho articulado, marca Marcelini”, a un costo de $ 3.255.834 cada uno.

Las sospechas de un presunto sobreprecio en la facturación de los carretones, y un probable “retorno”, la sembró la propia fuente que aportó las boletas a este medio.

Foto: Industrias Marcelini
Semirremolque carretón.

A partir del chequeo de los documentos y testimonios recabados, EL OTRO comenzó a reconstruir la madeja para desentrañar un posible caso de corrupción en el gobierno provincial.

El simple cotejo del expediente de compra y la comparación de los costos licitados con los valores de mercado, permitirían corroborar fácilmente la existencia o no de sobreprecios y la hipótesis del eventual pago de coimas. Sin embargo, como ya hemos señalado numerosas veces desde estas mismas páginas, la transparencia en las contrataciones del Estado no es justamente una de las virtudes del Ejecutivo mendocino, sino más bien todo lo contrario.

Fuente: Gobierno de Mendoza

El único registro de acceso público sobre compra de semirremolques de la DPV, durante el año pasado, es la Licitación N° 1023/2018-214 que consta en la página web de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes (ver la imagen arriba). Allí está el detalle de la convocatoria para la adquisición de dos carretones de 45 toneladas, presupuestados en seis millones de pesos.

Las características demandadas en el pliego de condiciones particulares de esta licitación, cuya apertura fue prevista para el 26 de julio pasado, son coincidentes con las maquinarias facturadas por la empresa DASILU S.R.L. y recibidas por el contador Elías David Jurado, gerente de Economía y Finanzas de la DPV, quién rubricó y selló esa documentación. Por lo que es dable presumir en principio, a falta de información oficial que lo rectifique, que esta firma santafecina resultó adjudicataria de una contratación que superó en medio millón de pesos el presupuesto oficial.

Foto: UNCuyo
El administrador general de la DPV, Oscar Sandes, junto al gobernador Alfredo Cornejo.

Pero, ¿cómo determinar si hubo o no sobreprecios? Con la colaboración de un empresario local, quien pidió estricta reserva de su identidad, y tras meses de cotejo de fuentes, EL OTRO pudo aclarar parte de las sospechas iniciales.

A principios de diciembre del año pasado, nuestro colaborador solicitó a DASILU S.R.L., titular de Industrias Marcelini, una cotización de los mismos carretones facturados por esta empresa a Vialidad provincial. Según consta en un mail enviado por la fábrica de Santa Fe el 7 de diciembre, el precio ofrecido por cada semirremolque ascendió a  $2.021.475,95 cada uno (con IVA incluido). Es decir, un millón doscientos mil pesos menos que los adquiridos por la DPV.

Presupuesto del Departamento de Ventas de Industrias Marcelini. Santa Fe, 7 de diciembre de 2018.

Frente a las evidencias de que el Estado provincial habría comprado semirremolques a un costo significativamente mayor que los valores de mercado, este diario intentó comunicarse con autoridades de Vialidad para solicitar algún tipo de explicación, pero los funcionarios se negaron a brindar declaraciones.

¿Por qué el gobierno pagaría un 50% más que un empresario privado por la misma maquinaria? ¿Hubo corrupción en la compra de los carretones? Deberán ser los poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado los organismos que exijan las respuestas que la DPV le niega a la prensa crítica.

 

A D’Agostino no le cierran las cuentas