Suarez reclama a Alberto las medidas que no está dispuesto a tomar en la provincia. El gobernador de Mendoza demandó judicialmente al Estado Nacional para que restituya el Fondo Soja, creado por Cristina en 2009 y eliminado por Macri en 2018. Historias de un proyecto liberal que se sostiene con las mieles del intervencionismo y el incremento del gasto público nacional.
Fotos: Cristian Martínez – Coco Yañez
En los últimos días el Gobierno provincial inició un proceso en la Justicia para que la Nación le reintegre a Mendoza los beneficios del Fondo Federal Solidario, una herramienta de distribución de la renta agropecuaria que creó Cristina Fernández y eliminó Mauricio Macri.
El reclamo se sumó a demandas encadenadas de fondos nacionales que Mendoza sostiene en medio del crecimiento de las partidas de la coparticipación, el derrumbe de los recursos genuinos y el relato disparatado de una Mendoza autosustentable.
La crítica situación es producto del estancamiento, la destrucción de la industria y el empleo y el exorbitante endeudamiento de los últimos 4 años. Pero también de un acompañamiento perseverante del ensayo macrista. La suba de impuestos a los ganadores del modelo (empresas de servicios públicos, de la construcción, financistas), por ejemplo, hubiese equilibrado las deprimidas arcas provinciales.
Suarez, con las pruebas del fracaso en las manos, advirtió temprano que su gestión caminaría por el mismo sendero que su antecesor: achicamiento del Estado y afinidad con los grandes actores de la economía local. “Creemos que el Estado debe favorecer el desarrollo privado y la creación de riqueza por eso en Mendoza hemos dispuesto no aumentar ni ingresos brutos, ni los impuestos a los sellos”, decía el gobernador Suarez en un tuit publicado el 10 de enero, con motivo de criticar las medidas arancelarias establecidas por el gobernador de Buenos Aires.
La parálisis económica y el consecuente derrumbe de la recaudación provocado por la pandemia abren una posibilidad histórica para que el Estado recupere el margen de intervención cedido a los actores económicos que influyen en el rumbo de la economía local. No obstante, Suarez no parece resuelto a tomar ese camino, en mayo rechazó un proyecto de ley para duplicar la alícuota de Ingresos Brutos de las entidades bancarias privadas que operan en Mendoza, el sector que más creció en los últimos años. Tampoco quiso ajustar la multimillonaria propaganda oficial distribuida con la prensa aliada.
Dada la situación, el gobernador ve un solo camino para mantener el equilibrio de las cuentas: reclamar a Nación lo que no se anima a hacer en la provincia. Por eso se puso a trabajar en la demanda para la devolución del Fondo Federal Solidario (FFF), herramienta creada en 2009 para financiar obras de infraestructura en provincias y municipios, con el 30% de lo recaudado por el Estado Nacional en concepto de derechos de exportación a la soja.
Las provincias dejaron de percibir estos fondos en 2018, tras su eliminación por decreto presidencial. “Tenemos que ayudar a los que exportan todo lo que podamos todos: intendentes, gobernadores, presidente, porque la exportación trae empleo privado de calidad”. “Le sacamos las retenciones al trigo, al maíz, a los cítricos, a todas las exportaciones argentinas, salvo la soja, que viene bajando una escalerita”, analizaba Macri en los días posteriores a la eliminación.
Por la quita escalonada de las retenciones a la soja, Mendoza debió recibir $944 millones en 2018 pero solo llegaron $659 millones, el 70% y, en 2019, $708 millones que finalmente no llegaron. A causa de las pérdidas millonarias por la eliminación del Fondo Soja, seis provincias elevaron reclamos a la Justicia (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Catamarca, Formosa, Chubut y Santiago del Estero), en tanto, el entonces gobernador Alfredo Cornejo, se mostró displicente: “A nadie le gusta, a mí tampoco, pero la provincia no quedó desfinanciada por la eliminación del Fondo Soja”. Ese año Mendoza cerró el ejercicio anual con un déficit superior a los $6.000 millones.
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