La Dirección General de Escuelas continúa la causa penal por desobediencia contra tres profesores del Instituto de Educación Superior Tomás Godoy Cruz. Una causa política que buscó amedrentar medidas contra el ajuste en los institutos y que cuenta con el aval de parte de la Justicia. La Suprema Corte decidirá. EL OTRO estuvo en la audiencia en la que se desestimó el pedido de nulidad presentado por el doctor Pablo Salinas, en representación del imputado Patrick Boulet.
Fotos: Luciano Viard
En agosto de este año, luego de que trascendiera el plan de recorte presupuestario al nivel superior que se lleva adelante por parte de la DGE, estudiantes del Instituto de Educación Superior Tomás Godoy Cruz ocuparon pacíficamente la institución para realizar una asamblea en reclamo contra ese ataque a la educación.
En esa ocasión el fiscal Gabriel Blanco se hizo presente en la institución, luego de que la DGE enviara una comunicación para que se desalojara el establecimiento, hecho que ocurrió minutos después de la aparición nocturna del trabajador del Ministerio Público Fiscal sin registrarse ninguna rotura del edificio o de los muebles del instituto.
Tres profesores firmaron la comunicación de la DGE, además de acompañar a alumnas y alumnos para que no sucediera nada que hubiese que lamentar luego de la protesta. Uno de los docentes que dialogó con estudiantes para que reflexionaran sobre las acciones que desarrollaban en la noche céntrica de “el Normal”, fue Patrick Boulet. Logró su cometido de poner sensatez en el debate y por momentos lo ordenó. La asamblea, como se dijo, fue levantada con la misma paz con la que había comenzado.
La DGE que dirige el violento Jaime Correas, hizo gala de su autoritarismo persecutorio una vez más y denunció penalmente por desobediencia a profesores prestigiosos y muy queridos por toda la comunidad educativa.
Esa denuncia derivó en una imputación penal que fue apelada por los profesores que pidieron la nulidad del proceso y el sobreseimiento de los imputados. La jueza Miriam Moltó rechazó el reclamo en audiencia desarrollada el 27 de setiembre, en la que negó el acceso a compañeros y compañeras de trabajo de Boulet y de sus colegas imputados, quienes se acercaron a tribunales para apoyarlos.
Este miércoles 21 de noviembre, en una tarde de calor tórrido, alrededor de las 14 hs el doctor Eduardo Brandi, titular de la Segunda Cámara Penal provincial, dio inicio a una nueva audiencia en la que recibió los argumentos de Pablo Salinas, abogado de Boulet, para que su defendido deje de ser juzgado por un delito que, según el letrado, “no existió”.
Minutos después, el magistrado dictaminó un cuarto intermedio, en el que profesor imputado puedo tomar contacto con compañeras y compañeros docentes que estaban fuera de la sala en señal de apoyo a su persona. A los colegas del profesor se sumaron integrantes del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) y algunos familiares.
La expectativa estuvo puesta desde ese momento en la decisión que el juez comunicaría alrededor de las 16, momento indicado por el funcionario judicial para retomar la sesión.
Culminado el plazo, el juez Brandi sólo dejó que ingresaran al recinto un par de familiares y algunos colegas del profesor, prohibiendo específicamente el ingreso de la prensa.
En suma: nuevamente la Justicia avaló la cobarde denuncia de Correas para limitar cualquier intento de resistencia al ajuste en educación. El juez Brandi decidió mantener las imputaciones de los docentes que protegieron a la institución, colegas y estudiantes.
Consultado por EL OTRO, Patrick Boulet afirmó estar “cada vez menos incómodo con esta acusación por la creciente solidaridad que estoy recibiendo por parte de colegas del instituto, la facultad y amigos de la vida”.
Preguntado por el motivo de sostener su inocencia ante un sistema judicial que aparenta ser condicionado por el Ejecutivo provincial casi permanentemente, Boulet dijo que “sentar posturas sobre las injusticias que algunos funcionarios pretenden cometer tiene que ver con que pretendemos que no hayan decisiones autoritarias en el futuro”.
El abogado Salinas, quien apelará ante la Corte el fallo de Brandi, reafirmó la voluntad de su representado de continuar reclamando que se lo considere inocente y se asuma por parte de la Justicia que la causa carece de motivos reales que justifiquen las erogaciones que el Estado ha tenido que realizar.
La violencia de Jaime Correas confirmada en un fallo judicial
