Se presentó un proyecto de ley para regular los centros culturales. Colectivos artísticos acompañaron la iniciativa.

La legislación de Mendoza no contempla ni dedica ni un renglón a la noción de Centro Cultural, no hay norma que tipifique, señale ni reconozca qué son o cuál es su función. La lucha por los espacios para las artes parte de un lugar básico: el reconocimiento de su identidad.  En esta remake de las políticas regresivas para la cultura popular, la discusión resulta imprescindible. Hay que empezar por el principio.

Este planteo, en el que confluyen diversos grupos organizados de hacedores, gestores, agrupaciones estudiantiles y artistas autoconvocados fue presentado a legisladores del Frente para la Victoria y se llegó a un proyecto de ley que se encamina hacia el tratamiento.

Tapia, Uceda e Ilardo, en el anexo de la Cámara de Diputados.

El diputado provincial Lucas Ilardo y el concejal por Capital, Sebastián Tapia, presentaron la iniciativa junto a su mentor, Maximiliano Uceda (productor cultural). Acompañados de los artistas que han venido trabajando en su confección y por los realizadores interesados en que se logre ese salto, los referentes dieron a conocer la letra del proyecto en la Cámara de Diputados de la provincia. Expectativas sobran.

El proyecto

La propuesta se dirige a crear un Registro Provincial de Centros Culturales, que dé asesoramientos a los espacios artísticos que puedan funcionar como tales. Este registro, plantea el proyecto, tendrá como veedores al Instituto Nacional del Teatro y al Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, y funcionará en la Secretaría de Cultura.

Bajo la denominación de Centro Cultural, se encuadra a “cualquier espacio no convencional y/o experimental y/o multifuncional en el que se realicen manifestaciones artísticas de cualquier tipología”. En ese sentido divide en cuatro los tipos de Centro Cultural, de acuerdo a la cantidad de espectadores que pueda contener el espacio.

Otro punto fuerte del proyecto es que los Centros Culturales recibrían una subvención mensual de parte del estado provincial. Los montos varían según el tamaño, la categoría más baja (hasta 100 espectadores) el valor de un salario bruto de la categoría A, y la categoría más alta (hasta 1000 espectadores) el valor de un salario bruto de la categoría D de la Provincia.

También se hace hincapié en la exigencia a estos Centros de una cobertura de emergencias médicas y seguro de responsabilidad civil y la exigencia de instalaciones necesarias para recibir a personas con incapacidades físicas.

Se destaca además la creación de la Comisión de Política Cultural de la Provincia integrada por miembros de la Secretaría de Cultura, diputados, senadores (de los bloques existentes) y representantes de los Espacios Culturales con el objetivo de brindar asesoramiento acerca del Registro.

Voces

Inti Pujol, integrante de TIC (Trabajadores Independientes Culturales) se refirió a la iniciativa: “hemos visto el proyecto, creemos que hay que salvar algunas enunciaciones como la tipificación de los centros culturales por su función, pero lo más importante es modificar las ordenanzas y las leyes que nos impiden existir”

Consultada por la realidad local respecto a la promoción del arte, la joven contó “hoy los artistas trabajan en los pocos espacios que quedan, el Estado brinda muy poco, generalmente nos movemos por espacios privados y también haciendo exposiciones, festivales de manera clandestina, pero tenemos que seguir en clandestinidad hasta que las cosas se arreglen porque si nos enfrentamos a las leyes vamos a salir perdiendo”.

Foto: gentileza Gastón O. Bandes
Protesta de trabajadores culturales el pasado 7 de diciembre.

La iniciativa será presentada paralelamente en la Legislatura Provincial y en el Concejo Deliberante de la Ciudad. En la exposición, el edil Tapia dio detalles de las mezquindades que hay en la política cultural del municipio donde, por ejemplo, en los últimos días se cerró el reconocido Museo Municipal de Arte Moderno por falta de presupuesto.  A través de numerosos ejemplos dejó en claro que “la prioridad para los centros culturales no está dada” y en ese sentido cuestionó el recorte general en las políticas culturales para las clases populares.

En el mismo tono Ilardo había arrancado la presentación llamando a trabajar de manera conjunta para “lograr la mejor ley posible” y para que sea el Estado el que regule y promueva el resguardo del patrimonio cultural. Uceda, quien estuvo en los detalle del proyecto, expresó que la iniciativa se está desarrollando con la convicción de que “el trabajo artístico es trabajo y tiene que estar garantizado sin ponerlo a voluntad del gobierno de turno”.