En el marco de la “Marcha nacional por el aborto legal, seguro y gratuito”, cientos de mujeres se movilizaron en la Ciudad de Mendoza para exigir que el Estado asegure “derechos sexuales y reproductivos de forma integral”. Mirá en esta nota el documento completo que leyeron frente a la Legislatura.

Crónica fotográfica: Coco Yañez

Hace décadas que quienes luchamos por los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales, venimos poniendo en debate el tema del aborto clandestino, las consecuencias de la legislación que lo penaliza y criminaliza, y la condena social que cae sobre la vida y la salud de las mujeres, la cual pesa con mayor dureza sobre las menos privilegiadas.

Hace 27 años en el Encuentro Feminista Latinoamericano celebrado en 1990 en San Bernardo (Argentina) surgió la iniciativa de proponer el 28 de septiembre como Día de lucha por el derecho al aborto en América Latina y el Caribe. Desde entonces venimos sumando voces por el aborto legal, libre, seguro y gratuito en nuestro continente y poco a poco en todo el mundo.

 

En Argentina se calcula que alrededor de 500 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino. Esto demuestra que la penalización no impide que las mujeres aborten, solo vuelve la práctica más peligrosa, sobre todo para las más jóvenes y con menores recursos, que no pueden acceder a interrupciones clandestinas costosas o a información segura.

Después de la recuperación de la democracia en diciembre de 1983, Argentina se comprometió a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de forma integral. Esto incluye: derecho a la seguridad en el embarazo, parto y puerperio; derecho a tener hijos/as o no, decidir con quién, cómo, cuántos y con qué frecuencia; y derecho al libre ejercicio de la sexualidad sin discriminación, coerción o violencia.

 

Reconocer estos derechos implica garantizar los medios para llevar adelante estas elecciones. Esto es: educación sexual integral y laica, fertilización asistida, óptimas condiciones en la salud materno-infantil, anticoncepción y aborto seguro. En nuestro país, y especialmente en nuestra provincia, todos estos derechos son vulnerados, especialmente el derecho al aborto.

El reconocimiento del derecho al aborto como política pública mejoraría la calidad de vida de las mujeres, porque no solo hablamos de estar vivas, sino también de ser libres, de llevar adelante nuestras elecciones sin ser perseguidas ni criminalizadas.

 

Según cifras oficiales, las complicaciones por abortos inseguros son la principal causa evitable de mortalidad materna en Argentina. Las mujeres que mueren, que tienen complicaciones o que son judicializadas son niñas, jóvenes y pobres, mostrando las desigualdades que atraviesa el problema del acceso al aborto cuando una mujer decide que no puede seguir adelante con un embarazo no deseado.

A esto se suma la persecución a lxs profesionales de la salud que respetan las decisiones de las mujeres (no así a lxs que no cumplen con la ley) y a las activistas que brindan información o que se manifiestan públicamente en defensa de nuestros derechos.

 

Asimismo, vemos un fortalecimiento del integrismo religioso y el fascismo social, que a través del desprestigio de los derechos humanos y de la perspectiva de género ganan poder en los gobiernos y buscan que las políticas públicas se conviertan en el vehículo de su moral individualista, conservadora y discriminatoria. Responsabilidad que también les cabe a los medios de comunicación que desinforman y descalifican la legitimidad de las demandas y las expresiones de los movimientos sociales y feministas.

En Mendoza nos encontramos en un contexto de especial vulneración de nuestros derechos sexuales y reproductivos: por la deficiente implementación de la Educación Sexual Integral y laica en las escuelas; los obstáculos y dilaciones en el acceso a los abortos legales, cuando Cornejo, Najul y Anfuso se comprometieron a formalizar la guía de atención de interrupciones legales del embarazo -ILE-; la dificultad para acceder al sistema de salud de las niñas víctimas de violación  y embarazadas;  la no provisión de métodos anticonceptivos que dan lugar al aumento del contagio de ITS y de embarazos no deseados; la restricción de la venta de misoprostol, contradiciendo las recomendaciones de la OMS para un aborto seguro;  la elección de jueces misóginos y homofóbicos en la Justicia; la impericia de las fuerzas de seguridad para buscar y encontrar a las mujeres desaparecidas, la represión a la protesta social y el ajuste.

 

Quienes integramos y apoyamos la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito asumimos un compromiso con la integralidad de los derechos humanos, y defendemos el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo como una causa justa. Despenalizar y legalizar el aborto es reconocer que no hay una única manera válida de enfrentar el dilema ético que supone un embarazo no deseado; es reconocer la dignidad, la plena autoridad, la capacidad y el derecho de las mujeres para resolver estos dilemas y dirigir sus vidas. Es aceptar que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es un derecho personalísimo ya que este es el primer territorio de ciudadanía de todo ser humano.

Por esto exigimos que se debata y apruebe el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado en 2015 en el Congreso de la Nación.

En Mendoza exigimos:

-Que se garantice el acceso a los abortos legales en caso de violación o peligro de la salud/vida de la mujer gestante sin obstáculos ni dilaciones de ningún tipo, asumiendo la definición amplia de salud de la Organización Mundial de la Salud.

-La derogación de la ley que restringe la venta de misoprostol.

-Que se cumpla con la ley de educación sexual integral, y se garantice su laicidad

-Formación obligatoria en género y derechos de las mujeres en todas las carreras universitarias y terciarias, especialmente las relacionadas con la salud, la justicia, la docencia y la economía.

-Que se garantice la provisión y acceso a métodos anticonceptivos y preservativos en todo el sistema de salud.

-Que se cumpla con la Ley de prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Ley 26.485).

-La separación Estado e Iglesia. Repudiamos el proyecto de ley -mal llamada- de libertad religiosa.

-Presupuesto, jerarquía institucional y voluntad política para el cumplimiento de las leyes que garantizan nuestros derechos sexuales y reproductivos.

Además:

-Nos solidarizamos con Abril, la médica de El Maitén injustamente acusada por garantizar el acceso al derecho de una interrupción legal del embarazo a una joven de 17 años, en el marco que estipulan las normativas vigentes. Repudiamos el fallo del juez Colabelli y exigimos la absolución.

-Exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado. El Estado es responsable.

-Exigimos aparición y justicia para Johana Chacón, Soledad Olivera, Gisela Gutiérrez, y todas las mujeres y niñas desaparecidas y víctimas de femicidio.

Las democracias latinoamericanas tienen una gran deuda con las mujeres, las personas trans y los varones en torno a la integralidad de los derechos sexuales y reproductivos.

Estos deben implicar educación sexual para decidir, acceso a la anticoncepción para evitar los embarazos no deseados, información sobre aborto seguro para no poner en riesgo nuestra salud, aborto legal para sacar de la clandestinidad las decisiones sobre nuestros cuerpos.

 


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