Desde el inicio del mandato de Alfredo Cornejo la deuda pública de la provincia no ha parado de crecer y hoy suma más de $35.400 millones. La inestabilidad cambiaria no parece ser una señal alentadora para Mendoza, que ya acumula 44% de su endeudamiento en dólares. ¿Cuáles son las consecuencias para las y los mendocinos de a pie? Te lo explica el economista Dante Moreno.
Foto de portada: Ministro de Finanzas nacional Luis Caputo, presidente del BID Luis A. Moreno y Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza (Prensa Gob. Mza.)
Los discursos de austeridad con los que Alfredo Cornejo se convirtió en gobernador de la provincia de Mendoza parecen ser cosas del pasado y, en todo caso, parte de una estrategia electoral que sirvió, exclusivamente, para llegar al poder. La deuda pública de Mendoza creció en los últimos dos años y medio de manera desmedida, en tanto que el mandatario avanza con los recortes sobre el “gasto” público.
EL OTRO entrevistó al economista Dante Moreno para entender cuál es la deuda y si la ciudadanía corre algún riesgo ante el aumento incesante del dólar.
¿Cuál es el tamaño actual de la deuda pública de Mendoza?
Al 31 de marzo de este año la deuda consolidada mendocina supera los $35.400 millones. Desde diciembre de 2015 hasta el 31, el endeudamiento se incrementó en un 142,7% de punta a punta.
¿Hay algún cambio en la manera en que la provincia tomó deuda en los últimos 10 años?
A partir de la administración Cornejo se instrumentó endeudamiento vía la emisión de bonos de deuda en dólares y pesos. Esta modalidad se pudo implementar a partir del fuerte desendeudamiento en moneda extranjera instrumentado por el anterior gobierno nacional.
¿Qué porcentaje del PBI significa esta deuda?
En el caso de Mendoza, la deuda vigente al 31 de marzo de 2018 es equivalente al 15,4% del Producto Bruto Geográfico provincial en valores corrientes. En 2015 esa relación era del 10,6%.
¿Cómo son las relaciones entre lo que se debe en dólares y en pesos? ¿Y cuánto le debemos a acreedores nacionales y de afuera?
La composición de la deuda es de 56,3% en pesos y 43,7% en dólares, del total adeudado.
En 2015 la mayoría de las acreencias estaban en manos del gobierno federal y el Banco de la Nación Argentina (56,6% sobre el total). En el primer trimestre de 2018 los tenedores de bonos emitidos por el estado provincial representan el 47,5% de la deuda vigente. Evidentemente ante un escenario de reconfiguración de la deuda provincial, la discusión no tendrá la misma dimensión entre acreedores internos y externos.
¿Incide la devaluación del peso en la apreciación de la deuda?
Indudablemente el gobierno provincial está a expensas de los vaivenes del tipo de cambio, un ejemplo de lo planteado es el “Bono Mendoza 2024”, del cual se deben pagar intereses semestrales que anualmente representan 41,8 millones de dólares. Cualquier incremento del precio del dólar representa una mayor necesidad de pesos para comprar los dólares equivalentes al pago de intereses.
¿Es sostenible la deuda actual? ¿Puede el Estado provincial seguir colocando deuda sin problemas?
En el caso de Mendoza importa el volumen y la composición de la deuda, porque a partir del actual escenario económico provincial, retroceso del comercio internacional, un PBG cuyo comportamiento muestra baja incidencia de una recuperación económica invisible y el deterioro del entramado productivo, no se visualiza en el futuro cercano la generación suficiente de fondos que permita afrontar los compromisos de pago generado a partir del incremento de deuda con posterioridad a 2015.
Ante la necesidad de financiamiento, el gobierno puede colocar deuda, previa autorización de la Legislatura, pero lo debería hacer en pesos. No recurrir a préstamos y/o colocación de bonos de deuda en dólares, porque implicaría profundizar un escenario de difícil resolución en el corto y mediano plazo.
¿La deuda pública de la provincia puede afectar la vida de las y los mendocinos?
El pago de intereses y capital del endeudamiento, especialmente la deuda en dólares, afectará en un futuro cercano la asignación de recursos provinciales, ya que deberán incrementarse las partidas presupuestarias para enfrentar los pagos comprometidos.
Sin crecimiento de la actividad económica provincial es muy factible que se restrinjan fondos en otras áreas como salud, educación e infraestructura para reasignar dichos fondos al pago de los acreedores.
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