Por Julio Semmoloni

El reciente informe de la UCA sobre la pobreza confirma el atroz engaño a la expectante población que vio y escuchó al flamante Presidente cuando dio su primer mensaje oficial en el Congreso. Fue la principal consigna de su gestión a estrenarse, la más atrevida posverdad de su relato, y sin embargo un vacío legal inadmisible para el estado de derecho, impide hallar el antídoto punitivo que ponga en su lugar semejante contrasentido.

El autor intelectual de este delito aún no tipificado como tal, que transgrede con vehemencia el generoso y benévolo marco de la política en democracia, debería recibir un castigo que penalmente le impidiera al sancionado y a todos aprovecharse solapadamente de la confianza pública. Probablemente haya sido la primera vez que alguien se atreviese a tanto con su discípulo. Si bien no se menoscaba en un ápice la responsabilidad propia del mandatario, en este caso el portador colonizado actuó por reflejo, inducido también por una legalidad laxa que permite el exterminio de la más elemental ética institucional.

Las libertades políticas y el pluralismo ideológico no deberían consentir el “vale todo”, en aras de una permisividad culposa que puede violentar la buena fe de quien respeta honestamente a sus semejantes. En el relato kirchnerista, que intentó menguar dificultades crónicas de la Argentina, no hubo -siquiera esbozado en un acto fallido- la canallesca promesa de reducir a la nada lo imposible. Si afianzados estados de bienestar (Noruega, Suiza o Australia, por ejemplo) no ignoran la persistencia de situaciones de pobreza comparativas, aunque sí hayan erradicado la indigencia, proclamar aquí desde el Gobierno que su misión es eliminar la pobreza mediante una acción pública antagónica a dicho fin, debería al menos significar un contrasentido punible.

Cualquiera que lo piense detenidamente se da cuenta que es inviable legislar correctivamente en esa dirección. Hasta es posible que se consiga el resultado opuesto al noble propósito de limitar tropelías hoy impunes. Parece ridículo explicar las intenciones por enmendar y mejorar los sistemas políticos. Porque los sistemas políticos tradicionales suelen ser manipulados por quienes se conducen según el criterio que desdeña representar la voluntad popular.

Qué queda, entonces. Queda el populismo, esa anomalía indócil de sistemas políticos conservadores, pues el “sistema de gobierno llamado ‘estado de derecho’, no es otra cosa que el reaseguro legal de las inequidades políticas, sociales y económicas ya enquistadas desde el origen del contrato establecido por los sectores dominantes”.

La cruda y vil posverdad echada a rodar por el macrismo desde el mismísimo inicio de gestión, mediante la consigna “pobreza cero”, encubre y revela el propósito central de Cambiemos: desalojar para siempre del poder formal al populismo. Con mayor o menor eficacia, el populismo quiere transformar una situación general inicua para sacar de la miseria a la franja social más postergada a través de la atención prioritaria del Estado. Para ello exige transformaciones que tarde o temprano alteran estructuras liberales pensadas para evitar el cambio en ese sentido.

Cambiemos además debía remover el obstáculo vigente aunque marchito del relato populista, que le había dado sentido común al Proyecto K. El autor intelectual decidió ensuciar con patrañas la coherencia probada y sugestiva del discurso anterior, para sustituirlo, y fraguar un paradigma de excelencia inalcanzable, que redujera a la insignificancia la ardua tarea social realizada durante doce años y medio. Arremetió, pues, proponiendo la utópica consigna como enunciado marketinero del gobierno integrado por patrones y gerentes que desprecian e ignoran a los pobres.

El resultado está a la vista. Lo señala en parte el informe de la UCA, pero se expresó fehacientemente en lxs cientos de miles que se manifestaron durante las jornadas de reclamo y protesta del 6-7-8 M. Recuerdo que al día siguiente de aquel primer discurso de Macri presidiendo, en mi columna del programa periodístico central de Radio Nacional Mendoza, me ocupé en remarcar la enormidad semántica de la consigna “pobreza cero”.

Han transcurrido quince meses, tiempo suficiente para obviar ya sin culpa el beneficio de la duda, ahora sí comprobada la artimaña hasta por el método de doble ciego, en el supuesto que aun sospechemos del sesgo adoptado por el Observatorio de la UCA y el diagnóstico callejero de la flagrante realidad, los cuales parecen coincidir desde miradas tan diversas.

Cabe precisar que los datos con el incremento de la pobreza y en especial de la indigencia, refieren la situación desde diciembre 2015 hasta setiembre 2016. Seguramente, cuando la medición del subsiguiente semestre sea cotejada, el panorama se habrá agravado y estará más a tono con el dramatismo vivido en las jornadas del 6-7-8 M.

Una sana prevención periodística obliga a destacar un par de cosas: la UCA nunca simpatizó con el kirchnerismo, al contrario, y su método de medición de la pobreza fue cuestionado. Las cifras de pobreza brindadas en circunstancias políticas que los medios dominantes aprovecharon para denostar al gobierno anterior, por lo general eran bastante mayores que las registradas por el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) de la CTA. Por ejemplo, hacia mayo de 2014 la UCA señalaba un índice de pobreza de 25,6% a 27,5%, mientras CIFRA situaba en 17,8% la pobreza y en 4,2% la indigencia.

No obstante que el estudio reciente de la UCA continúa sobreestimando la magnitud de la vulnerabilidad social, es de gran utilidad para indicar una tendencia hacia el empeoramiento de la situación, como consecuencia de políticas que implementa el actual gobierno en esa dirección inequívoca. A saber: en sólo nueve meses la pobreza pasó de 29% a 32,9%, casi 4 puntos más. Y abruma que en dicho lapso la indigencia aumentara en casi un tercio al pasar de 5,3% a 6,9%. Del millón y medio de pobres que se suman, cerca de seiscientos mil son indigentes.

Los investigadores de la UCA sentenciaron que “el impacto de la devaluación, las medidas anti-inflacionarias y el rezago de la inversión privada y pública habrían generado un escenario crítico, aún más recesivo y adverso en materia de empleo y poder adquisitivo para amplios sectores sociales”. El eufemístico tecnicismo no alcanza para mitigar el gravoso sentido de la evaluación.

El macrismo hace rato que arrojó a la basura la consigna perversa que obnubiló a incautos y envenenados anti K. Primero intentaron explicar con subterfugios que se trataba de una meta a la que es sabido no puede llegarse. Después se burlaron de quienes tomaron literalmente la frase como genuino propósito. Son así: cínicos, tramposos, chapuceros. Pero sus argucias todavía les procuran renovados créditos para seguir adulterando la representatividad.