Por Alfredo Guevara
Abogado defensor de Nélida Rojas, referenta provincial de la Organización Barrial Túpac Amaru, y de los presos políticos de esa agrupación.
Cuando el gobernador Cornejo designó a Alejandro Gullé como Procurador General, en agosto del año pasado no hubo la oposición que generó la posterior designación de José Valerio para cubrir una vacante en la Suprema Corte de Justicia. En este último caso, las impugnaciones trascendieron el territorio cuyano y vinieron de todo el mundo, fundamentalmente por sus controvertidos fallos misóginos, machistas y homofóbicos. Pero lo cierto es que ambas designaciones se inscriben en una disputa política en la justicia penal mendocina.
Ni bien asumió, el gobernador Alfredo Cornejo apuntó contra uno de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, Omar Palermo (prestigioso penalista que además integra la agrupación Justicia Legítima), por hacer lugar a un habeas corpus planteado por la Asociación Xumek por el abuso de la prisión preventiva. Delineando una avanzada neo punitivista sobre la justicia local, Cornejo realizó declaraciones contrarias al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tal como hiciera su correligionario, el comendador jujeño Gerardo Morales. Una estrategia típica de demagogia punitiva local, sin que influyeran hasta ese momento las lecciones de Durán Barba de polarización electoral y demonización del kirchnerismo.
Con el control de la Procuración, que incrementa su poder en un sistema acusatorio, y la presencia de Valerio en la Corte, las directivas y los aprietes desde la Casa de Gobierno a la Justicia local se convirtieron en una constante, en el marco de la aprobación de reformas procesales e institucionales, de cuestionable constitucionalidad e instrumentadas con suma torpeza.
La presencia territorial de Jorge Lanata, quien oficia no sólo de periodista sino de juez y verdugo allí donde se lo requiera, y la denuncia efectuada por la diputada funcional al gobierno, Margarita Stolbizer, terminaron de perfilar lo que sería la ingeniería para una persecución política que no se vivía en Mendoza desde 1983. Se reordenó así una alianza provincial entre sectores políticos, mediáticos y judiciales, agregando al punitivismo propio de estas tierras la estrategia de su correligionario el Comendador contra la Organización Barrial Túpac Amaru.
El encarcelamiento de Milagro Sala y los antecedentes jujeños en mano, habilitaron la actuación de la fiscal mendocina Gabriela Chaves, quien tenía dormidas viejas denuncias basadas en hechos que ni siquiera constituyen delitos.
Junto con el Fiscal Adjunto, Gonzalo Nazar, quien supervisó y colaboró activamente, designaron una actuación cuyo profundo sentido político no puede ser negado. Se extiende el enemigo y la experiencia punitivista es utilizada contra una organización barrial con el objetivo de convertirla en una asociación ilícita.
Para lograrlo utilizan un consabido mecanismo: forzar graves calificaciones legales sin ninguna seriedad para justificar la detención. Toman una vieja denuncia por amenazas simples y burdamente la convierten en una coacción agravada, simulando que una obra en construcción deshabitada es una residencia habitual. Toman los conflictos ocasionados con la exclusión de algunos socios por parte de la Municipalidad de Lavalle de planes de vivienda, criminalizando la actividad normal y habitual de una organización popular, convirtiendo la solidaridad y colaboración de todos los miembros en el delito de extorsión. Y finalmente, incluyen la inefable calificación de asociación ilícita. Todo esto incurriendo en escandalosas violaciones del derecho de defensa, como por ejemplo no permitir a los abogados defensores intervenir en las declaraciones testimoniales y ordenar pericias sin control de las partes.
El carácter claramente político de este caso tiene insondables derivaciones. La ofensiva se cobra sus primeras víctimas, con Nélida Rojas, su marido, su hermano y sus dos hijas privadas de libertad y 38 dirigentes imputados acusados de ser parte de una asociación ilícita, en el medio de espectaculares operativos que generan una corriente extremista de derecha que saca a la luz los peores prejuicios de clase, raza y género en un año electoral.
Se avizora un enfrentamiento importante, ya que la Justicia mendocina no es la justicia jujeña. Una jueza rechazó la primera orden de allanamiento, y la que lo aceptó fue presionada por el miembro de la Corte recién designado por el radicalismo, mientras varios juzgados rechazan su competencia sin que haya juez que controle la arbitrariedad cometida. En noviembre del año pasado la Suprema Corte -por unanimidad- dejó en libertad a un ex intendente justicialista acusado de actos de corrupción. Consideró probados esos actos, pero ordenó liberarlo por no admitir la utilización de la asociación ilícita como excusa para encarcelar.
Mientras tanto a nivel nacional, la Procuradora Alejandra Gils Carbó solicitó ante la Corte Suprema de Justicia la liberación de Milagro Sala, por considerar que su detención es arbitraria. En tanto se encuentra pendiente esa decisión, el alineamiento de Cornejo y Morales no pareciera que fuese a rendir los mismos frutos de Jujuy en Mendoza. Aquí, sin mayoría automática del Ejecutivo, es de esperar que la Corte sea coherente con su jurisprudencia, desmonte la farsa fiscal de la asociación ilícita, y otorgue la libertad a los perseguidos de la Túpac Amaru.
El alineamiento de la Corte y la proscripcion de una organización opositora. Demasiada pretensión para la avanzada punitivista.
