El Instituto Provincial de la Vivienda y la Municipalidad de Godoy Cruz entregaron casas sin terminar en el Barrio Sol y Sierra. Las familias deberán comenzar a pagar sus créditos UVA pero todavía les deben puertas, ventanas, instalaciones de artefactos y servicios públicos esenciales, entre otras condiciones básicas de una vivienda digna.
Fotos: Cristian Martínez
De acuerdo con nuestra Constitución Nacional, el Estado debe garantizar a las y los habitantes el “acceso a la vivienda digna”. Es por eso que es válido que cada corte de cintas en un barrio sea motivo de celebración, de reconocimiento a los funcionarios que cumplen con sus responsabilidades, no solo por las edificaciones sino fundamentalmente por la construcción de ciudadanía.
A principios de este mes el gobierno les dio las llaves de sus nuevas y hermosas casas a familias de Godoy Cruz que vivían en terrenos fiscales, en condiciones precarias. Curiosamente, ni el gobernador Alfredo Cornejo Neila, ni el ministro de Economía Martín Kerchner Tomba, se arrimaron hasta el cercano oeste para abrazarse con los beneficiarios y tomarse las habituales fotos de ocasión.
Será que el piedemonte godoycruceño no resulta el escenario más propicio para actos protocolares. Tal vez el Barrio Sol y Sierra sea uno de esos parajes invisibilizados social y políticamente. Pues, no parecen ser estas las únicas razones de las ausencias de las autoridades provinciales para festejar la buena nueva. La realidad es que las casas no fueron terminadas y todavía siguen así.
Para la foto
El 2 de noviembre, la prensa oficial de la Municipalidad de Godoy Cruz informó que “brindó solución habitacional a las familias residentes del Asentamiento La Lonja, cooperativistas de la Cooperativa Sol y Sierra, actualmente en liquidación, y residentes históricos del Asentamiento Dique Maure”(sic).
El comunicado fue acompañado por tres fotografías. En dos de las imágenes se observa a familias sonrientes junto a sus casas nuevas. En la tercera (ver arriba), al intendente municipal Tadeo García Salazar junto el presidente del IPV Damián Salomone recorriendo el flamante barrio.
Las fotos oficiales son auspiciosas, aunque a los responsables de la puesta en escena propagandística se les pasaron algunos “detalles”. Al lado de García Salazar y Salomone salta a la vista la falta de terminaciones gruesas en la entrada de una de las casas y dos puertas sin picaportes apoyadas sobre una abertura, lo que no son más que las puntas de un ovillo de falencias con las que fueron entregadas las “soluciones habitacionales”.
“Se relocalizaron 108 familias del pedemonte”, tituló el comunicado oficial. “Relocalizaron 108 familias del piedemonte de Godoy Cruz”, reprodujo diario Uno. “Relocalizan a 108 familas de tres asentamientos de Godoy Cruz y les dan unas casas nuevas”, reforzó Los Andes. En tándem funcionaron, como si gobierno y medios hegemónicos fuesen patas diferentes de una sola mesa, ilustrada con las mismas imágenes y prejuicios. Son “relocalizados”, como si no tuviesen autonomía ni dignidad, son “trasladables”. Se habla de los pobres, sus asentamientos y vulnerabilidades, como si de las oficinas de los comunicadores pudiera conocerse el sentido real de cada una de las palabras que repiten.
¿Viviendas dignas?
EL OTRO visitó el Sol y Sierra para analizar de primera mano la situación actual del barrio y conversar con las y los vecinos acerca de las condiciones en las que se encuentran. De acuerdo con los testimonios recabados, las viviendas a estrenar les fueron entregadas el 1 de noviembre, en el hipermercado Libertad, en una de las oficinas de la Municipalidad de Godoy Cruz.
“No nos dejaron ver las casas que nos estaban entregando, pero nos dijeron que sí o sí teníamos que recibirlas y firmar los papeles si no queríamos perder la oportunidad”, relató uno de los vecinos a este diario. Lo que la Municipalidad evidentemente quería ocultarles era el estado inconcluso de las obras, que verificarían las familias con desazón horas más tarde.
Vanesa nos muestra su casa nueva y expresa sentimientos encontrados. Nadie le regaló nada, le corresponde por derecho una “vivienda digna” que pagará mes a mes mediante un crédito UVA. Hasta el mes pasado vivía con su familia en La Lonja, en un hogar que construyó durante muchos años y que el gobierno la obligó a destruir para ser “relocalizada”.
Hasta el nuevo barrio se vino acompañada de su familia y con todos sus bienes a cuestas, con la esperanza de un futuro mejor. Pero comenzaron los sinsabores cuando fueron descubriendo que faltaban cosas elementales y que hasta peligraban por las deficientes instalaciones de los servicios públicos.
Cuando llegaron la puerta de entrada estaba trabada, por lo que tuvieron que ingresar por la del patio. “Problema menor”, pensó Vanesa, pero luego supo que no era el único. Al ingresar al baño -sin puerta- se encontró con el bidet sin instalar. Tampoco halló las puertas de las habitaciones, ni pudo utilizar el agua caliente debido a que el calefón no había sido conectado y la vivienda no fue vinculada a la red de gas natural. Sin contar, además, que el desagüe de la cocina no evacuaba la bacha donde pretendía lavar los platos.
“Por lo menos la puerta de entrada está, en cambio la ventana del living brilla por su ausencia. En la primera lluvia que hubo el agua se metió por todos lados”, describió Vanesa como tratando de ver los lados lleno y vacío de un vaso que debe aguantar por su condición social. “Ellos creen que el pobre sabe ser pobre y que estas cosas no nos afectan”, define con claridad la joven que vive con su compañero y dos hijos.
Las falencias de este hogar se reiteran en otros tantos que pudo corroborar EL OTRO. Basta con observar las fotografías que forman parte de esta nota para dar cuenta de la veracidad de los testimonios. Aunque lo imperceptible en las imágenes es el riesgo al que se encuentran expuestos cientos de personas, sobre todo niñas y niños, que conviven con instalaciones eléctricas al aire libre y redes de gas domiciliarias que presentaron fugas no resueltas por la empresa responsable.
La comunidad se organiza y reclama
Las familias, con razón y derecho, se sienten estafadas. Las casas no solo están incompletas, además la empresa constructora les hizo firmar unas planillas preimpresas en las que constan los artefactos que supuestamente habían sido instalados. Una mera observación comprueba que lo que está escrito en el papel se contradice con la realidad. “No queremos meter mano nosotros para no tener problemas después”, explica un vecino que aguarda, ya impaciente, servicios básicos y seguridad.
Tras días de indignación puertas adentro. La comunidad comenzó a organizarse para reclamar lo que le corresponde. Jaquelina le contó a este medio que se encargó de conseguir que el resto de sus vecinos firme una planilla para mostrar su disconformidad con las gestiones del IPV y de la empresa BGP S.A., adjudicataria de las obras.
En los próximos días, las familias afectadas por la incompetencia oficial exigirán una solución al Instituto Provincial de la Vivienda y a las autoridades del gobierno que deban hacerse cargo.
