En conferencia de prensa, SUTE y CTA de los Trabajadores anunciaron acciones legales y gremiales contra las medidas autoritarias y arbitrarias de la DGE contra la docente de Junín, Carolina Gutiérrez, quien utilizó lenguaje inclusivo en su horario de trabajo.
Fotos: Gentileza SUTE y CTA
A través de un acto administrativo, la Dirección General de Escuelas (DGE) trasladó “preventivamente”, del cargo de vicedirectora de la Escuela Blanco Encalada de Junín, a la docente Carolina Gutiérrez, por haber utilizado el lenguaje inclusivo durante un saludo al alumnado. En una conferencia de la cual participó la docente; el Secretario General de la CTA de los Trabajadores, Gustavo Correa; la representante legal del sindicato, Janet Maldonado; el Secretario General del SUTE, Sebastián Henríquez; y los Secretarios Generales de la CGT y SATSAID, Luis Márquez y Marcelo Aparicio, entre otros dirigentes gremiales y sociales; se dieron a conocer las acciones administrativas y judiciales que se llevarán adelante a través de la CTA.
En primera instancia, Correa emplazó vía carta documento al titular de la DGE Jaime Correas, a que adopte las medidas correspondientes a fin de denunciar a los padres que agredieron y amenazaron a la docente durante las asambleas desarrolladas en la escuela, conforme a las penas que establecen tanto el Código de Faltas Provincial como el Protocolo de Violencia en las Escuelas de la DGE.
Por otra parte, el dirigente gremial presentó una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y actos discriminatorios, contra el Director de Asuntos Legales de la DGE, Francisco Fernández; y el Sub-director Delegado Regional de Zona Este de la DGE, Hugo Martín. Ello se debe a que según las propias declaraciones mediáticas de los denunciados, Gutiérrez fue separada por su condición de militante y sus ideas políticas, sin haber acreditado que la docente hubiera trasladado su ideología política a la educación que se brinda en la escuela. En cuanto al incumplimiento, responde a su inacción frente a la situación de maltrato de los padres hacia la docente, que ambos presenciaron.
Asimismo, se presentará un amparo sindical, ya que no solo el traslado lo dispuso un órgano incompetente para resolver al respecto (corresponde a la Junta de Disciplina), sino que se vulneró con la tutela sindical que ostenta Gutiérrez por formar parte de la Comisión Ejecutiva de la CTA de San Martín. Por último, la CTA y el SUTE elevaron un pedido formal al presidente de la Comisión de Derechos y Garantías del Senado, Samuel Barcudi, para solicitar una audiencia en la cual los dirigentes gremiales expongan la vulneración de derechos hacia la docente.
“Han intentado instalar en la opinión pública una presunta situación de proselitismo, a raíz de una actividad de entrega de tarros de pintura para las aulas de la escuela, que fueron recibidos por los padres de la cooperadora, quienes en definitiva son quienes solicitaron colaboración ante la falta de respuestas de la DGE. Cuando hablamos de inclusión también nos referimos al estado lamentable de las escuelas, pedimos equidad y que se discuta la política educativa desde otro lugar, sin demonizar ni perseguir a los trabajadores y trabajadoras que son quienes sostienen la escuela pública, pese a los obstáculos que afrontan a diario”, indicó Correa.
Además, responsabilizó al Intendente de Junín y candidato a vicegobernador, Mario Abed, “por la integridad física de la compañera y su familia, ya que más del 60% de padres que firmaron la nota contra Carolina, militan y adhieren al partido del Intendente”.
SUTE anunció acciones legales y gremiales contra la persecución del gobierno. El sindicato presentará acciones puntuales contra el funcionario Hugo Martín, delegado regional de la Zona Este de la DGE, por haber violado todos los derechos sindicales y de representación con su accionar. La semana que viene se planteará la situación y los reclamos en la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura. Además, se realizarán acciones públicas de desagravio.
Con respecto al caso de Carolina, Sebastián Henríquez afirmó que “cualquier compañero o compañera tiene derecho a utilizar el lenguaje inclusivo, no solamente porque es uno de los dispositivos contemplados en el área de la ESI sino porque básicamente no daña a nadie, no segrega, no ofende moralmente y no está prohibido por la ley. Hay dos cuestiones básicas que uno tiene que preguntarse en el marco de la tolerancia democrática. Si esto daña a alguien y si está prohibido por la ley. Lo que está haciendo la DGE es usar un clásico mecanismo de persecución política y busca otros elementos que justifiquen la posición de persecución política que ya tenía tomada de antemano.”
“No hay que pensar que a Cornejo hay que dejarlo 4 años más porque se tiene que deconstruir”
