El gobierno provincial ofreció en paritarias $ 1000 y $ 2000 de “ayuda” para los estatales que cobran hasta $ 30 mil y $ 20 mil, respectivamente. Las sumas están muy lejos de la pérdida del poder adquisitivo que los trabajadores sufrieron este año. Mientras tanto el gobierno de Cambiemos le perdonará a EDEMSA –del Grupo Vila-Manzano- una deuda de $ 1340 millones.
Fotos: Coco Yañez
Nadie niega a esta altura el retroceso del poder adquisitivo de los trabajadores durante este año, ni siquiera los gobiernos nacional y provincial. Es por eso que en ese marco, la gestión del presidente Mauricio Macri acordó con el triunvirato de la CGT un paliativo, bajo el eufemismo de bono de fin de año, que marcaría el piso de compensaciones y discusiones, sector por sector.
En el ámbito privado formal la situación es muy dispar, para ciertas actividades la negociación sigue en cero, en tanto que -en el otro extremo- algunos sindicatos han planteado la exigencia de un bono de hasta $ 26 mil. En el medio hay quienes, como el caso de los bancarios, cerraron un acuerdo por un compensatorio anual de $ 8 mil a 12 mil. Y al margen están los trabajadores informales, más llamados “en negro”, que dependerán de la voluntad del patrón.
En el sector público nacional, el Ejecutivo ya dispuso un pago extra de entre $ 2000 y $ 3500 para los empleados estatales, dependiendo del escalafón. $ 1000 recibirán los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, y la misma suma fija percibirán jubilados y pensionados que se encuentran por debajo del beneficio mínimo de $ 5661.
El bonito de Cornejo
En las provincias el panorama es variopinto. En el caso de Mendoza el viernes pasado, en la Subsecretaría de Trabajo, los sindicatos estatales escucharon de boca de los representantes patronales la propuesta de una “ayuda económica extraordinaria” según el sueldo de cada uno de los trabajadores: $ 2.000 para quienes perciben menos de $ 20 mil mensuales y $ 1000 para los que tienen haberes entre $ 20 mil y 30 mil.
Con entrada custodiada, Educación y Salud fueron los primeros en recibir la propuesta oficial en la Subsecretaría de Trabajo.
En la mayoría de las declaraciones públicas de las conducciones sindicales se escuchó la queja por la insuficiencia del ofrecimiento oficial y la posible exclusión de trabajadores precarizados (contratados, prestadores de servicios, etc.) y estatales que tienen ingresos por encima de la escala propuesta por el gobierno, quienes también han sufrido una merma en el poder de compra y son alcanzados en muchos casos por el impuesto a las ganancias o “confiscación al salario”.
Un regalo no se le niega a nadie
La expresión sindical más curiosa fue la que pronunció la secretaria general del gremio que nuclea a los profesionales de la salud. La Dra. Isabel del Pópolo de AMPROS –sindicato con buen diálogo con el cornejismo- dijo que la ayuda es insuficiente, que deja afuera al 50% de los trabajadores de la salud, pero que rechazarla sería negar un “regalo” para sus colegas.
Más allá de esto, casi la totalidad de los dirigentes plantearon la necesidad de consultar con las bases, en asambleas o plenarios, para que sean los propios trabajadores y trabajadoras los que decidan las respuestas que se les trasmitirán a los miembros paritarios del gobierno, en el transcurso de esta semana. Habrá entonces acuerdos o, probablemente, un cierre del diálogo por decreto, como ya ocurrió en varias ocasiones.
La tortuga no alcanza a la liebre
Si se corre el telón de la “ayuda extraordinaria” provincial, la discusión de fondo -de cara a las paritarias 2017- debería plantearse en cuán lejos o cerca están los trabajadores de equiparar el golpe que la inflación y el tarifazo le asestaron a sus bolsillos este año, y si es posible un recomposición salarial futura.
Los datos duros no parecen muy halagüeños para los estatales. Tomemos por caso representativo el de los docentes. Tal como informara EL OTRO, una investigación reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), reveló que las maestras mendocinas perdieron más del 10% de su poder adquisitivo en sólo un año, lo que representa la baja más pronunciada de todo el país.
Siguiendo el estudio de CEPA, una maestra de Mendoza, de enseñanza común, con jornada simple y 10 años de antigüedad, debería cobrar -en promedio- un bono de fin de año de $ 18.215, para recuperar el poder adquisitivo del 2015. Bastante lejos del “ayudín” de $ 1000 o $ 2000 que puso el gobierno sobre la mesa de negociación.
¿Cómo se corta el bacalao?
Según datos del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Escuelas (DGE), a los que pudo acceder EL OTRO, el 68% de la totalidad de los trabajadores de la educación cobrará el plus de $ 2000, 21% recibirá $ 1000 y 11% absolutamente nada. Si consideramos un universo de alrededor de 60 mil maestras, profesores, celadores, secretarias, auxiliares, etc., dependientes de la DGE, la erogación del Estado para pagarles la “ayuda extraordinaria” rondaría los $ 94 millones.
Es mucho dinero y representa un esfuerzo presupuestario significativo, más aún si se tiene en cuenta que el propio Ministro de Hacienda, Martín Kerchner, no hace mucho dijo que las arcas provinciales no contaban con recursos para afrontar esta erogación y que sólo se podría pagar el bono de fin de año de existir auxilio nacional.
Sin embargo, esos $ 94 millones puestos en perspectiva pueden resultar una cifra menor. La Ley de Presupuesto Nacional, por ejemplo, prevé una condonación de deuda de la empresa EDEMSA, del Grupo Vila-Manzano, por un monto total de $ 1340 millones.
Haciendo números rápidos, si en lugar de perdonar lo que le debe al fisco una sola distribuidora eléctrica mendocina –que también fue y será beneficiada por el tarifazo de luz-, se destinase la suma no pagada a los trabajadores de la educación en partes iguales, cada maestra recibiría una compensación de más de $ 22 mil.
El Estado siempre es benefactor. La cuestión es a quién los gobiernos deciden beneficiar.
