Comenzaron las negociaciones, entre el Instituto Provincial de Juegos y Casinos y la conducción del sindicato del sector, para reubicar a 54 trabajadores y trabajadoras despedidos tras el cierre de los anexos de Tupungato y Tunuyán.
Desde diciembre de 2015, el plan de ajuste del gobierno provincial sobre el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) se cobró 200 puestos de trabajo. Los últimos 54 despidos se produjeron en mayo de este año, cuando, con la excusa de la lucha contra la ludopatía, el gobernador Alfredo Cornejo ordenó el cierre de las salas de juego de Tupungato y Tunuyán.
Lejos de eliminarse la adicción a las apuestas, la medida arbitraria del IPJyC provocó una caída estrepitosa de los ingresos públicos derivados del juego oficial y benefició en forma directa al casino privado del Hotel Fuente Mayor, que se constituyó, desde el cierre de los anexos del Valle de Uco, en el centro de los apostadores de la región.
A pesar de todo, en los últimos días se abrió una luz de esperanza para los trabajadores y trabajadoras cesanteados. Luego de una larga lucha sindical y judicial sostenida por la Unión del Personal de Juegos y Casinos de Mendoza, las autoridades del Instituto abrieron una mesa de negociación para reubicar a los 54 empleados.
De acuerdo con un comunicado difundido hoy por la organización gremial, este martes “en la Subsecretaría de Trabajo se reunieron los representantes de UPJCM y las autoridades del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC). Los funcionarios presentaron un esquema organizativo con los puestos que ocuparían l@s obrer@s que se vieron afectados por la polémica medida del Ejecutivo. Se les respetará el cargo que ostentaban y cumplirán funciones en el mismo organismo, así como en el Ministerio de Salud, Deportes y Desarrollo Social de Mendoza”.
En diálogo con EL OTRO, el secretario general del sindicato, Martín Cain, explicó que fueron convocados por las autoridades del Casino “para tratar de realizar un orden de méritos, dentro de los 54 compañeros de trabajo despedidos, y a partir de ahí empezar a reubicarlos, ya sea en el Instituto o en algunas otras áreas del Estado”.
¿Cuáles serían los pasos para concretar las reubicaciones?
Ayer hemos firmado un acta donde el Instituto pone a disposición cargos vacantes dentro del organismo, y además nos han planteado que hay un expediente del Ministerio de Salud solicitando empleados en el Valle de Uco.
La idea es que, a través de una Junta Asesora, entre el sindicato y las autoridades organicemos un orden de méritos, teniendo en cuenta la antigüedad, las cargas de familia y otros antecedentes, y empecemos con el proceso de reubicación lo antes posible, así logramos que se cumpla antes del vencimiento del “estado de disponibilidad”.
¿Cuándo vence ese plazo?
Después de un amparo judicial que nosotros presentamos, los compañeros quedaron en situación de disponibilidad desde el 1 de agosto. Esta condición se debe mantener durante seis meses. Es decir que, durante este tiempo, el Estado los debe reubicar en el Instituto o en otros organismos provinciales.
Según Caín, entre el jueves y viernes se llevará a cabo un nuevo encuentro con los miembros del IPJyC para seguir avanzando y garantizar así la continuidad laboral de este medio centenar de familias.
