El proyecto para ampliar la Suprema Corte de Justicia amenaza la cultura institucional de Mendoza y derriba por completo la aparente tradición republicana de la Unión Cívica Radical. Insaciable en su obsesión por el control absoluto, el gobernador pretende someter a sus designios al único poder que marcó cierto límite a su avanzada contra el Estado de Derecho. La asonada sobre el Poder Judicial pretende perpetuar una estructura institucional acorde al interés de las minorías a las que tributa y, en última instancia, forzar su última chance reeleccionista.
Las condiciones en las que Cornejo asumió en 2015, generaron una conclusión casi unánime: hacía mucho tiempo de que un gobernador no gozaba de tanto poder político.
Por si fuera poco, a la mayoría propia en ambas cámaras legislativas, acumularía en su primer año la colaboración de la primera fuerza opositora, y el ahogo y dispersión de importantes organizaciones sindicales tras un agresivo disciplinamiento.
Sin embargo, el primer gesto díscolo no tardó en aparecer y a pocos días de asumir, Cornejo recibió su regalo navideño, en clave de insolencia. La Suprema Corte resolvió un hábeas corpus que limitaba las detenciones arbitrarias y el uso de la figura de la prisión preventiva, condicionando tangiblemente el programa del Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal, think tank en el que Cornejo delegó su plan de reformas en seguridad y justicia.
Aquel momento selló una tensión con la jerarquía judicial que persiste. A pesar del aval político conseguido para implementar numerosas reformas, al compás de las designaciones y consecuente activismo de Gullé en la Procuración y Valerio en la Corte, Cornejo parece insatisfecho.
Hacer la Corte
Bajo ese marco, el gobernador intenta zanjar definitivamente la disputa a su favor, proponiendo elevar a nueve el número de supremos y alcanzar el exclusivo galardón de la mayoría automática. A lo Menem, en los cercanos 90. Espejo de Morales, en el Jujuy de hoy.
La facultad del Poder Ejecutivo para introducir esta modificación está contemplada en la Constitución, que solo especifica un mínimo de siete integrantes para su conformación.
El diagnóstico oficial asume una asimetría perdidosa entre el bloque de ministros permeables (Lorente y Valerio) ante el conformado por Palermo, Gómez y Pérez Hualde. Escenario sobre el que pendulan circunstancialmente Adaro y Nanclares (este último elegido ayer presidente del órgano por los próximos dos años, presumiblemente por esa cualidad de ariete). Muy lejos de este cálculo se sitúa la necesaria independencia del Poder Judicial y la división de poderes.
El encargado de presentar el proyecto de reforma fue el senador Juan Carlos Jaliff, en coautoría con sus pares Marcelo Rubio y Adrián Reche. La selección del embajador de la iniciativa no es aséptica: hombre de vasta experiencia en el mundillo de la rosca legislativa, Jaliff cuenta con el fresco antecedente de tantear con los caciques justicialistas un borrador de reforma constitucional, reelección incluida, a espaldas del concienzudo trabajo de la vicegobernadora Laura Montero.
Ni siquiera una lectura desprevenida del escueto proyecto –consta de 16 artículos- perdería de vista la intención oficial de cooptar al Poder Judicial. La proclama mediática que promete agilizar y efectivizar procesos judiciales a través de esta reforma, no parece corresponderse con el sentido común.
El texto del proyecto centra su objetivo en doblegar esa supuesta adversidad (o independencia judicial) sumando dos aliados al oficialismo y fragmentar la incidencia de quien consideran como cabecilla opositor: Omar Palermo, defenestrado públicamente en reiteradas ocasiones por el mismo Cornejo. En este sentido, la propuesta plantea la división de la actual Sala II (integrada actualmente por Palermo, Adaro y Valerio) abocada a las causas penales y laborales, que acumula varios fallos adversos al interés del Ejecutivo.
Este camino sin retorno, emprendido por el radicalismo sobre sus presuntos valores republicanos, uniformó las reacciones de quienes se oponen a la afrenta. El peronismo advirtió a través de un comunicado que “la suma del poder público es una tentación de autoritarismo que puede poner en riesgo ciertas libertades y derechos”, algo que refrendó sin eufemismos la senadora Patricia Fadel: “Esto me preocupa, me hace acordar mucho a la época de Menem cuando también hizo una Corte afín”. Desde el FIT, Noelia Barbeito también interpretó que “se intenta crear una corte adicta directamente al poder”.
Quienes conocen la mecánica judicial ridiculizan los fundamentos oficiales en torno a la agilización de los procesos, pues ubican el embudo que ralentiza las sentencias en los tribunales inferiores. De ahí que aseguran que aumentar el número de miembros de la Corte no tendrá ningún efecto sobre el problema.
Mientras más se propaga la embestida oficial, se multiplican los rechazos. Diferentes organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos analizan expresarse en las próximas horas al considerar el proyecto oficial como una amenaza a la democracia, correlato local de las reformas planteadas desde el gobierno nacional.
Por si faltara aclarar la distorsionada visión de Justicia del gobernador de Mendoza, valga su opinión sobre la renuncia de Gils Carbó: “es un gran alivio”, espetó, mientras sinceraba que “necesitamos una Justicia independiente y progestión”.
Fuego amigo
El gobierno desea que la reforma propuesta sea aprobada cuanto antes para no dilatar discusiones y evitar el desgaste y la especulación propia de una modificación institucional sensible e inédita. Por eso la lanzó al cobijo del triunfo electoral y con cierta seguridad de que su mayoría legislativa le diera tratamiento exprés, habilitando el proceso de postulación para ocupar los dos cargos supremos.
Sin embargo, el primer escalón en el tránsito del proyecto fue obstaculizado inesperadamente ayer en la sesión del Senado. El oficialismo no logró quórum y la reunión legislativa se postergó extraordinariamente para el viernes próximo.
Lo curioso es que el cálculo del Ejecutivo se frustró producto de que los senadores radicales Walter Soto y Raúl Ferrer solicitaron más tiempo para analizar el proyecto. Más allá de la excusa esgrimida, el dúo rebelde sangra por la herida y dice sentirse maltratado por el gobernador, recordándole la factura.
La amenaza fantasma
La voracidad y descaro sobre el orden democrático e institucional que pregona el mandatario, da sustento a quienes especulan que una Corte adicta posibilitará una última chance por conseguir su reelección.
Forzando al máximo su legitimidad, el lance debería retomar el proceso de reforma constitucional inconcluso en 2001. En aquel año la reforma a la Carta Magna fue apoyada por un plebiscito, aunque no logró la mayoría necesaria indicada en la Constitución, estipulada -en un fallo precedente, justamente de la Suprema Corte- en la mitad más uno de la totalidad del padrón.
En diversas oportunidades ese criterio fue sujeto a discusión, e inclusive, durante la gestión de Francisco Pérez se estudió la posibilidad de forzar un nuevo pronunciamiento de tribunal superior. Situación que el godoycruceño podría imponer con mayores garantías de éxito.
Lo preocupante, más allá del dislate reeleccionista, es que la reforma planteada por el gobierno provincial perpetuará en las instituciones del Estado la defensa de los intereses de las minorías a las que obedece y tributa Cornejo, el gobernador de la mano dura.
