Los recortes en el PAMI empiezan a llevarse puesta la salud de abuelos y abuelas de Mendoza. Casos extremos por falta de contención. Una ONG inicia acciones judiciales para protegerlos.
Fotos: Coco Yañez
Cada vez más “beneficiarios” del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) se ven privados de servicios elementales para restablecer la salud, o no son contenidos adecuadamente por las delegaciones provinciales de ese organismo.
Ante la desidia e insensibilidad de algunos funcionarios, es frecuente que los ancianos -o familiares- recurran a los medios de comunicación para visibilizar sus problemáticas, y llamar así la atención de las autoridades.
En la redacción de EL OTRO hemos recibido quejas puntuales que pudimos corroborar en la Unidad de Gestión Local (UGL) de PAMI Mendoza. Como la de Irma Zapata, una abuela que no tuvo la posibilidad de aprender a leer y escribir y, lejos de recibir una atención comprensiva, padece la ausencia de un asesoramiento específico que le facilite los engorrosos trámites. O la de Alicia Rojas, apoderada de su madre, quien explicó a este medio que muchas veces no obtiene prestaciones puntuales por la excesiva burocracia.
Abandonados a su suerte
Existen además casos casos extremos, donde la vida y la dignidad están en juego a causa de políticas de ajustes del gobierno nacional.
En enero el PAMI anunció, para todo el país, que limitaría la entrega gratuita de medicamentos a los afiliados. La cobertura del 100% dejó de ser efectiva para quienes cobran más de 1,5 haberes previsionales mínimos (alrededor de $9.000), para quienes estén afiliados a un sistema de medicina prepaga, sean propietarios de más de un inmueble, o tengan un vehículo con una antigüedad menor a 10 años, aeronaves o embarcaciones.
A través de una comunicación telefónica, EL OTRO dialogó con Claudia Bustos, hija de una paciente en grave estado, quien no tiene ningún tipo de contención por parte del PAMI para mitigar, al menos, una dolorosa agonía.
La madre de Claudia tuvo cáncer de mama y, más allá de un extenso tratamiento, esta enfermedad avanzó implacablemente hacia otros órganos vitales. Las políticas de ajuste, que no admiten sensibilidades, también alcanzaron a esta mendocina octogenaria. El PAMI le recortó la cobertura de sus medicamentos. La fría razón: percibe una jubilación mínima y una pensión por el fallecimiento de su compañero de vida que, a ojos del Ejecutivo nacional, son causales de exclusión.
La desesperación de Claudia la hizo peregrinar por distintas oficinas, en las que no obtuvo respuestas favorables y donde, incluso, la impulsaron a mediatizar su problemática para que “desde Buenos Aires tomen cartas en el asunto”.
“Mis hermanas, que son docentes, no pueden tirar manteca al techo. Mi hermano es obrero. Te imaginarás que con nuestros ingresos no podemos costear fácilmente los casi $4.000 de costo mensual de la internación”, graficó Claudia ante la consulta de EL OTRO, trasluciendo en la voz su angustia e impotencia por la desesperante situación en la que está inmersa su familia, en momentos en que la salud de su madre se deteriora progresivamente.
Cuando el único camino es la Justicia
La vulnerabilidad de algunos jubilados y pensionados que, con una salud delicada, dejan de percibir descuentos o ven rechazadas sus necesidades de atención domiciliaria, ha sido contenida por una asociación civil que intenta -en la justicia federal- que el PAMI cumpla con sus obligaciones.
José Luis Ramón es abogado y forma parte de la Asociación Civil Protectora. En esta organización se dedican a encauzar los reclamos sociales de consumidoras y consumidores que ven menoscabados sus derechos por parte de privados u organismos del Estado.
Esta semana, Ramón explicó -en el programa radial En Marcha- cómo es la presentación colectiva que interpuso en el Juzgado Federal Nº 2, a cargo de la jueza Olga Pura de Arrabal.
Protectora intimó a Servicios Médicos Ambulatorios S.A. (SEMA) a que atienda las necesidades de quince jubilados y jubiladas, que no pueden conformarse con la explicación oficial del atraso en los pagos del PAMI a esa empresa tercerizada.
Entre esos pacientes, de acuerdo con el relato de Ramón, se encuentran situaciones similares a las padecidas por la madre de Claudia. El abogado dio detalles del caso de un hombre de muy avanzada edad que, a pesar de sufrir una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no cuenta con la provisión de oxigenoterapia domiciliaria que le permita algo tan simple como vital: respirar.
La empresa privada SEMA, contratada por el PAMI, es el principal efector de servicios domiciliarios en Mendoza. Esta sociedad anónima provee oxígeno, aparatología e insumos para pacientes que tienen prescriptas internaciones en sus hogares. No obstante, en el último tiempo las prestaciones suelen cortarse. SEMA aduce mora en el pago de los cánones acordados con el Estado. La Justicia deberá determinar si se trata de meras excusas o razones legalmente fundadas.
El referente de Protectora se muestra esperanzado. “Esta jueza (por Olga Pura de Arrabal) ha sido muy sensible en este tipo de casos, por lo que creemos que hay posibilidades de un curso favorable de la medida”, expresó el Dr. Ramón, a tiempo que exigió a las autoridades del PAMI que “dejen de joder a nuestros viejos”.
El juego del Gran Bonete
El titular del PAMI a nivel nacional es Sergio Cassinotti quien reemplazó recientemente a Carlos Regazzoni. En la provincia de Mendoza el titular es Carlos Valcarcel, médico personal del gobernador Alfredo Cornejo y profesional de amplia trayectoria en salud pública.
Ninguno de estos tres médicos han dado todavía una respuesta a las decenas de abuelos que se encuentran en las peores condiciones posibles para esperar, enfermos y sin asistencia.
