Bajo la mano invisible del gobierno provincial crecen la especulación y el costo de los productos esenciales, especialmente el de los comestibles. Hoy un kilo de zapallo se paga a $4 en la chacra y a $30 en la verdulería. EL OTRO desgranó un informe del Observatorio Rural y Agrícola de Mendoza que advierte cómo se desvirtúa la cadena de los alimentos saludables.

Fotos: Coco Yañez / Cristian Martínez

La especulación en el costo de los artículos esenciales es uno de los síntomas más visible de la pandemia que acecha. En la mayoría de los países, de los que no llegan noticias, los gobiernos trabajan sobre el tema para evitar que los y las ciudadanas sigan perdiendo poder adquisitivo y para que las golpeadas economías tengan respiro.

En el ámbito local las gestiones del gobernador Rodolfo Suarez para cuidar nuestros bolsillos tienen un efecto prácticamente nulo. La inflación acumulada en lo que va del año en Mendoza alcanzó el  8,3%, superando cómodamente a la media nacional que es de 7,6%;  principalmente por el incremento en el rubro Alimentos y Bebidas. En ese marco los productos agrícolas tienen un capítulo especial, solo en las primeras semanas de cuarentena el aumento en frutas y verduras rondó entre el 50 y el 70%.

A partir de esta escalada el gobierno salió a publicar los precios que se manejan en las principales ferias y mercados concentradores de frutas y verduras y prometió realizar operativos de fiscalización en los barrios. “Nuestros técnicos relevarán datos de cumplimiento de la ley de lealtad comercial y también tendrán en cuenta los valores referenciales de ventas de las mercaderías”, aseguró José Cortez, titular de la Dirección de Fiscalización y Control de Mendoza.

Mientras tanto, en las góndolas de los supermercados, verdulerías y comercios en general la suba no cesa. El ORAM (Observatorio Rural y Agrícola de Mendoza) publicó en los últimos días un informe que se centra en el desfasaje de los precios que se pagan al productor en la chacra y los que asumen los consumidores en comercios del Gran Mendoza.

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El trabajo mencionado tomó como fuente las cifras oficiales publicadas por el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) y los precios que aplican verdulerías del Gran Mendoza. Las conclusiones a las que arriba el estudio es que en el contexto de cuarentena la problemática de la distribución y acopio de alimentos se agravó, puntualmente por los diferentes niveles de concentración que se da en los eslabones de la cadena de comercialización, lo que provoca una “desigual e injusta distribución de la renta al productor y sobreprecios al consumidor”.

En ese sentido, en los extremos de la cadena se sitúan los actores más débiles y los más desprotegidos de las políticas económicas, por un lado la agricultura familiar y campesina que ha dado pruebas concretas de estar a la altura de las demandas sociales, y, por el otro, las y los consumidores informados e interesados en conseguir productos saludables, pero con pocas oportunidades de acceso y presos de los formadores de precios.

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La realidad es que en Mendoza la cadena se desvirtúa en pocos kilómetros. La mayoría de las hortalizas que llegan a las verdulerías provienen del denominado cinturón verde, segundo productor de alimentos en el país que se mantiene activo a pesar de no contar con leyes de protección contra el avance urbano, ni con políticas públicas claras que fomenten su continuidad productiva. “Este sector con aproximadamente 14 mil hectáreas y más de 2000 explotaciones agrícolas en manos de agricultores familiares ha evidenciado en este contexto su rol fundamental para la soberanía y seguridad alimentaria”, señalan desde el Observatorio.

Acciones

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Alrededor de la necesidad de brindar acceso a los productos saludables a las familias de barrios empobrecidos se conformó la Red Solidaria de Producción y Distribución de Alimentos Regionales (RESPALDAR) de la que forma parte la ORAM y en la que participan organizaciones de productores (Unión de Trabajadores de la Tierra, Comunidad Queyunp, Cooperativa Revivir, Asociación de Productores del Sur, Consejo Apícola de Guaymallén y productores independientes), con el apoyo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación.

De acuerdo a los números que maneja la Red, hasta el momento los bolsones de verduras a precios accesibles han llegado en 3500 familias del Gran Mendoza y zona Este.

Conclusiones

La coyuntura pide la intervención del Estado en defensa de los y las ciudadanas y de alguna manera lo obliga a calzarse el rol de protagonista con mano fuerte. En ese marco están los que asumen el reto, los que imitan a los valientes y los que  simulan valentía. Al gobierno de Mendoza por el momento se lo ve con poco aliento para seguir a los segundos y acomodándose entre los terceros.

 


 

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