A propósito de la discusión en Mendoza sobre qué porcentaje del presupuesto del Estado se invierte en educación, especialistas en economía cuestionan -con datos precisos- las maniobras del gobierno y medios hegemónicos para ocultar el desfinanciamiento.

Foto: UNCuyo

Texto completo del comunicado del Centro de Investigaciones en Economía Crítica.

En el contexto de las paritarias docentes, y a partir de la campaña lanzada por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) #MásParaEducación el 5 de febrero, se ha puesto en agenda una discusión sobre la educación provincial, particularmente en lo referido a los fondos públicos que el gobierno destina a este rubro. Quienes escribimos este informe saludamos la preocupación por un tema tan relevante y apoyamos que puedan leerse las diferentes posturas sobre el mismo.

Si bien era esperable encontrar diferentes posturas y argumentos por parte del sindicato y del gobierno, nos ha llamado poderosamente la atención la diferencia a la hora de definir qué porcentaje de los gastos del Estado provincial son destinados a educación. En el informe “La educación en el presupuesto provincial”, en el cual se basó el SUTE, mostramos que la provincia ha previsto destinar un 20,1% de sus erogaciones a educación este año cuando en 2015 dicho porcentaje llegaba al 25,2%. Por su parte, el director general de escuelas Jaime Correas sostiene que el porcentaje para 2018 llega al 33% y que por ello “es insólito que se diga que ha habido un recorte”.

Por otra parte, el 14 de febrero MDZ publicó una nota con el sugestivo título: “La verdad sobre la inversión del gobierno en educación”. Allí se afirma que “el gasto educativo de este año representará el 24,1 por ciento de los gastos totales de la Provincia” y que, dependiendo del criterio utilizado, decir que la provincia destinará un 33% de sus gastos totales a educación no sería incorrecto. La nota dice trabajar con cifras oficiales, y si bien no cita la fuente de esos datos, sí explica los criterios mediante los cuales se llegaría al 24,1% y al 33% difundido por el gobierno.

Además de que consideramos inapropiado el intento de presentar esta información como “la verdad”, en el informe completo mostraremos que los criterios utilizados para llegar a esas cifras son sumamente arbitrarios y carentes de rigor. Asimismo, veremos que aun utilizando los criterios propuestos por el gobierno para los años 2015, 2016, 2017 y 2018 lo invertido en educación viene cayendo precipitadamente, manteniéndose el recorte en todos los escenarios posibles.

Es por ello que en la nota “La verdad sobre la inversión del gobierno en educación”, cuyo objetivo aparenta ser justificar la posición del gobierno, se exhibe un cuadro en donde el ejercicio de contabilidad creativa paso a ser mágica. Una vez recortado el gasto total provincial al no incluir el carácter 5, la coparticipación a municipios y los gastos de la deuda, se desestima un “otros” que en su abstracción afecta prácticamente de manera exclusiva al presupuesto 2018.

Además, la sumatoria de los “gastos” en educación para los años 2016 y 2017 mostrados en el cuadro es menor al número que luego utilizan para hacer la relación de su porcentaje en las erogaciones totales de la Provincia. Por último, agregan elementos que no están discriminados presupuestariamente, como el pago de juicios por el Ítem Zona. Solo a través de estos mecanismos se logra ocultar el ajuste en educación.

Foto: UNCuyo

Si llevamos el análisis a la relación con el Producto Bruto Geográfico podemos apreciar que también existió una merma en el porcentaje destinado a educación. Tal es así que de cumplirse las proyecciones oficiales y lo estipulado en el presupuesto 2018, este año estaríamos por debajo del porcentaje establecido en la Ley Federal de Inversión Educativa, destinándole a la educación menos del 6% del PBG.

Por último, y antes de pasar al análisis técnico propuesto, cabe un sencillo ejercicio para comprobar el ajuste. El presupuesto 2018 contempla $19.780 millones para educación, mientras que en el 2017 se destinaron $17.850 millones. Esto quiere decir que este año se proyecta invertir sólo un 11% más, en un contexto en el que el mismo gobierno proyecta un 15,7% de inflación y las estimaciones de consultoras privadas rondan el 20%.

Foto: Seba Heras

En este marco, el intento gubernamental de imponer que el gobierno “gastará el 33%” de sus recursos en este rubro parece más bien una maniobra mediática para ocultar el desfinanciamiento educativo que un intento por mejorar las problemáticas existentes en el sector. Es válido recordar que el sistema educativo actual está basado en salarios de miseria y se desarrolla en escuelas con enormes problemas edilicios. Más allá del número porcentual que se quiera imponer, es indiscutible que el monto destinado es insuficiente. Esto surge a partir de considerar a la educación como un gasto, palabra utilizada por excelencia en el discurso oficial, y no como una inversión.

 


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