Bajo el pretexto de “evitar propagación de información falsa que intranquiliza a todos”, el diputado provincial oficialista Andrés Peti Lombardi quiere castigar con hasta 20 días de arresto a quien publique fake news. Una nueva amenaza contra la libertad de expresión y las opiniones disidentes.
Por Negro Nasif
Se calcula que durante la gestión de Alfredo Cornejo, el gobierno provincial distribuyó cerca de cuatro mil millones de pesos de pauta oficial entre los medios de comunicación hegemónicos afines a sus intereses.
Decimos “se calcula”, porque el acceso a la información no es un derecho en Mendoza. La estimación se basa en datos parciales que pueden reconstruirse a partir de informes oficiales y las ejecuciones presupuestarias de los últimos cuatro años, pero el número exacto nadie lo tiene, justamente porque la transparencia estatal no existe en nuestra provincia.
Tampoco existe una legislación que garantice la distribución equitativa de los recursos públicos, en base a criterios objetivos, entre todos los medios de comunicación, para así asegurar los derechos constitucionales a la comunicación y la información y no solamente los negocios de las empresas socias de los gobiernos de turno.
Lo que sí existe es un nuevo intento para disciplinar a la opinión crítica, a la información disidente, a los medios de comunicación independientes y contrahegemónicos. Esta vez, quien encabeza la iniciativa de censura es Andrés Peti Lombardi, amigo íntimo de Alfredo Cornejo y su comisario político en la Cámara de Diputados.
La UCR tiene sus urgencias y la persecución de opositores es prioridad. Todavía no explica el gobierno qué hacía Gastón Suarez Duek sobrevolando Mendoza en plena pandemia, ni por qué apretó a medios de comunicación para que borraran esa noticia del hijo del gobernador de la faz de internet. Sin embargo, presuroso, con la excusa del avance del coronavirus, mandó un proyecto a la Legislatura para que ese tipo de informaciones, censuradas en los medios pautados, desaparezcan de las redes y que sus autores terminen multados o en la cárcel.
Este domingo, el bloque de diputados del radicalismo emitió un comunicado para anunciar la mala nueva. Bajo el título “Buscan desalentar la propagación de Fake News”, la bancada oficialista en la Cámara Baja informó que “Mediante una modificación al Código Contravencional, los diputados Andrés Lombardi y Cecilia Rodríguez (UCR) quieren evitar la viralización de falsas noticias que llevan intranquilidad a la población”.
Ya sabemos que a la derecha del radicalismo está la pared, y que fiel a su estilo fascista de los últimos años, insistirá con medidas punitivas para intentar controlarlo todo, o las escasas esferas de la vida cultural y expresiva donde la mano visible de su gobierno aún no llega con el rigor deseado. Es por eso que el proyecto de Lombardi y Rodríguez busca sancionar con multas económicas de hasta $51 mil y arresto o trabajo comunitario a quienes “propaguen las denominadas Fake News, causando temor en la ciudadanía”.
Los legisladores oficialistas quieren endurecer aún más el inconstitucional Código Contravencional incluyendo un artículo que, de aprobarse, sancionaría a “quien a sabiendas difundiere, publicare, propagare o divulgare, por cualquier medio, noticias falsas con el fin de llevar a la población intranquilidad o temor, alterando así el orden público y/o democrático”.
Así de ambiguo, así de laxo e impreciso en su objeto la tipificación propuesta por el radicalismo al servicio de la censura. ¿Qué les parece que hará con ese artículo en la mano el mismo gobierno que multó con varias decenas de miles de pesos a artistas que se manifestaron en defensa del agua pura contra la “ley cianuro”?
“Una realidad, que en la actualidad no puede dejarse de lado, es que hay una creciente propagación de Fake News”, dicen los legisladores radicales -sin ponerse colorados- para sustentar su proyecto. Tal vez desconozcan el diputado y la diputada que los medios de comunicación hegemónicos, en sociedad con la alianza Pro-UCR, han sido los mayores productores de noticias falsas de los últimos años, viralizadas por el call center que el exjefe de gabinete Marcos Peña Braun montó al servicio de la desinformación, y que por estos días se mostró activo para intentar esmerilar la figura del presidente Alberto Fernández.
¿Quién distinguirá la mentira de la verdad en Mendoza, un comité de moralización como en épocas dictatoriales? ¿Con qué vara piensa el gobierno medir “lo falso” o “la intranquilidad social”, con la misma con que distribuyen pauta para los amigos y castigo para los enemigos? ¿Quiénes serán sancionados, las multimillonarias empresas de desinformación que engordó Cornejo, o simples ciudadanos y ciudadanas que osen decir lo que el gobierno pretende callar?
Con cuantiosas multas económicas y arresto de 5 a 20 días amenazan los silencieros, y son muy específicos en sus objetivos: el castigo será mayor si el infractor “agravia a un particular por medio de calificativos lesivos a su honor”; y si la contravención es cometida por “funcionarios públicos, dirigentes sindicales o directivos de empresas privadas o asociaciones no gubernamentales”, habrá pena accesoria de 10 a 30 días de trabajo comunitario.
¡Shh! Para el radicalismo pandémico, el silencio es salud.
Cornejo ya sumó $573 millones a su caja de publicidad oficial
