El decreto del gobernador Cornejo habilitando la fractura hidráulica como método para la explotación no convencional de petróleo, tiene como protagonista al grupo económico Vila-Manzano, a través de Phoenix Global Resources. Los gobiernos pasan, los recursos estratégicos quedan en las mismas manos, y el negocio se justifica desde los medios propios y los pautados.
Acuciado por la aguda crisis económica, el descomunal endeudamiento y el castigo nacional en cuanto a recursos coparticipables, el gobernador Cornejo decidió atender a la presión ejercida por distintos grupos económicos interesados en explotar de manera no convencional los recursos hidrocarburíferos de Mendoza.
Sigilosamente instruyó al subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú Fader, a acelerar el desembarco de la polémica técnica. El gobernador actuó decidido, autorizando en julio de 2017 a la empresa El Trébol S.A. a implementar el fracking en cuatro pozos del área Puesto Rojas (perteneciente a la formación Vaca Muerta y ubicada en el sureño departamento de Malargüe).
Mientras se ejecutaba, Cornejo blindaría políticamente esta “prueba piloto”, hasta su reglamentación institucional. En ese camino y con un sistemático e intenso lobby por parte de los más diversos sectores interesados, se realizó una audiencia pública en diciembre último. A principios de marzo de este año, se conoció el decreto reglamentario, con el número 248.
El conflicto suscitado en las últimas semanas es más conocido y transita la habitual incertidumbre que se genera cada vez que en Mendoza se discute la matriz de producción.
Chupate esta mandarina
Lo que resulta indiscutible es la eficacia de uno de los grupos económicos más importantes de nuestra provincia a la hora de sacar provecho, permanente y minuciosamente, sobre los recursos estratégicos de este suelo.
Es que, como no podía ser de otra manera, el grupo Vila-Manzano es protagonista principal de este capítulo de tensiones en torno al fracking.
En este caso, la participación del multifacético holding se da a través de El Trébol S.A., aunque tiene su origen en lo que fuera Andes Energía, la empresa con la que los emprendedores decidieron incursionar en la explotación de hidrocarburos en el año 2007.
Luego de un galimatías que involucró cambios de sociedades, acciones y vaivenes legales, en 2017 Andes Energía se fusionó con Mercuria (de origen suizo, con la que ya era socia en distintos emprendimientos a través de su subsidiaria El Trébol S.A.) para dar origen a Phoenix Global Resources (PGR), que comenzó a cotizar en el MERVAL. Vila-Manzano, a través de Andes, se quedaron con el 25% de PBG.
De esta manera, los empresarios mendocinos lograron revertir los incumplimientos sobre dos áreas concesionadas en 2008: Chañares Herrados y Puesto Pozo Cercado. Según un documento interno de la empresa fechado en agosto del 2017, el gobierno de Mendoza aceptó un nuevo plan de explotación. Algo ratificado en declaraciones del subsecretario Guiñazú Fader, quien se manifestó entusiasmado ante el nacimiento de PGR: “es una buena noticia porque va a dar impulso a la actividad. Hay un compromiso de inversión real y el grupo que se incorpora tiene respaldo. Esperamos que haya un crecimiento en la inversión en áreas que estaban en declive. El Trébol es una empresa que ha trabajado bien y Mercuria ha comprometido inversiones reales”, sostuvo el funcionario.
Mensaje sin fracturas
A pesar de la escalada de tensión con las organizaciones ambientalistas y las repercusiones políticas del caso, la mayoría de los medios de la provincia ha pregonado las bondades económicas del fracking. A coro con el optimismo del gobernador quien semanas atrás, en ocasión de la cumbre del BID en Mendoza, vaticinó que “Mendoza tiene el mejor clima de negocios para el desarrollo del petróleo no convencional”, basado en que “hemos firmado recientemente un decreto reglamentario para brindar seguridad jurídica a los inversores”.
Poco se ha sabido de las denuncias realizadas sobre un conflicto de intereses entre las instituciones encargadas de medir la contaminación de la “prueba piloto” en Puesto Rojas. Menos aún se ha indagado en la injerencia del ingeniero Ricardo Fuentes, en su triple rol de asesor y representante de El Trébol S.A., vocal del IAPG (Instituto Argentino del Petróleo y el Gas) y vicedecano de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Mendoza, institución que, según algunas organizaciones ambientalistas, estuvo encargada de realizar algunas mediciones de contaminación del proyecto.
Una de las claves del tremendo poder de fuego mediático que protege el negocio de la fractura hidráulica se halla en el dominio que en esa dimensión ostenta el grupo Vila-Manzano. Tome el nombre que tome y sea el interlocutor que sea.
El mismo José Luis Manzano, con certera impunidad, lo sinceró hace unos años. Entrevistado por Perfil en 2012, el ex ministro del Interior de Carlos Menem estimó que, “a veces, tener medios contribuye al negocio petrolero”.
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