El Colegio de Abogados de Mendoza dio curso a una presentación iniciada por el asesino de Julieta González contra la abogada Carolina Jacky por haberlo llamado “femicida” en sus redes sociales. Sin haber superado la indignación de que el crimen de Julieta fuera tipificado como homicidio y no como femicidio, debemos contemplar ahora con bronca otro caso de proceder machista en la institución que representa a los y las letradas mendocinas.
La denuncia que hizo quien, finalmente, fuera el homicida de Julieta González, contra la reconocida abogada feminista de nuestra provincia, Carolina Jacky, quien ha participado de acciones en la Justicia contra el poder Mendoza, fue fundada en tres razones: en primer lugar, el criminal sostiene que la Dra. Jacky vulneraba su principio de inocencia al calificarlo de “femicida”, en segundo término presume que Carolina buscaba la “condena social” al señalarlo de ese modo en las redes sociales y, en tercer lugar, afirma que quería hacerlo responsable del homicidio, lo que finalmente confirmó la Justicia.
El Colegio de Abogados, como su Tribunal de Ética, en vez de rechazar la denuncia in limine (desde su presentación), o enviarla al archivo, decidieron darle trámite e iniciar un sumario contra la abogada. “De ese modo, pasaron por alto y violaron las Convenciones y Recomendaciones internacionales que protegen a los/as abogados/as que defienden derechos humanos de las mujeres; obviaron el rol de querellante particular de la doctora, es decir, la colaboración como ‘fiscal coadyuvante’ junto a la fiscal Ríos. Ese rol hace que se busque la protección de un interés jurídico (en este caso, la condena como femicida de Di Cesare), por lo que la libertad de expresión, la terminología jurídica y el ‘campo semántico’ que se utiliza concuerda con ese interés”, señaló en declaraciones a EL OTRO Carlos Lombardi, abogado de Jacky.
“Tampoco tuvieron en cuenta el interés general e interés público, subordinándolos al interés particular de Di Cesare que, si bien legítimo, debe subordinarse a aquellos. Ni dieron lugar a la necesaria perspectiva de género -como categoría de análisis – que debieron tener presente al momento de analizar y evaluar la denuncia. Violaron las normas éticas contenidas en el Código Deontológico, incumplidas por los miembros del Tribunal”, explicó el abogado.
En palabras de la propia doctora Jacky, “nadie puede entender este proceder. En este caso no solo soy una abogada, sino que soy la abogada que representa a la mamá de la víctima. En ese rol acompaño a la Fiscalía en la acusación. En este caso tanto la Fiscalía como la querella denunciamos a Di Cesare como el homicida de Julieta González y pedimos se lo condenara por femicidio”. “En temas de derechos humanos, y específicamente en discriminación y violencia contra la mujer, las Convenciones Cedaw y Belem Do Para no solo brindan protección a las mujeres sino también a quienes las defienden y a los/as/es activistas en estos derechos. Ni las expresiones en las redes sociales, ni las opiniones en los medios pueden ser censuradas. No solo esto está establecido como derecho convencional, sino que ya existen fallos en nuestra Justicia en este sentido”.
Según Lombardi “el Colegio de Abogados debió enviar al archivo la denuncia o decirle al denunciante que concurriera por la vía judicial que correspondía, es decir, iniciar una demanda por daños y perjuicios contra la doctora. Pero la posición institucional asumida hace que el Colegio de Abogados adopte los patrones legales y culturales machistas; deja ver una absoluta carencia de capacitación en materia de género; vacía de contenido y convierte en un híbrido a la Comisión de Género que trabaja en el seno del Colegio y deja abierta la puerta para que la Dra. Jacky (víctima de violencia de género, de persecución y trato discriminatorio), les inicie una demanda encuadrada en la propia ley 26.485”.
Consultada acerca de la capacitación del Colegio en perspectiva de género, Jacky opinó que “es evidente que no están capacitados. Este caso demuestra, que tanto el Directorio del Colegio como su Tribunal de Ética, no tienen conocimiento de estos derechos y tampoco los ponen en práctica. Hay mucha venta de humo en esta materia, invitan a personalidades o referentes, dan charlas o brindan capacitaciones, pero a la luz de los hechos sin dudas no conocen del tema. Dejo en claro que hablo de la institución como tal, estimo que puede haber algún colega que tenga conocimiento del tema”.
Carolina también sostiene que “la falta de capacitación en perspectiva y violencia de género de nuestros jueces, algo que se ve a diario”, fue lo que llevó a que al autor del crimen se lo calificara como homicida y no femicida. “No hay dudas de que existe una mirada patriarcal, misógina y con preconceptos propios de esa matriz. Si pensás que hace un tiempo, cuando todo el país hablaba del aborto y el tema se trataba en el Congreso, el Directorio del Colegio de Abogados me pidió que rindiera explicaciones sobre una declaración que hice en mi Facebook respecto al aborto. Recuerdo que hice dos publicaciones, una que decía ‘aborto legal’ y otra que decía ‘no abortes clandestino, abortá legal’. Finalmente solo me llamaron la atención respecto a mi forma de expresarme”.
“Mi relación con el Colegio de Abogados no ha sido pacífica en los últimos tiempos, creo que molesta mi actividad en defensa de los derechos de las mujeres. No hace mucho un funcionario del Colegio me dijo: ‘¿Carolina, no has pensado en jubilarte?, ya tenes edad para hacerlo, y así evitarías tener tantos sumarios’. Hay quienes me preguntan si es por mi condición o por los derechos que defiendo, y la verdad que creo que es más por los derechos que defiendo, esto incomoda y molesta a muchos. Por supuesto que cuando no logran su cometido por ese lado, en algunas oportunidades atacan por mi condición. Hay muchos colegas y magistrados que me han ayudado y acompañado en esta lucha”.
Jacky junto a su defensor Lombardi ya iniciaron una respuesta por esta persecución en el Poder Judicial. “La primera presentación que hicimos fue una “recusación con causa”, basada en dos razones: el Colegio de Abogados ya está demandado civilmente en otra causa por violencia de género, por lo tanto, no tiene la legitimación ni autoridad jurídica ni moral para iniciarle a la Dra. Jacky un sumario y, por otro lado, se generó violencia moral contra la doctora, causal de recusación que le permitiría iniciar una demanda contra el Colegio. Hemos pedido que el Tribunal en pleno (titulares y suplentes) se excusen y se eleve la causa a la Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, organismo con competencia originaria en materia de matrícula profesional”.
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