La tenaz resistencia de la marea feminista pudo más que la protección y complicidad política. La causa por abusos sexuales contra Alejandro Jofré -exfuncionario de Cornejo- fue elevada a juicio oral, mientras que el fiscal Fernando Guzzo -otrora mano derecha del procurador Gullé- enfrenta la posibilidad de un Jury por su repudiable desempeño en el juicio contra Claudia Cortez.
La situación del abogado y el fiscal están atravesadas por tres factores: su conducta misógina (cuando no delictiva), la protección política que gozaron al ser espadas de la administración del exgobernador Cornejo, y la reacción sostenida en la adversidad de valientes mujeres, que en el marco de su lucha colectiva, lograron ubicar en el lugar que corresponde a estos dos varones del poder.
El caso Jofré
En 2017, siendo subsecretario de Trabajo de la administración Cornejo, Alejandro Jofré acumuló tres denuncias por abuso sexual de empleadas de esa dependencia y en ese momento EL OTRO dio cuenta del testimonio de las víctimas.
La inevitable repercusión pública alcanzada por las denuncias, y el reiterado pedido del movimiento de mujeres para que lo aparten de su cargo, obligó al entonces gobernador a fijar posición. Lejos de separar al funcionario, instó a la Justicia a “investigar con toda libertad”.
A principios de junio de 2018 finalmente Cornejo decidió “renunciar” a Jofré, quien a los pocos días, tras una lenta investigación, fue imputado por “presunta comisión del delito de abuso sexual simple, dos hechos, y abuso sexual simple en grado de tentativa, todo en concurso real”.
A fines de 2019 la fiscal Cecilia Bignert, luego de producir prueba suficiente en la etapa de investigación, solicitó la elevación a juicio oral. Situación a la que se opuso la defensa de Jofré. En diciembre se realizó una audiencia de oposición en la que el patrocinio del exfuncionario relativizó el testimonio de las víctimas, tildándolo de especulativo y consideró insuficiente la prueba obtenida en etapa de instrucción.
Por su parte, la representación de las denunciantes, encabezada por la abogada Julieta Nacif, desestimó los testimonios ofrecidos por la defensa de Jofré y destacó la palmaria conducta dolosa del imputado, al evidenciarse reiteradamente su conducta abusiva. Además se respaldaron en la jurisprudencia y el marco legal de protección a las víctimas de violencia de género, con especial hincapié en la credibilidad de las víctimas sostenida por las pericias realizadas.
Tras un cuarto intermedio, la semana pasada la jueza Cristina Pietrasanta, a cargo del Juzgado Penal Colegiado 1, decidió finalmente elevar la causa a juicio oral al considerar suficiente la prueba obtenida en la etapa procesal correspondiente. Lógicamente la resolución de la magistrada trajo aparejado el rechazo al pedido de sobreseimiento realizado por la defensa de Jofré.
El avance de la causa cobró otra velocidad ante la alternancia en la gestión provincial, por lo que pronto se espera el anuncio del comienzo del debate oral.
La elocuencia de Guzzo
Uno de los objetivos logrados por el exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, fue introducir reformas sobre el sistema judicial y penal con el fin de acumular poder. Lo hizo a fuerza de designaciones en cargos vitalicios, números legislativos favorables y quebrando el tradicional apego del Estado de Mendoza a las garantías constitucionales, lo que llegó a escandalizar hasta al mismísimo diario La Nación.
Primordial en ese camino fue la designación de Alejandro Gullé como procurador general de la provincia. En ese marco Fernando Guzzo adquirió el respaldo suficiente que explica su protección política.
Gullé rápidamente instauró otra visión en la política criminal local y para ello convocó a Guzzo en 2016 como mano derecha, en el cargo de procurador adjunto. El caso Próvolo le dio algo de aire y legitimación, pero apenas iniciado marzo de 2017 el fiscal renunció al convite y retornó a su cargo de fiscal de Cámara.
Otra vez en su lugar, durante el juicio por jurados realizado a Claudia Cortez por la muerte de Carlos Ernesto Pelayes, Fernando Guzzo aprovechó su alegato, sin vergüenza alguna, para manifestar su esquema de valores en clave de ignorancia de la normativa vigente en cuanto a protección hacia las mujeres.
El antecedente le valió el pedido de Jury impulsado por la diputada provincial y dirigenta feminista Laura Chazarreta, al considerar que “El Dr. Fernando Guzzo en su análisis y con la finalidad de aplicar la normativa penal muestra su desconocimiento absoluto sobre los derechos de las mujeres y las consecuencias y los estragos que en su personalidad sufren quienes padecen violencias por razones de género y se encuentran sometidas al tremendo ciclo de las violencias de género, al hacer recaer sobre las espaldas de una mujer que, durante más de 30 años sufrió violencia, la responsabilidad por encontrarse en esa situación”.
El pedido detalla las penosas expresiones del fiscal y señala que “el Dr. Fernando Guzzo sostuvo su acusación en base a funciones estereotipadas de varones y mujeres, incumpliendo con la normativa nacional y convencional tendiente a la eliminación de la discriminación hacia las mujeres y de los prejuicios y las prácticas históricas que abonen a la desigual situación de poder que caracteriza las relaciones entre ambos géneros”.
La promoción del Jury considera que la actuación de Guzzo “injuria a los derechos humanos de las mujeres y un incumplimiento funcional respecto de la ley Orgánica del Ministerio Público, la que ordena a los Fiscales actuar de un modo objetivo, fundado en el interés social y en la correcta aplicación de la Constitución Nacional, de los Tratados Internacionales, de la Constitución Provincial y de las leyes”.
La situación judicial de Jofré, e institucional de Guzzo, es otra clara demostración del avance sostenido y expresado en las calles de las reivindicaciones del movimiento de mujeres. Que aún en la adversidad y en la más extrema asimetría, parecen doblegar la protección y complicidad ofrecida por el poder político de turno.
