Además de la libertad para encarcelar con total arbitrariedad, como ocurrió en la “Cacería de Ciudad Suarez”, el gobierno provincial pretende desmantelar el Comité de Prevención de la Tortura, organismo encargado de controlar las condiciones de vida y trato de las personas privadas de libertad. El índice de prisionización de Mendoza ya se ubica entre los primeros del país.
Por Negro Nasif
La Red por los Derechos Humanos de Mendoza, integrada por organizaciones sociales, sindicatos, agrupaciones y organismos de derechos humanos, repudió la iniciativa del gobierno de Rodolfo Suarez, impulsada por su ministro de Seguridad Raúl Levrino, que busca reformar la ley 8284, de creación y funcionamiento del Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Dicho comité, vigente desde 2011, en línea con los estándares internacionales de protección de Derechos Humanos, es un órgano autónomo de los poderes del Estado que tiene como misión principal “controlar las condiciones de vida y trato, en espacios en donde se encuentran personas privadas de libertad: cárceles, comisarías, hospitales de salud mental, hogares y geriátricos”.
“El Comité ha sido clave en situaciones de detenciones, encarcelamientos masivos y represión durante protestas en nuestra provincia, pues sus miembros están dotados de herramientas no sólo para develar situaciones malos tratos mediante observación y entrevistas, sino también de arbitrar estrategias de denuncia y de resguardo a las víctimas”, destacaron desde la Red.
En tanto organismo con importante participación civil independiente del poder de turno, el Comité resultó un evidente obstáculo a la doctrina punitivista del gobierno de Alfredo Cornejo, razón por la cual, a fines de 2019, muy poco antes de dejar su mandato, el exgobernador junto al ministro de Seguridad Gianni Venier promovieron la reforma de la ley 8284 que, de llevarse adelante, vaciaría de contenido a ese indispensable control colegiado para evitar las torturas y malos tratos que cotidianamente suceden en diversas instituciones.
“Entre otras reformas regresivas en materia de derechos humanos, el gobierno provincial pretende reducir la participación de la sociedad civil de doce personas a solamente una. De esta manera, la proyectada ley garantiza la invisibilidad de la tortura y los malos tratos en lugares de encierro”, denuncian desde la Red por los Derechos Humanos de Mendoza.
El caballo del comisario
Además, la Red señaló otro de los golpes de gracia que el gobierno quiere asestarle a la normativa: “La reforma busca que el Procurador sea designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, eliminando el concurso público de antecedentes. De este modo, se pone en riesgo la idoneidad, la transparencia e independencia del Procurador, ya que su nombramiento dependerá de la cercanía política con el poder de turno”.
De hecho, el propio Conejo ya abrió ese camino antirepublicano en abril del año pasado cuando elevó al Senado el pliego de Luis Marcelo Romero, funcionario de su gobierno, para ocupar el cargo de Procurador de las Personas Privadas de Libertad, quien resultó último en el concurso (14,5 puntos) al postularse para esa función, superado por Fabricio Imparado, quien obtuvo una puntuación de 18,40 y María Mercedes Duberti, con 17,15 puntos.
La escandalosa propuesta de Romero valió el repudio del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien envió una carta a la vicegobernadora Laura Montero para plantear la necesidad de priorizar, en la selección del Procurador, “a una persona que asegure su independencia e imparcialidad de los poderes ejecutivo y judicial”. Sin embargo, pudo más la mayoría automática del Senado PRO-UCR que la opinión de Pérez Esquivel y prestigiosos organismos de derechos humanos que cuestionaron la designación, y finalmente Romero fue confirmado como nuevo Procurador.
Marche preso
El licenciado en Comercio Internacional Raúl Levrino ganó una tríste fama pública, entre otras calamidades, por ser uno de los gozozos impulsores de la criminalización de la protesta social y del fascista Código de Convivencia en la Capital de Mendoza, mientras se desempeñaba como secretario de Seguridad Ciudadana en la comuna que conducía Rodolfo Suarez quien, una vez gobernador, lo ascendió a ministro de Seguridad provincial.
En un artículo publicado este domingo en el portal El Cohete a la Luna, el abogado Alfredo Guevara señala que “según datos publicados, desde el 10 de diciembre de 2015 más de 60.000 personas han sido víctimas de represión violenta al participar en manifestaciones pacíficas, 117 han sido privadas de libertad y 333 han sido imputadas por diversos delitos”. Represiones en las cuáles Levrino tuvo un rol fundamental por ser funcionario de la ciudad con mayor cantidad de protestas en la vía pública.
Para Guevara, las condiciones de represión durante la pandemia, podrían permitirle a Suarez superar a su antecesor en la criminalización de la protesta social que registra estos escalofriantes números: “Desde diciembre de 2015 hasta la fecha, el índice de prisionización mendocino, que ya se ubicaba entre los primeros del país, subió un 62,85%, llegando a mediados de este año al 333,05% x cada 100.000 habitantes, muy por encima del índice de 283 dado a conocer por la Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires en su informe 2019 correspondiente al año 2018”.
En esa línea autoritaria, el ministro Raúl Levrino busca darle nuevo impulso legislativo a la reforma de la ley 8284, para que la seguridad ciudadana y la vigencia de los derechos humanos en los lugares de encierro de Mendoza sean tan transparentes como los mugrientos calabozos de sus comisarías.
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