El gobierno publicó en el Boletín Oficial la promulgación de la ley 9026. La norma, impulsada por el senador Gustavo Arenas, establece sanciones económicas para los pasajeros del transporte público que no puedan demostrar que pagaron su boleto, aunque impide que la policía pueda arrestarlos. La valiente resistencia de Patricia Stibel y la solidaridad popular obligaron al oficialismo a retroceder en su política represiva.

Foto: Prensa Gob. Mza.

Durante los meses de julio y agosto de este año, el gobernador Alfredo Cornejo habilitó verdaderas razias en los colectivos del Gran Mendoza, con el fin de detener a aquellos pasajeros que no exhibieran el pago del boleto mediante la tarjeta Red Bus. Miles de usuarios del deficiente sistema de transporte público -que entre otras irregularidades no entrega el ticket del servicio- fueron “inspeccionados” a bordo por personal de la Dirección de Transporte, y decenas de ellos trasladados a comisarías por agentes de la policía provincial, debido a que no contaban con el recibo del pasaje.

Patricia Stibel fue una de las tantas mujeres arrestadas en las redadas policiales, aunque una de las pocas –por no decir la única- que puso el valiente grito en el cielo para denunciar su arbitraria detención. El 16 de agosto, la trabajadora de casas particulares fue privada de su libertad durante siete horas en la comisaría 36 de Las Heras. “Estábamos en una jaula con 14 o 15 personas, todas detenidas por no pagar el colectivo, el piso estaba mojado, lleno de orina”, relató Patricia en una entrevista con EL OTRO.

Patricia Stibel. Foto: Coco Yañez

Luego de ser liberada, Stibel, quien ofreció pruebas para demostrar que pagó el pasaje, se quejó públicamente de la injusta detención. Lejos de ser oída por las autoridades, el propio gobernador de la provincia atacó a la humilde trabajadora, tratándola de mentirosa y estigmatizándola por su identidad política: “No le creo una palabra ni a ella ni a nadie. ¿Ustedes saben que fue fiscal de otro partido?”, cuestionó Cornejo ante los periodistas que le consultaron sobre el escándalo que trascendió las fronteras de Mendoza.

El indignante caso de la mujer lasherina, quien además denunció a Cornejo ante el Inadi por discriminación, fue tomado como uno de los lamentables ejemplos de la aplicación abusiva del vetusto Código de Faltas y motivó que el legislador peronista Gustavo Arenas presentara un proyecto de ley para impedir este tipo de detenciones desproporcionadas.

Campaña publicitaria en colectivos. Setiembre de 2017. Foto: El Otro

Mientras el Ejecutivo y empresas privadas de transporte llevaron adelante una repudiada campaña publicitaria antisolidaria para que “no prestes tu tarjeta” Red Bus, ambas cámaras legislativas sancionaron la norma que modificó el artículo 111 del Código de Faltas. El 29 de noviembre, el proyecto de Arenas se convirtió en la ley 9026.

Sin margen social para el veto, el gobernador decidió guardarse sus crispadas palabras y, más allá de que jamás pidió disculpas a la trabajadora humillada, publicó este martes en el Boletín Oficial el decreto con su firma que promulga la nueva ley provincial. La norma establece: “Modifícase el artículo 111 de la Ley Nº 3.365, Código de Faltas, el que quedará redactado de la siguiente forma: ‘Artículo 111- Será sancionado con una multa equivalente a veinte (20) veces el valor del servicio no abonado, y en caso de reincidencia se duplicará cada vez la sanción: 1) El que hiciera alojar en hoteles o posadas, el que se hiciera servir alimentos o bebidas en restaurantes, bares o cafés, o se hiciera atender en peluquerías o establecimientos análogos, con el propósito de no pagar o sabiendo que no podrá hacerlo. 2) El que en la misma situación o con el mismo propósito, se sirviera de un vehículo colectivo, coche o automóvil de alquiler…”

Gustavo Arenas. Foto: Cristian Martínez

“En ningún caso justificamos a quienes decidan no pagar el boleto y viajar gratis, porque ante esa situación les corresponde una sanción. Pero impartimos un poco de justicia al establecer una sanción acorde con la falta, ya que el arresto era exagerado y les complicaba aún más la vida a personas que actúan de buena fe al quedar imputadas, ya que eso, entre otros perjuicios, les impedía sacar el certificado de buena conducta para poder trabajar”, destacó Gustavo Arenas en un comunicado difundido ayer.

 


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