Milagro Sala en San Salvador de Jujuy (2008)
La ONU solicitó al gobierno argentino la liberación inmediata de Milagro Sala por considerar que su detención es arbitraria.
La prisión de Sala, diputada del Parlamento del Mercosur y líder de la organización social Tupac Amaru, fue dispuesta en enero de este año por el juez Raúl Gutiérrez. El cargo inicial, “instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real”, surgió de una denuncia del propio gobierno de la provincia de Jujuy, encabezado por Gerardo Morales.
El arresto de la dirigenta se produjo en su casa del barrio Cuyaya, donde -previo allanamiento- fue trasladada en un patrullero a la Comisaría de la Mujer, en el barrio Huaico.
Prisión arbitraria
El informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), confirmó que Milagro Sala ha sido privada de su libertad, desde el 16 de enero de este año, “preventivamente” con –sospechosos- cambios de carátulas, lo que permitió al gobernador radical Morales despejar la oposición política de su provincia y mostrar un ejemplo claro a quienes no adopten ciertas conductas en Jujuy.
En horas de este mediodía el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), dieron a conocer parte de las conclusiones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas. En el informe oficial se determinó que “la detención de la señora Milagro Sala es arbitraria ” y, en consecuencia, la ONU solicitó “al gobierno de la República Argentina liberarla de inmediato”.
“El Estado argentino tiene la responsabilidad de cumplir con las medidas determinadas por el Grupo de trabajo”, agrega el comunicado de los tres organismos que hicieron la denuncia original.
El organismo internacional estableció que hubo un entramado de “acusaciones consecutivas” e inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo, y advirtió que en su caso se está vulnerando la independencia judicial.
A su vez, consideró que el Estado impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala, por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan, y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada. También entendió que Milagro Sala, por su condición de parlamentaria del Mercosur, contaba con fueros que impedían su detención.
Por último la ONU afirmó que la detención de referenta jujeña “se dio como resultado del ejercicio de sus derechos humanos”, solicitó la inmediatamente liberación, que se investigue la violación de sus derechos y que el Estado informe cómo garantizará que no se produzcan hechos similares.
Respuesta oficial
Al respecto, el Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj contrarrestó: “Estamos estudiándolo, porque no es vinculante, queremos responder esas observaciones porque entendemos que hay cosas que no fueron tomadas en cuenta, o porque hay cosas posteriores que en la denuncia del CELS no fueron tomadas en cuenta”.
Además Avruj, que ya ha tenido que justificar a otros funcionarios que desconocen el genocidio de la dictadura militar en Argentina, se esmeró en recordar que la primera causa que puso a Sala tras las rejas ya no existe y son las demás imputaciones judiciales las que la mantuvieron detenida, incluso cuando judicialmente se planteó la excarcelación de la militante kirchnerista.
Resta esperar si el presidente Mauricio Macri tomará posiciones similares a las del gobernador Cornejo respecto de las observaciones de los organismos internacionales que protegen los derechos humanos.
