La Justicia dispuso la libertad de cinco imputados de la Túpac Amaru en Mendoza. Un fallo de la 8ª Cámara del Crimen desnudó la operación política y mediática que busca desmembrar a la organización social. EL OTRO fue el único medio de comunicación que presenció la lectura de la sentencia.

Fotos exclusivas de Coco Yañez

El fracaso de la operación Túpac”, tituló este diario el 10 de abril para informar sobre la estrategia política, judicial y mediática que desembocó, por entonces, en la detención arbitraria de Nélida Rojas, su esposo Ramón Martínez y sus hijas Carla y Leonela, imputados por los delitos de asociación ilícita, extorsión, estafa, usurpación y coacción agravada.

Desde aquellos días, la causa tuvo dos escenarios: el espacio de los medios de comunicación oficialistas y el expediente judicial. En aquel se verificó un claro ensañamiento hacia la líder mendocina de la Túpac Amaru, desinformación y manipulación orientada a agitar los peores prejuicios y criminalizar la organización social. Mientras que en el trámite judicial, la fiscal Gabriela Chaves (bajo el paraguas del procurador Alejandro Gullé) promovió una investigación amañada y cargada de irregularidades.

Los jueces Salinas, Correa Llano y Miguel.

La operación quedó enteramente al desnudo ayer, cuando se conoció el fallo de la Cámara de Apelaciones que vació de toda justificación jurídica a la causa construida por Chaves, que ahora se irá desmoronando a pedazos.

Complicada y aturdida

Bastaba ver el rostro desencajado de la representante del Ministerio Público para entender los alcances de una sentencia que tuvo durísimos párrafos contra la fiscal. En una audiencia que debió realizarse en abril de este año, dilatada durante meses por la desidia del sistema judicial, los jueces Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel dieron por tierra con las prisiones preventivas de Rojas, su esposo, sus hijas y su nuera Fanny Villegas.

“Recién hoy hemos tenido una respuesta de la Cámara de Apelaciones, que hizo lugar parcialmente a los recursos planteados por la defensa, ha declarado en consecuencia abstracto lo planteado por la fiscalía y, entonces, ordenó la inmediata libertad de todos y cada uno de los que se encontraban imputados en esta causa”, manifestó conforme Alfredo Guevara, uno de los abogados de la Túpac Amaru, tras la larga lectura de la sentencia en la sede del Poder Judicial.

Carlos Aguinaga, querellante particular y militante del PRO.

 

Nélida Rojas y Alfredo Guevara.

Para Guevara “el fallo de la Cámara es muy duro al hablar incluso de manipulación de la figuras penales de asociación ilícita y coacción agravada, que han sido utilizadas a pesar de no existir ningún elemento de prueba, solamente para garantizar la detención de estas personas. También se refiere a que todos los hechos de extorsión y coacción que se habían imputado no constituyen en principio delitos, por haber sido prácticas de una organización democrática, de las cuales las propias personas denunciantes han prestado su conformidad y su pleno conocimiento de que estaban afiliados a una organización de esas características”.

Tal como sostuvo desde el comienzo de la pretendida “operación Túpac”, el especialista en derecho penal insistió en las connotaciones ideológicas de la causa. “Este fallo demuestra que la fiscal está incurriendo en una persecución política, al margen de las leyes y la Constitución, absolutamente arbitraria”, destacó Guevara, al tiempo que graficó la independencia de un sector importante de la Justicia en la provincia: “Hemos demostrado que Mendoza no es Jujuy”, dijo a este medio.

Capacidad de sorpresa

Horacio Báez, ex juez penal y miembro de la Regional Mendoza del Comité por la libertad de Milagro Sala, explicó a EL OTRO que la fiscal Chaves incurrió en una conducta arbitraria y con absoluta pérdida de objetividad. El carácter parcial de la acusación, según Báez, quedó probado en el trámite judicial. “Se hicieron imputaciones muy graves para justificar, en principio, la pérdida de libertad y eso es lo que ha revocado la Cámara”, expresó.

El exmagistrado ponderó además a la Túpac Amaru como una organización “que cumple funciones muy positivas para un sector social vulnerable, que se agrupa para defender sus derechos, que es la mejor forma de organización política que puede haber”.

La fiscal Chaves, con palpable bronca, manifestó ante los medios que la aguardaban en Tribunales, que “la Cámara se quedó con la hipótesis de la defensa, o sea, la tomó casi por completo. Yo la verdad que sentí una gran sorpresa con esta decisión de la Cámara, porque coloca el fallo en una situación de gran impunidad y gran injusticia para las víctimas”.

Resta saber si el gobernador Alfredo Cornejo y el procurador Alejandro Gullé, quienes han sido señalados como promotores fundamentales de la fallida “operación Túpac”, conservan todavía la misma capacidad de sorpresa que la fiscal, a quien deberán respaldar frente a un posible Jury de Enjuiciamiento.

 

 


Leer más: 

El fracaso de la Operación Túpac