Frente a la política de “mano dura” del gobierno de Alfredo Cornejo, la organización civil Xumek solicitó a la Justicia que garantice la libertad de los pasajeros del transporte público. Las redadas mendocinas trascienden a los medios nacionales.
La Asociación civil Xumek para la promoción y protección de los derechos humanos presentó un hábeas corpus preventivo y colectivo ante el Tercer Juzgado de Garantías, a cargo de la jueza Alejandra Mauricio, con el fin de “proteger los derechos de usuarias y usuarios de transportes de pasajeros en la provincia de Mendoza”.
En un escrito de veinticinco páginas, los abogados Sergio Salinas Giordano, Gonzalo Evangelista y Mercedes Duberti solicitaron a la Justicia que garantice “la libertad ambulatoria de los usuarios” amenazada por las “frecuentes ´razias´, realizadas por agentes de las diversas fuerzas de seguridad”.
En la presentación, los letrados incluyeron párrafos sumamente críticos hacia las detenciones arbitrarias realizadas en los micros urbanos, y apuntaron sus cuestionamientos a “las más altas autoridades provinciales”, quienes prometen públicamente “la continuidad en el tiempo de una política de ´mano dura´”.
Pasaje a la celda
Como fundamento de su presentación, Xumek acompañó a la acción judicial artículos periodísticos que dan cuentan de los arrestos de ciudadanos mendocinos sospechados de no pagar el boleto de colectivo.
Señala el hábeas corpus: “El día 7 de julio de 2017, el diario on line MDZ informó que 50 personas fueron sancionadas por no poder acreditar el pago del pasaje en colectivo a penas de arresto ´en suspenso´ (…) A partir de entonces, dice la publicación, ´Los operativos de seguridad y control del pago del pasaje han tenido un incremento significativo, tanto en días y horarios, como en las zonas en donde se realizan´. Así, durante las dos semanas anteriores a la emisión de la citada noticia, se habían inspeccionado ´342 unidades con 5.481 usuarios a bordo. De las 246 personas sorprendidas sin pasaje, a 86 se les inició el proceso por infracción al Código de Faltas de la provincia´”.
La cruenta detención de Patricia Stibel, ocurrida el 16 de agosto, es señalada por la organización civil como “el pico máximo de este celo prevencional”. La trabajadora de casas particulares, quien abordó un micro gracias a la solidaridad de otro pasajero, fue detenida durante siete horas, en una jaula de la Comisaría 36 de Las Heras, junto a otras quince personas.
Tras el repudio que generó la injusta detención de Stibel, el gobernado Alfredo Cornejo justificó la acción represiva, trató de mentirosa a la trabajadora e intentó desacreditarla por su identidad política. “La Policía tiene la orden del gobernador de custodiar el transporte público para que no haya inseguridad y para que la gente pague el pasaje. (…) La Policía ha actuado correctamente, pidiéndole un comprobante, y ella no lo ha mostrado porque no lo tiene y dice que lo pagó otra persona. Es la palabra de ella contra el otro”, dijo entonces el mandatario, y agregó ante los periodistas que lo abordaron: “¿Ustedes saben que ella fue fiscal de un partido político en la última elección?”.
En el diario hablaron de ti
En la edición de hoy, el diario Página12 publica una extensa nota sobre la acción judicial de Xumek. Bajo el título “El bondi se vuelve patrullero”, el matutino de la Ciudad de Buenos Aires destaca, entre otros aspectos, la campaña del gobierno de Mendoza desalentando la solidaridad a bordo de los micros.
“Mientras la Legislatura se prepara a debatir un proyecto para reformar el Código de Faltas para que se establezca una multa –en lugar de detención–, la administración local lanzó una campaña para que los pasajeros no presten su tarjeta de viaje”, señala Página12 en su artículo, donde también informa acerca de la denuncia ante el Inadi, presentada por Stibel, contra el gobernador mendocino.
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