El gobierno nacional dispuso unilateralmente una reducción del alcance profesional de 37 carreras universitarias. Estudiantes y colegiados de distintos ámbitos se manifestaron en contra de la disposición.

Fotos: Coco Yañez

Manifestación de estudiantes y colegiados este martes en la Legislatura.

El Ministerio de Educación de la Nación modificó mediante una resolución el alcance del título de las carreras universitarias que son consideradas de “interés público”. El dictamen que se conoció en la última semana cosecha la reprobación de estudiantes y profesionales de todo el país. En los distintos ámbitos coinciden en que la norma debe derogarse por haber sido tomada sin consultar a los sectores que afecta y porque además esconde el arancelamiento de la educación.

“La 1254/18, es una resolución antidemocrática porque no se ha dado el debate con los sectores afectados, estudiantes y colegios de profesionales, objetivamente recorta posibilidades laborales, afecta a la profesión y a los futuros profesionales, además es un favor a la educación privada y plantea un arancelamiento encubierto de la educación”, afirmó Mariana Ábrego, secretaria general de la Federación Universitaria de Cuyo.

El fallo del Ministerio de Educación se publicó el viernes 18 de mayo en el Boletín Oficial y determina una modificación del conjunto de las “actividades profesionales reservadas exclusivamente” (antiguamente denominadas “incumbencias”) para las que resulta competente un profesional de las carreras consideradas de “interés público”. El subconjunto de actividades, dentro del total de los alcances de un título, es establecido, aclara el comunicado, en acuerdo con el Consejo de Universidades.

Títulos devaluados

Esta modificación drástica del alcance de las actividades de los profesionales de 37 carreras universitarias (Ingeniería Aeronáutica, Arquitectura, Ingeniería Electrónica, Licenciatura en Psicología, Odontología, Medicina, Ingeniería en Computación, entre otras) modificó resoluciones tomadas por el Ministerio de Educación de la Nación entre 2001 y 2012.

La resolución de Educación 343, de fecha 30 de septiembre de 2009, establecía para la Licenciatura en Psicología 16 actividades reservadas, en cambio la nueva resolución reduce el número a 5, echando por tierra los acuerdos establecidos en su momento con distintas instituciones que nuclean a los profesionales de este ámbito, entre ellos la FePRA (Federación de Psicólogos de la República Argentina).

“FePRA manifiesta su rechazo a lo expresado en el art. 3 de la resolución nº 1254/18. En dicho artículo se expresa en forma ambigua la referencia a las ‘actividades profesionales’ reservadas exclusivamente al título’. FePRA ha defendido toda iniciativa que busque mejorar procesos de formación de trabajo, velando por el derecho a la salud y educación, en el marco de construcciones democráticas y colectivas. Donde cuestiones tan caras como la defensa y la promoción del derecho a la salud y la educación, sean responsabilidades compartidas por todos los actores sociales”, señala la entidad nacional en su página de Facebook.

En esa línea, Roberto Muñoz, ex titular del Colegio de Psicólogos de Mendoza e integrante del FePRA, expresó en diálogo con EL OTRO: “Estamos en estado de alerta ya que esta resolución no ha recogido ninguna de las sugerencias que se le han hecho las entidades que nuclean a los profesionales. Desde 2015 a esta parte no hubo ningún tipo de comunicación de parte del Ministerio”. “Esta resolución borra de las actividades reservadas algo muy importante como los ámbitos de aplicación donde los psicólogos pueden trabajar: clínico, jurídico, forense, educacional y comunitario. Las entidades profesionales gremiales no hemos sido convocadas para opinar sobre el tema y la Universidad, en vez de nutrirse con otros actores, termina tomando una resolución en su propio ámbito”, resumió el dirigente.

Aranceles encubiertos

Los profesionales del ámbito de la psicología se han mostrado más activos en el rechazo a la determinación del gobierno nacional. En Mendoza ya lograron el compromiso de legisladores para llevar el reclamo al Congreso de la Nación. En ese marco, el último martes participaron, junto a organizaciones estudiantiles de las universidades privadas de Mendoza, de una manifestación frente a la Legislatura provincial para pedir que el Ministerio de Educación de marcha atrás.

Los manifestantes fueron recibidos por legisladores de distintos bloques.

Además del recorte a las actividades reservadas, la 1254/18 introduce de manera encubierta un “arancelamiento” de la educación, ya que para ejercer en los ámbitos en los que se desempeñaban hasta hoy, los profesionales deberán especializarse y eso supone el pago de estudios de posgrado. Mariana Abrego, quien participó de la protesta en la Casa de las Leyes en representación de la Secretaría General de la Federación Universitaria de Cuyo, fue contundente: “básicamente es un arancelamiento de la educación, encubierto, pero arancelamiento al fin”. La dirigenta advirtió además que hasta el momento no se produjo ningún pronunciamiento del rector de la UNCuyo, Daniel Ricardo Pizzi, el único mendocino que participa en el Consejo de Universidades, organismo que diseñó la controvertida resolución.

 


Leer más:

La inagotable caja política de Pizzi