La situación de emergencia social en Guaymallén, tras la tremenda tormenta del martes, puso en evidencia la ineficiencia del gobierno para proteger a los más pobres. Mientras todavía no se sabe dónde está el intendente Marcelino Iglesias, y miles de guaymallinos no reciben asistencia mínima, la gestión Cornejo confirma que la violencia sigue siendo su herramienta preferida para solucionar los conflictos.
“Nos ha ido muy mal, la gente se ha inundado entera, hemos estado hasta las 4 de la mañana sacando agua, del municipio no se apareció ninguno”, relata una vecina del barrio Castro en un video que se viralizó ayer por las redes sociales. La señora es una de las tantas habitantes de Guaymallén afectadas por la tormenta de lluvia y granizo que azotó a Mendoza. Visiblemente angustiada, expresó su indignación al sentirse, por un lado abandonada por el Estado y, por el otro, amedrentada por funcionarios y fuerzas de seguridad. “En este momento nos terminan de decir que nos van a desalojar y no tenemos a donde ir, somos muchas las familias y hay muchos niños”, expresó la mujer al borde del llanto.
Lamentablemente, éste no es el único relato que retrata la incompetencia gubernamental para afrontar una situación de crisis, en la cual las víctimas son mendocinas y mendocinos ya castigados por la pobreza y la exclusión. Las extraordinarias precipitaciones de agua y hielo cayeron sobre buena parte del departamento, pero no afectaron a todos por igual. Obviamente que las poblaciones que viven en construcciones precarias, y en zonas fácilmente anegables, resultaron las más vulnerables ante el fenómeno meteorológico y más urgidas, por lo tanto, de la ayuda gubernamental.
EL OTRO accedió a testimonios de vecinas y vecinos de las barriadas donde la lluvia y el granizo hicieron mayores estragos. Quienes vieron las escenas ampliamente difundidas de los daños que provocó la tormenta en automóviles y centros comerciales, o la cantidad y el tamaño del granizo que se precipitó en Guaymallén, se imaginarán fácilmente el impacto de las inclemencias climáticas sobre casas construidas con palos, chapas, cartones y nylon.
“Nos tuvimos que meter todos debajo de la mesa”, contaron vecinos que se protegieron de esa forma, luego de que los techos de las viviendas cedieran ante la intensidad de las precipitaciones. En pocas horas numerosos hogares quedaron con serios daños e inundados. Sin embargo, mucho tiempo más tardó en llegar la asistencia estatal. Y en algunos casos, la ayuda del gobierno nunca apareció.
La Municipalidad de Guaymallén, responsable inmediata del abordaje de la situación de crisis, no brindó cifras oficiales de afectados. De acuerdo con distintas fuentes consultadas por este medio serían miles las personas que aún requieren el apoyo para restablecer las condiciones de vida previas a la tormenta. Entre las poblaciones más vulnerables están los barrios Nueva Esperanza, Unión y Fuerza, Estación Buena Nueva y el mencionado Castro. Sólo estos barrios totalizan cerca de 900 familias.
Sorprendidos
Es real que la inusitada virulencia de la tormenta sorprendió a Guaymallén. No menos cierto es que se puso en evidencia que la municipalidad no estuvo a la altura para afrontar una situación de estas características. Según un especialista consultado por El OTRO, quien pidió reserva de identidad para que su opinión no sea tomada como una crítica hacia las autoridades en momentos que hay que colaborar, “los protocolos básicos para los casos de desastres naturales implican asumir con eficiencia dos etapas: durante la primera –de crisis- se debe proceder al rápido rescate y evacuación de las poblaciones en peligro, a la reducción al mínimo de los riesgos y la mitigación de los daños inmediatos; y durante la segunda –postemergencia- hay que restituir la situación previa al fenómeno, con una tarea social y sanitaria mucho más fina”.
El más buscado: ¿dónde está el intendente de Guaymallén Marcelino Iglesias?
Un Comité Municipal de Operaciones en Emergencias debe liderar ese proceso, encabezado y coordinado por el intendente comunal, quien tiene que decidir si recurre o no al gobierno provincial, si es superado por las características de la crisis. La primera falencia grave que se observó en el caso de Guaymallén fue la ausencia del propio intendente. En las primeras 24 hs, claves para iniciar la contención social, Marcelino Iglesias no dio señales públicas. En su lugar, el secretario de Gobierno Nicolás González tuvo que capear el temporal, con notable falta de consistencia política y sensibilidad social para hacerlo.
La Municipalidad junto a la Dirección Provincial de Contingencias y Defensa Civil de Mendoza reaccionaron durante los primeros momentos tras el desastre. No obstante, según lo que este medio pudo conocer en las zonas más vulnerables, ese impulso fue insuficiente y, en algunos casos, inexistente. En barrios críticos como Unión y Fuerza, 17 de abril y Finca Badano, la asistencia fue nula.
En Guaymallén “estuvimos trabajando de manera excelente con el Municipio y con Defensa Civil durante toda la noche”, manifestó el director de Contingencias Alejandro Verón, y agregó: “Son 40 las personas evacuadas, provenientes de los barrios más humildes, que no poseen infraestructura acorde, quienes pasaron la noche en un polideportivo. Algunos de ellos ya están volviendo a sus hogares y otros están coordinando con las áreas sociales para ver cómo continuar de la mejor manera”.
En sus expresiones, el mismo funcionario reconoció la escasa población alcanzada con los primeros paliativos. Todavía hay viviendas sin techos, con servicios públicos interrumpidos, posibles focos de riesgo sanitario por el colapso de pozos sépticos, etc.
Represión, la receta se repite en Guaymallén
Infinidad de personas han reclamado asistencia a los números de teléfonos proporcionados por los gobiernos municipal y provincial y aún no reciben contención de ningún tipo. Algunas de ellas (como la señora del video que encabeza esta nota), en lugar de una mano tendida recibieron palos de la policía.
Un grupo de habitantes del barrio Castro decidieron caminar aproximadamente 1 km hasta la Ruta Nacional 7 para hacer allí un piquete y así despertar la atención de las autoridades indiferentes. Al poco tiempo fueron desalojados violentamente por la infantería de policía, comandada -en persona- por Roberto Munives, Director General de Policías y titular de Defensa Civil.
Cuatro personas fueron detenidas, pero la ayuda social nunca llegó. Según la versión de los vecinos, un camión con materiales, escoltado por tres móviles policiales, arribó al barrio aunque, por problemas de desorganización del Municipio e insuficiencia de los recursos que se repartirían, esa ayuda indispensable no fue descargada y el vehículo se fue por donde vino.
Habitantes del Castro denunciaron que funcionarios de la Municipalidad de Guaymallén los trataron de “negros de mierda”, que les dijeron que no van a entrar a ese barrio porque lo consideran una “zona roja”, y que llegaron a amenazarlos con “quitarles los hijos” sin seguían protestando.
“La tormenta ha sido muy superior a lo esperado. Así y todo creo que funcionaron las dependencias y han hecho un gran trabajo”, dijo ayer el gobernador Alfredo Cornejo, contradiciendo a cientos de familias pobres que esperan -con los pies literalmente en el barro- la asistencia de su gobierno.
