La Asamblea del Instituto “Tomás Godoy Cruz” resistió el intento de disciplinamiento de Jaime Correas. El gobierno y el Ministerio Público no pudieron desactivar la toma del edificio en contra del cierre de cursos y carreras que impulsa el Ejecutivo. El importante acompañamiento de alumnas y alumnos del ISTEEC, y la solidaridad de referentes sindicales, sociales y políticos, fue clave para evitar la represión.
Fotos: Luciano Viard, Cristian Martínez y Seba Heras
Fiel a su estilo de gestión, la Dirección General de Escuelas pretende imponer una norma contraria a la educación pública. La resolución 2010/18 (leer el texto completo aquí), firmada por Jaime Correas el pasado 17 de agosto, dejó en claro la posibilidad concreta de cierres de cursos y carreras en los Institutos de Educación Superior (IES) de gestión pública y privada.
El anunciado ajuste en educación bajo la redefinición de “carreras prioritarias” generó inmediato y unánime rechazo en todos los IES de la provincia. En la última semana, estudiantes y docentes de los Institutos realizaron asambleas para acordar medidas de acción directa.
En el IES 9-002 “Tomás Godoy Cruz” (ex Normal) de Capital, el plan de lucho tuvo su primer capítulo importante. El jueves último, la Asamblea de ese centro de educación superior resolvió tomar el edificio de la institución para exigirle al gobierno que deje sin efecto “la 2010” y derogue el decreto provincial 530/18 que restringen la autonomía y democracia interna de los IES.
Manual DGE para criminalizar la protesta
A poco de conocerse “la toma del Normal”, la repuesta represiva fue la única opción que ofreció el gobierno. La DGE instruyó a las autoridades del Instituto para que informaran a la fiscalía penal en turno sobre la situación.
El conflicto educativo y laboral se convirtió entonces en una investigación judicial para determinar la existencia de delitos y posibles imputaciones penales de los eventuales responsables. La amenaza del desalojo mediante la policía comenzó a ser el “ofrecimiento” de Jaime Correas, un funcionario con conocidos antecedentes en actitudes violentas hacia trabajadores y, especialmente, trabajadoras.
Alrededor de las nueve de la mañana del viernes, el fiscal Gabriel Blanco concurrió al edificio de Mitre y Montevideo. Luego de revisar todas las instalaciones, el funcionario judicial no encontró más “delito” que la reunión pacífica de alumnas, alumnos, profesores y profesoras que pasaron la noche en su institución.
Horas más tarde, el director de Administración de la DGE Gabriel Sciola realizó una suerte de “inspección ocular” de la toma. Lejos de abrir un canal de diálogo, el funcionario de Correas solo cruzó un “buenos días” con quienes se encontraban en el lugar.
Finalmente, cerca de las 19 hs, sin constatación ni denuncia concreta de ningún crimen, el gobierno formalizó, mediante escribano público, la amenaza del desalojo. Mediante un memorándum dirigido a “Personal Docente, No Docente y Alumnos”, Jaime Correas los emplazó “para que en forma inmediata depongan vuestra decisión de tener tomado el establecimiento educativo”. Además, intentó ponerle horario de cierre a la toma: “deberán proceder a la restitución del inmueble libre de manifestantes en el transcurso de las presente jornada antes de las 23 hs”.
La hora de la desobediencia
La escuela “libre de manifestantes” deseada por Correas no pudo ser. Luego de deliberaciones la Asamblea resolvió mantener la ocupación, pese al riesgo cierto de desalojo judicial, y exigir al responsable de la DGE que “dé la cara” para solucionar el conflicto.
Cientos de personas, autoconvocadas por redes sociales y comunicaciones telefónicas, se sumaron para acompañar la toma que ya contaba con el apoyo de dirigentes de los gremios educativos SUTE y SADOP. Los primeros en llegar fueron alumnos del Instituto Superior ISTEEC, luego lo hicieron dirigentes sindicales, sociales y políticos y abogados y abogadas defensoras de derechos humanos, quienes iniciaron acciones para evitar la detención de manifestantes. Alrededor de una decena de legisladores provinciales del Frente de Izquierda, Unidad Ciudadana y Partido Justicialista se presentaron para garantizar que no hubiese represión.
La desobediencia al memorándum de Correas se mantuvo más allá de las 23 hs. Exactamente una hora más tarde el fiscal Gabriel Blanco se presentó nuevamente en las puertas del Instituto, acompañado por una decena de agentes de la policía, quienes recibieron el inmediato repudio de los manifestantes. Luego de minutos de tensión, y tras la mediación de legisladores, el fiscal ordenó que se abrieran las puertas del establecimiento para ingresar, previo a comprometerse que sería sin el acompañamiento de las fuerzas de seguridad.
Ya en el interior del edificio, el representante del Ministerio Público explicó las razones de su presencia e intentó llevar tranquilidad, en medio de interrupciones y cantos de los miembros de la Asamblea. Blanco manifestó que nunca tuvo la intención de reprimir ni desalojarlos por la fuerza. “¡Mentira!”, le contestó una de las mujeres de la comunidad educativa y agregó: “Esta mañana sí nos reprimiste cuando viniste, nos trataste mal, nos faltaste el respeto. Éramos todas mujeres acá adentro, todas tuvimos miedo cuando vos viniste con la policía”. Los aplausos ganaron la asamblea. “Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode”, cantaron todos, adentro y afuera.
Siga, siga…
Finalmente, sin margen alguno para la imputación de delitos inexistentes ni posibilidad de desalojo, tal como pretendía el gobierno de Alfredo Cornejo, la fiscalía acordó con representantes docentes, el rector del instituto y legisladores de la oposición, que la medida podía continuar, que se resguardaría el inmueble y que solo un móvil policial haría guardia en la esquina para brindar seguridad a quienes estaban allí.
Hoy, los estudiantes y docentes levantaron la toma y convocaron a la “Marcha en defensa de la Educación Pública”, que se llevará a cabo el próximo lunes en la Ciudad de Mendoza, a partir de las 9 hs, desde el Km 0.
La violencia de Jaime Correas confirmada en un fallo judicial
