Análisis del Grupo de Trabajo Estudios de Género y Teoría Crítica (INCIHUSA-CONICET, CCT, Mendoza).
El inicio de la pandemia, allí por el 11 de marzo cuando la OMS alertó sobre la escala mundial adquirida por el COVID-19, marcó un quiebre en la vida cotidiana y en las rutinas tal como las conocíamos. Los Estados nacionales, con algunos matices, tomaron decisiones de aislamiento social, cierre de fronteras y cese de múltiples actividades económicas. Sin embargo, estos cambios no acontecieron sobre el vacío, sino en un mundo de agudas desigualdades de clase, donde la racialización y el menosprecio hacia la vida de los sectores populares y de las mujeres y personas feminizadas es moneda corriente. Esas desigualdades previas, la conocida historia patriarcal, racista y clasista, modelan la novedad epidemiológica del COVID-19.
Antes de que el coronavirus ganara la escena de preocupaciones internacionales, en Argentina las feministas denunciamos que la violencia patriarcal (hasta el 8 de marzo) se había llevado la vida de 69 mujeres. Desde el 20 de marzo, cuando se inician las medidas de aislamiento, se contabilizaron 23 feminicidios más y se registró un incremento del 39% en las denuncias por violencia patriarcal con respecto a la primera quincena del mes.
Antes del COVID-19 las fuerzas de seguridad cometían toda clase de atropellos contra los sectores populares. A partir del rol de monitores de las restricciones de circulación, se han multiplicado las situaciones de acoso, hostigamiento, detenciones arbitrarias, golpes, amenazas e incluso disparos con armas de fuego contra residentes de barriadas populares, trabajadores/as informales, trabajadores despedidos y personas en situación de calle.
Antes de la pandemia las personas migrantes, muchas veces desplazadas de sus hogares por la penuria económica, eran utilizadas como fuerza de trabajo precarizada en las sociedades receptoras, privadxs del acceso a derechos básicos, entre ellos los cuidados sanitarios esenciales. El contexto reciente ha expuesto nuevas formas de desprecio contra estos grupos, de las que el gobierno de la provincia de Mendoza ha dado una penosa muestra.
Los/as migrantes provenientes del norte argentino y de los países limítrofes sostienen año tras año el “corazón” de la economía provincial, la vitivinicultura, y otras producciones frutihortícolas. Pese a este aporte, los/as trabajadores/as son sometidos/as a un tratamiento desigual y a la precarización extrema de sus condiciones de vida y trabajo. Como muestra basta mencionar el abandono y la desidia con que el gobierno provincial y el empresariado local retribuyeron a cientos de trabajadores/as estacionales que permanecieron durante el período de cuarentena levantando las cosechas. El mismo gobernador que solicitó a las autoridades nacionales exceptuar las actividades agrícolas de la suspensión prevista por el Decreto 297/2020 de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, una vez culminada la tarea demoró días en gestionar el retorno de los/as trabajadores/as a sus provincias.
La terminal de ómnibus de Mendoza se volvió el escenario donde familias completas durmieron en el piso, sin las protecciones sanitarias básicas contra el virus, sin alimentación ni refugio adecuados y esperando que las autoridades de sus provincias de origen les permitiesen retornar. Al parecer, las habitaciones de hotel y la provisión de alimentos adecuados otorgada a quienes ingresaron a la provincia en vuelos de repatriación no son opciones posibles para trabajadorxs migrantes. Tampoco el empresariado agrícola local mostró intención alguna de contribuir a la supervivencia de aquellos/as que trabajaron en sus predios. Una vez más, fue la solidaridad de organizaciones sociales la que garantizó alimentos, pañales y elementos de protección a quienes pasaban la cuarentena en los pasillos de la terminal provincial. Lo más apremiante es que continúan arribando a la terminal mendocina trabajadores/as que intentan regresar a sus hogares en medio de la más absoluta desidia gubernamental y empresaria.
El Coronavirus ha traído una novedad: el aislamiento social. Esta medida tomada con una finalidad preventiva frente a la rápida circulación del virus, aunque registra efectividad epidemiológica, para muchas y muchos agudiza violencia y desigualdad. Las mujeres pagan con sus vidas el encierro con sus agresores. La supuesta función de cuidado asignada a las fuerzas llamadas de seguridad trae para los sectores populares hostigamiento, violencia y agresiones. El impedimento de circular somete a lxs migrantes y trabajadorxs estacionales, racializadxs en su inmensa mayoría, a maltratos, precariedad, vulneración de derechos y estigmatización.
La vida es insostenible sin lxs trabajadorxs que producen bienes y servicios básicos para la supervivencia y sin aquellas que realizan las tareas reproducción de la vida, indispensables para que sea posible habitar en sociedad, pero el virus no parece haber atravesado las barreras consolidadas por siglos de explotación clasista y de opresión racista y sexista. Más bien parece actuar como un revelador de la injusticia, la violencia, la desigualdad y la discriminación más encarnizadas.
¿Qué posición debe tener el Trabajo Social en tiempos de pandemia?
