El gobierno provincial reabrió la paritaria docente apostando nuevamente al ajuste y condicionando el pago de las deudas del adicional por zona a su recategorización. Con metodología similar a la implementada con el ítem aula, Jaime Correas aprovecha el cobijo mediático rentado para publicitar su plan de reformas. Mientras aparenta la negociación formal con la nueva conducción del SUTE, el director general de escuelas ansía posicionar su gestión a la vanguardia del Plan Maestro proyectado desde nación.
Fotos de archivo: Coco Yañez
El viernes pasado se realizó el primer encuentro paritario relevante entre el gobierno provincial y la nueva representación gremial de los trabajadores de la educación. Una reunión preliminar a fines de octubre había fijado la agenda, ampliada por el sindicato ante la intención oficial de concentrarla alrededor de su plan de reestructuración del adicional por zona.
Consecuencia de ese primer cara a cara, el SUTE solicitó formalmente el tratamiento de una serie de temas para el encuentro del viernes último. Enumeradas en 18 puntos, el gremio desplegó un abanico de demandas: recomposición salarial, normalización y respeto de cuerpos colegiados y comisiones mixtas, continuidad de suplencias, regularización del bono de puntaje y variados incumplimientos en escuelas artísticas, albergues, SEOS y contexto de encierro.
El antecedente provocó la devolución formal del gobierno a las inquietudes del gremio, que apenas iniciada la jornada del viernes se anexó al expediente paritario. Previsiblemente, la respuesta del Ejecutivo careció de definiciones en conflictos sensibles, con tenues gestos para avanzar en otros, aunque recorriendo los senderos típicos de la ambigüedad y la incertidumbre.
Propuesta integral
Descontando que la respuesta formal rebozaba buena voluntad negociadora, el gobierno escolar fue al hueso y centró su posición en el adicional por zona, instando al sindicato a “bajar” la propuesta a sus afiliados.
La celada patronal se vistió de extorsión y consta en acta: “Reiteramos la integralidad de la propuesta” puesto “que comprende no solo la reparación histórica en cuanto al pago de la deuda reconocida” sino que también “la necesidad de una reestructuración de dicho adicional que refleje la realidad de los establecimientos escolares de la provincia”.
El tono imperativo utilizado y el carácter “integral” de la propuesta desenmascararon la decisión política de la gestión, que en definitiva supedita el pago de las deudas al aval sindical para reformar el adicional. A través de un comunicado, el SUTE consideró la actitud del gobierno como un “chantaje” ya que “las deudas se pagan sin condicionamientos”.
Aunque en paritaria el gremio abrió la puerta para que los afiliados consideren la propuesta, advirtió que “la discusión de la recategorización de zona no puede resolverse seriamente en dos o tres semanas” y denunció que el gobierno desconoce una serie de preacuerdos surgidos desde la “Comisión mixta de zona creada en 2015”, creada justamente para encontrar solución a las distorsiones del adicional.
La paritaria docente tendrá continuidad el próximo 21 de noviembre.
¿Elefantes en Mendoza?
Tras el aval mayoritario en las recientes elecciones legislativas, la administración provincial navega confortablemente sobre la consigna presidencial de la “agenda de reformas permanentes”. Más aun en el ámbito educativo, en donde impuso el ítem aula y se erigió como el modelo nacional de ajuste sobre los trabajadores de la educación.
La conquista del violento Jaime para acabar con el ausentismo docente redituó más en disciplinamiento que en mejoras del servicio educativo. Junto a la descomposición salarial, aquel hito allanó auspiciosamente el recorrido hacia la reforma estructural que demanda el proyecto económico en curso y se traduce en el plano educativo como “Plan Maestro”.
Ante tamaño panorama, la discordia coyuntural por el adicional zona no aparenta justamente elefantiásica. Sin embargo, servirá para que el gobierno provincial corrobore su supremacía y encamine sin cavilación alguna su objetivo estratégico. Aprovechando las mieles del disciplinamiento y la consecuente fragmentación y desmovilización de los trabajadores docentes -en plena transición y adaptación de sus nuevos representantes gremiales- Mendoza se ofrenda como fértil terreno para estrenar el Plan Maestro.
Por ahora aglomerados en un proyecto con 53 “metas”, los pilares más destacados del plan educativo nacional se enfocan en la flexibilización del trabajo docente, el desmantelamiento de la escuela pública y la anulación de la negociación colectiva, sometiendo el salario a la productividad.
Evaluaciones como el operativo Aprender realizado ayer en los establecimientos educativos del país, aportarán el insumo para premiar o castigar el desempeño institucional y profesional en pos de la precarización del sistema.
Objetivamente, el gobierno de Mendoza comenzó esta carrera apenas asumido, con cierto éxito y la reciente legitimación electoral para avanzar raudamente. Mientras, intenta facturar por partida múltiple una medida de cumplimiento indefectible como el pago de la deuda del adicional por zona. A la par que profundiza el ajuste, mide, distrae y divide a los trabajadores, ratifica su épica ordenadora de la pesada herencia ante la opinión pública y consolida su imagen de mejor postor para hacer escuela con el Plan Maestro.
