La Cámara Federal de Mendoza ordenó la reincorporación de empleados de ANSES despedidos durante 2016. Pero funcionarios PRO, de las delegaciones Guaymallén, Este y Valle de Uco, se niegan a cumplir con el fallo judicial. Fueron denunciados penalmente por el delito de “desobediencia”, que prevé una pena de 15 días a 1 año de prisión.
En el marco del plan de ajuste del gobierno nacional, en octubre de 2016 las autoridades de ANSES despidieron a 20 trabajadores mendocinos. El titular de la Regional Cuyo del organismo, Sebastián Cremaschi, señaló a los empleados como responsables de irregularidades administrativas, e impulsó ante sus superiores la cesantía de esos agentes de la seguridad social.
Quienes quedaron sin empleo formaban parte de la planta permanente de la repartición, poseían entre 5 y 26 años de antigüedad, e ingresaron al organismo previo rendir un examen.
Desde SECASFPI, uno de los sindicatos que representa a los trabajadores de ANSES, repudiaron la avanzada, a la que calificaron de arbitraria, y apuntaron a Cremaschi como el artífice de una sistemática persecución ideológica en contra de quienes no son afines al gobierno de Mauricio Macri.
El fallo
En defensa de sus afiliados, SECASFPI interpuso acciones gremiales destinadas a lograr el restablecimiento de las fuentes de trabajo. En tanto que el abogado Fernando Peñaloza presentó los amparos judiciales en la sede de Tribunales Federales de nuestra provincia.
Si bien en primera instancia la jueza Olga Pura de Arrabal rechazó las demandas, la Cámara Federal, a la que apeló el letrado, le dio la razón a los trabajadores y ordenó la reincorporación de (por ahora) cinco empleados.
“Corresponde resaltar la estabilidad del empleado público, la que se encuentra reconocida constitucionalmente en el artículo 14 bis”, señalaron los jueces Roberto Naciff y Raúl Fourcade en uno de los fallos fechado a principios de mayo. Entre los considerandos, los magistrados resaltaron que ANSES no respetó las garantías de defensa que, de acuerdo al art. 18 de la Constitución, tienen todos los trabajadores y que, en consecuencia, los despedidos deben retornar a sus puestos de trabajo.
La desobediencia es PRO
No obstante lo contundente de la sentencia, funcionarios públicos a cargo de delegaciones departamentales de ANSES se negaron a cumplir con la orden de la Justicia.
En diálogo con EL OTRO, el Dr. Fernando Peñaloza relató que cuando los empleados “se fueron a presentar a los distintos lugares en que trabajaban, delegados de las sedes de San Carlos, Rivadavia y Guaymallén les negaron la posibilidad de ingresar y retomar sus funciones”.
Ante la irresponsable actitud de la autoridades patronales, los trabajadores afectados presentaron en la Fiscalía Federal N° 2 las denuncias penales correspondientes, por la presunta comisión del delito de “desobediencia”, contemplado en art. 239 del Código Penal. La norma establece que “será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones”.
En esta conducta delictiva podrían encontrarse implicados Gervasio Sánchez Argüello, Luis Belleville y Silvia Baggio, gerentes de ANSES en las delegaciones Guaymallén, Este y Valle de Uco, respectivamente.
La obediencia debida política podría costarles un precio muy alto.
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