OPINIÓN | Por Alfredo Guevara, abogado y militante de derechos humanos.
Desde diciembre de 2015, Alfredo Cornejo desplegó una política de ataque a la independencia judicial. Atacó a la Corte por el dictado de una sentencia sobre prisión preventiva, que se convirtió en el mascarón de proa de la ofensiva contra la independencia del Poder Judicial, para posibilitar la imposición de un punitivismo que nos convirtió en la provincia que encabeza el ranking nacional de prisionización, criminalización de la pobreza y la protesta, además de impulsar procesos contra militantes, dirigentes y legisladores de todo el arco opositor a la vez que se garantizó la impunidad de los funcionarios oficialistas a través del sometimiento del Ministerio Público Fiscal a los intereses del gobierno. Los ataques se personalizaron en Omar Palermo, acusado de anarco abolicionista kirchnerista, a pesar de ser el único juez de la Corte que no registra militancia partidaria.
Paralelamente a los ataques para debilitar al sector garantista del Poder Judicial, Cornejo desplegó una política de copamiento institucional del Poder Judicial. Por eso designó a José Valerio a pesar de los cuestionamientos, y a su ministro de Gobierno Dalmiro Garay. Tanto Valerio como Garay no han actuado como juristas, pero si como operadores judiciales del gobierno incurriendo en graves actos indecorosos y violatorios de la ley. Valerio coaccionó a la Jueza que debía firmar las órdenes de detención de los militantes de la Tupac Amaru y maniobró junto con Llorente para manipular la conformación de la sala afín al gobierno y garantizar el lawfare. Garay como Ministro de Gobierno de Cornejo presentó el Código Contravencional, y ahora como miembro de la Corte va a juzgar la constituticionalidad de la ley que el mismo firmó. Cornejo estigmatizó a la Cámara Penal denominándola “Camarón” y promoviendo su destitución, junto con el ataque sistemático a jueces y fiscales que no dictaban sentencia conforme los mandatos gubernamentales. Uno de cada tres magistrados mendocinos fue designado por Cornejo que además eliminó los puntajes en los exámenes estableciendo el principio de discrecionalidad para la designación y todos los miembros de los organismos de control independiente fueron copados por militantes oficialistas.
Sin reelección posible, la política de Cornejo recibió un golpe al final de su mandato, con la elección de José Nanclares como Presidente, con el apoyo de los jueces designados por gobernadores peronistas: Palermo, Adaro y Gomez. Nanclares, de origen radical, le ganó con su propio voto la elección al delfín de Cornejo, José Valerio, tal vez con la esperanza de poder negociar con Suarez. Sin embargo, las esperanzas de normalizar el funcionamiento del Poder Judicial mendocino durarían poco.
Los ataques continuaron bajo el gobierno de Suarez. Jorge Nanclares debió renunciar acorralado después de reunirse con el Gobernador ante la inminente aprobación de una ley impulsada por el gobierno y la exposición pública a la que fue sometido por los sueldos de altos funcionarios judiciales, cuya fijación resulta una facultad constitucional indelegable de la Suprema Corte de Justicia.
Por eso renunció Nanclares, por las presiones a las que fue sometido por parte del Poder Ejecutivo, que ahora, con mayoría propia en el Senado se garantiza una nueva designación, con lo que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia quedará constituida por una sólida mayoría militante de la otrora republicana unión cívica radical. Pocas voces se alzan en el feudo contra el atropello institucional. Algunos cómplices, otros temerosos de las represalias ante el futuro incierto que nos depara el gobierno autoritario que consolida un poder sin control alguno.
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