Luego de asegurar que en algunas escuelas los docentes se comen las raciones de los alumnos, el Director General de Escuelas Jaime Correas, se desmintió. La marcha atrás se produce tras el generalizado repudio de la comunidad y los gremios de la educación. Ayer el SUTE acudió a la Legislatura solicitando que citen a Correas para informar cómo se distribuye la comida en las escuelas y rectificar lo que consideran una calumnia sobre los docentes. En el fondo, la polémica develó la ausencia de una política nutricional hacia el sistema educativo.
Dime que no
Interrumpiendo un período de forzado perfil bajo, el Director General de Escuelas Jaime Correas volvió al ruedo fiel a su estilo. Entrevistado por Radio Andina, el funcionario afirmó que “en algunas escuelas bajamos la ración porque se la comían los docentes”. Con la novedosa estigmatización, Correas respondía a un reclamo iniciado a principios de año, a partir del ajuste realizado en la comida que llega a las escuelas.
Aunque coherente con la conducta del oficialismo de atacar y denigrar a los trabajadores públicos, las declaraciones de Correas van a contramano de la impronta con la que el gobernador tiñó la campaña electoral de Cambiemos. Aunque no es candidato, Cornejo se esfuerza en que cada acción proselitista insinúe su contacto con la gente. Con tono populista ahora abraza, besa y sonríe ante las cámaras para librarse de su conocido estilo hosco. Flaco favor en esa dirección el de Jaime, a quien una vez más lo pudo la violencia contenida y le escapó fiero al sentido de la oportunidad.
Sus declaraciones generaron un repudio generalizado y la lógica reacción de los gremios docentes. El SUTE se movilizó ayer a la Legislatura provincial para solicitar que se cite al máximo funcionario escolar a fin de brindar detalles del sistema de distribución de alimentos en las escuelas, así como para que ratifique o rectifique “las acusaciones hechas en medios periodísticos donde alude que los docentes se comen las raciones de comida asignadas a los alumnos”, instándolo a presentar pruebas que sustenten la acusación en caso de ratificar sus afirmaciones.
Pero además, el gremio invitó a los legisladores a plantear otras inquietudes en relación a la provisión de alimentos en el universo escolar, como conocer “la cantidad de raciones de comida asignadas a cada escuela” así como los “criterios de asignación, composición y calidad”, el “presupuesto asignado a los fines de garantizar las raciones de comida”, e incluso que Correas “indique en qué escuelas, en qué cantidades y por qué motivos se han disminuido las raciones entregadas de merienda y comedor”.
Desde SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados), la dirigente María Luisa Nasif consideró que Correas atravesó el límite de la dignidad humana, calificando que sus declaraciones provienen de una “mente perversa”. Al describir la cotidiana situación de “solidaridad desde trabajadores mal pagos hacia hijos de trabajadores mal pagos”, la docente negó rotundamente la acusación del mandamás de la DGE: “Cada profesor, en su intención de que la realidad no duela tanto, gasta parte de su salario en comprar frutas, alfajores, tutucas, lápices, lapiceras, gomas, reglas, correctores, hojas, materiales para la creación artística, mapas, fotocopias, usan sus vehículos particulares para trasladar lo que haga falta, hacen ´vaquitas´ para colaborar en algún festejo”.
¿Y Najul?
Apremiado por la repercusión de su bravuconada en medio de la coyuntura electoral, Correas puso reversa, rozando el ridículo y acusó al SUTE de inventar sus dichos: “Yo desmiento haber dicho que los docentes se comen la comida de los alumnos como el SUTE dice que yo dije”. En pleno prime time de Canal 9, segundos antes había asegurado que “yo lo que dije es que hay actas donde se le hace la recomendación al personal docente que no tiene que comer la comida de la escuela, porque llegan y es lo que están haciendo”, trasladando súbitamente la responsabilidad sobre la principal candidata de Cambiemos en las elecciones de octubre, Claudia Najul: “No somos nosotros, es la DIDA” (NdR: Dirección de Derecho a la Alimentación, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Salud y Deportes).
Más allá de la controversia provocada por Correas, existe un dato objetivo en el que coinciden DGE y sindicatos: a tono con el plan de ajuste, el gobierno implementó un criterio de distribución de las raciones de alimento basado en el promedio de asistencia de alumnos a cada establecimiento educativo. Algo que reconoce el mismo funcionario: “es una cuestión de dosificación interna, por supuesto que la comida no se tira y hay que racionalizarla”. Desde el SUTE replican que las raciones resultan insuficientes cada vez que la asistencia supera el promedio que informan las escuelas a la DGE. Por eso exigen que para garantizar que todos los alumnos cuenten con su ración, el cálculo se realice teniendo en cuenta la matrícula escolar, más allá de la asistencia.
La voluminosa repercusión pública que detonó la agresión de Correas desnudó el magro desempeño del Ministerio de Desarrollo Social, Salud y Deportes que encabeza la principal candidata al Congreso del oficialismo en las próximas elecciones. El cúmulo de relatos que circulan en torno a la polémica, ya sea de funcionarios educativos, sindicalistas o docentes, se limita al yerbeado, las tortitas, el bollo de pan y el queso. Poniendo al descubierto que no existe una planificación estatal que contemple una adecuada alimentación para los alumnos en su estadía escolar. Lo importante parece centrarse en que los números “cierren” y en un relativo cumplimiento de las raciones, más allá del contenido.
La semana pasada, el INDEC informó que durante el primer semestre de este año la indigencia se incrementó del 3,7% (segundo semestre del 2016) al 4,5 % de la población mendocina. Mientras que el índice de pobreza se mantuvo sobre el promedio nacional, a pesar de una leve merma. Asimismo, en 8 meses la inflación en Mendoza licuó la engañosa recomposición salarial propuesta como referencia por el Estado provincial, al situarse por encima del 17% (lo calculado para todo el 2017).
En este contexto de pauperización, resulta imperioso que la administración Cornejo modifique la dinámica aplicada hasta aquí en el clave Ministerio de Desarrollo Social, contemplando la revisión de algunos criterios que garanticen a cada niño, niña y joven de Mendoza -al menos mientras permanezcan en la escuela- su derecho a una buena alimentación.
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