Entre los beneficiados por el crédito fiscal lanzado por el gobierno provincial se encuentra la sociedad anónima Nuevo Plaza Hotel Mendoza, con $76 millones. La empresa que controla el Hotel Hyatt y el casino Regency, ya había sido favorecida recientemente por un decreto de Ciurca, en los últimos suspiros de la gobernación de Paco Pérez. El gobierno con la C del ¿Cambio?, profundiza la tendencia de favorecer a los sectores económicos más poderosos.
El 11 de octubre pasado, tres diputados de la oposición calificaron como “llamativas” algunas de las adjudicaciones del Programa de fomento a la inversión estratégica. Por eso solicitaron la creación de una Comisión investigadora en el ámbito legislativo, con el objetivo de analizar y transparentar los criterios que se utilizaron para el otorgamiento de esos beneficios fiscales.
Este medio informó que el principal beneficiario de la iniciativa es un primo hermano del presidente Mauricio Macri, Fabio Calcaterra. Situación que explicamos a partir de la predilección de la actual gestión de volcar el accionar estatal en favor de los sectores empresariales más poderosos. Algo que, en definitiva, resulta como definición política en cuanto a la distribución de la riqueza.
Pero el caso de Calcaterra no es el único que refleja este obstinado criterio. La segunda posición en volumen de crédito fiscal se destinó a la firma Nuevo Plaza Hotel Mendoza S.A., que obtuvo un beneficio de casi 39 millones de pesos por un proyecto de inversión en “Energías renovables” y otro de algo más de 37 millones en el rubro “Tecnologías de información y comunicación”.
Esta sociedad posee la concesión de lo que fueran el Hotel Plaza y el Casino de Mendoza, hoy bajo las marcas Hyatt y Regency Casino.
Resolución N° 226/17, publicada en el Boletín Oficial el 8 de setiembre pasado, donde se incluyen dos montos asignados a Nuevo Plaza Hotel Mendoza S.A., que totalizan casi $76 millones.
Si bien nada impedía que la empresa participara del programa diseñado por el gobierno para promover la inversión y el empleo, se reitera un patrón de conducta que caracteriza a los grandes grupos económicos en su relación con el Estado. Sobre todo si el oportunismo gravita en el terreno impositivo.
Si la interpelación a que “cada uno tiene que ceder un poco, empezando por los poderosos” no fuera exclusiva del reino de la posverdad que vocifera el presidente, sonaría sensato cuestionar que una firma como esta, con ingresos y liquidez superlativas, saque provecho del erario público. Más aún si esos recursos pudieran reservarse al estímulo de emprendimientos más modestos o asfixiados por el contexto de ajuste.
Gana la banca, señores
Para dimensionar la rentabilidad obtenida por el Hotel-Casino, valga como muestra el registro de beneficios que el Instituto Provincial de Juegos y Casinos realiza mes a mes sobre las distintas casas de juego del territorio provincial. De enero a setiembre (último mes auditado) de este año, ingresaron casi $330 millones al Regency Casino, que ostenta desde hace años, la mayor facturación de Mendoza en el rubro.
Tras la propuesta de los diputados peronistas de crear una Comisión investigadora, el oficialismo dejó trascender que el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, acudiría a la Casa de las Leyes para responder las inquietudes suscitadas.
Pero la visita del experto por ahora es puro amague. Probablemente al desvanecerse el interés oficial en transparentar el destino de los bonos.
Volviendo a caracterizar la ventajera y voraz actitud y cultura empresarial para con el recurso público, resulta insoslayable destacar la falta de autonomía de quienes ejercen el control gubernamental. Situación que trasciende a la actual gestión y que en el caso del Hotel-Casino registra un fresco antecedente en el último año de la administración de Francisco Pérez.
Según consta en el Boletín Oficial del 26 de octubre de 2015, el vicegobernador Carlos Ciurca, en ejercicio del Poder Ejecutivo, aprobó a través del decreto 490 el “acta acuerdo sobre la renegociación del contrato de concesión del Mendoza Plaza Hotel”, que le significó a la empresa controlante una disminución del 80% del canon que debía pagar al Estado.
La condición para el descuento, al igual que con el actual gobierno del “cambio”, era asignar la diferencia a la inversión en bienes de uso.
